diciembre 4, 2021

Para alejar a los fantasmas de las urnas

Por Luis M. Arancibia Fernández -.


A escasos días de realizarse las elecciones generales en Bolivia, la ciudadanía elegirá finalmente al Presidente (a) y Vicepresidente (a) Constitucional del Estado y a sus representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el debate sobre el ejercicio del Derecho Político a la participación libre en la formación, el ejercicio y el control político, se hace urgente porque permite a la ciudadanía reafirmar su participación en la vida política del país, a través del sufragio, con voto igual, universal, directo, individual, libre y obligatorio y escrutado públicamente, tal como lo dispone la Constitución Política del Estado (CPE) (Artículo 26, I, II, 2.).

Es así que, considero que se necesita reposicionar en la agenda cotidiana la obligación que tiene el Estado de garantizar con todos sus mecanismos legales el respeto al ejercicio de la democracia, para de esa manera dar lugar a certezas respecto a una cuestión fundamental que en los últimos 10 meses quedó completamente relegada: el voto ciudadano como un derecho.

En ese entendido, ahora más que nunca la voluntad democrática de Bolivia retoma su lugar en la conciencia colectiva y es la misma población la que reclama que el Estado resguarde y garantice, como parte de sus Derechos Humanos, el respeto del voto, sobre todo en estas circunstancias en la que su priorización trasciende el ámbito de lo nacional porque la inestabilidad democrática en un país, es de una forma u otra, un factor de amenaza a las estabilidades democrática de otros Estados de la región.

Si nos remitimos a la línea doctrinal, el tratamiento que otorga cada Estado a sus habitantes en procura del respecto a sus Derechos Humanos, ha dejado de ser una prioridad solamente de cada Estado y ha pasado a ser parte del ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el jurista y profesor argentino, Santiago A. Cantón, afirma que: “En la actualidad, la responsabilidad de los Estados en la protección a los derechos humanos se inserta dentro de las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional. Por su relación con esto, el respeto a los principios democráticos, es también hoy un tema de central preocupación internacional.”

Pero la situación de los Derechos Humanos en Bolivia era particularmente preocupante, las confabulaciones gestadas en cuatro paredes, entre octubre y noviembre de 2019, dieron lugar a un resquebrajamiento constitucional con precedentes similares, únicamente, en la peor etapa de los gobiernos militares de facto en la Bolivia de mediados los años 60 a principios de los 80, con la diferencia de que en 2019 no eran solamente las juntas militares y los grupos de poder tradicionales los que entretejían la conspiración, en este caso se sumaron también policías y grupos civiles organizados al calor de las arengas racistas en contra del entonces Presidente del Estado, Evo Morales Ayma. El 10 de noviembre de 2019, la democracia boliviana dejaba de ser tal y se convertía en un sistema malformado a gusto de una presidenta transitoria carente de legitimidad y con una legalidad muy cuestionada.

Posteriormente, declarado el Covid-19 como pandemia, en medio de la vorágine provocada por el gobierno transitorio, la posibilidad del voto popular se disipó a nombre de la prevención y la crisis sanitaria, la presidenta interina y su gabinete impusieron una narrativa que les sirvió como respaldo para sostener su vigencia política en el escenario electoral (ello en tanto Jeanine Áñez se mantuvo como candidata a la presidencia) recurriendo a la eficiencia estatal (falsa) en el control de la pandemia del Covid-19; y segundo, la aparente vocación democrática de la que se jactaban cuando aseguraban la realización de elecciones generales pero a la vez insistían en que sus oponentes políticos intentaba promover el acto electoral como una manera perversa de dar lugar a contagios masivos.

Desde que se produjo la renuncia del Evo Morales a la Presidencia del Estado, los acontecimientos posteriores fueron claramente adversos a la posibilidad de acudir a un proceso eleccionario enmarcado en lo que dispone la CPE, con ello, nuestro sistema democrático y la vigencia del Estado de Derecho, ambos elementos cruciales para contar con mecanismos eficientes que protejan los Derechos Humanos, estuvieron restringidos por diversas decisiones de las autoridades interinas y en más de una ocasión estuvieron prácticamente anulados.

En ese contexto, cuando la Presidenta Transitoria promulgó la Ley N° 1315 , de 13 de agosto de 2020, luego de tres intentos frustrados para que los comicios puedan realizarse, la población boliviana reavivó su compromiso con el ejercicio de su derecho al voto e inició un proceso catártico necesario luego de meses de incertidumbre política de la que, de una manera u otra, se generó cierta carga de responsabilidad al haber sido participes de las jornadas violentas que lograron la renuncia de un presidente democráticamente electo a cambio de que asuma el cargo una autoridad transitoria que priorice una nueva elección libre, transparente, justa y a través del voto universal.

En la actualidad formalmente se han designado jurados electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha previsto garantizar todos los mecanismos de bioseguridad para evitar que se dé un proceso de contagios masivo del Covid-19 el día del sufragio, los bolivianos estamos rumbo a definir la elección de nuevas autoridades. Por primera vez después de casi 11 meses nos vamos a despojar de la carga de buscar culpables o vociferar la acusación y el insulto para calmar la frustración de todo este tiempo de angustia. Si la ruta a las urnas está libre de marañas, el 18 de octubre habremos concluido un penoso momento de nuestra historia en la que las líneas de ataque y el enfrentamiento se convirtieron en un hecho social habitual. En síntesis, en las urnas reconduciremos el reencuentro y la reconciliación como nuestros aportes inequívocos al fortalecimiento de la democracia.


Abogado defensor de los Derechos Humanos

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