octubre 29, 2020

Pena de muerte


Por Soledad Buendía Herdoíza-.


Desde 1906, Ecuador destaca por ser un país abolicionista. La pena de muerte como forma extrema de castigo y como expresión del ejercicio del poder fue aplicada en lo que hoy es este país desde la época colonial, se consagró la inviolabilidad de la vida en la Carta Política de 1906.

Desde entonces, casi todos sus vecinos del Centro y Sur de América también han dado un paso adelante y se han convertido en abolicionistas bien sea en la ley o en la práctica. Estados Unidos es el único país del continente americano que sigue llevando a cabo ejecuciones y tiene en su legislación la pena de muerte.

La lucha contra la pena capital es un tema que debe abordarse desde un enfoque de Derechos Humanos, muy alejado del populismo penal, una problemática olvidada e ignorada en la mayor parte del continente.

De hecho, la pena de muerte en las américas y en el mundo, continúa siendo un problema de carácter urgente. Si bien 21 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han abolido la pena de muerte para los delitos comunes o para el resto de los delitos, 14, en su mayoría países del Caribe que no han llevado a cabo ejecuciones durante los últimos 10 años, siguen manteniendo la pena capital en sus respectivos códigos penales y legislaciones. Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en 1969, así como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP-PF2), destinado a abolir la pena de muerte en 1993.

Este año, el 10 de octubre, se conmemoró el 30º Aniversario del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, en que solo 13 de los 35 miembros que conforman la OEA lo han ratificado desde 1990.

En aquellos países abolicionistas, los llamados a reestablecer la pena de muerte se hacen con mayor frecuencia cuando, por ejemplo, se comete un crimen atroz que acapara la atención de la ciudadanía, como son los delitos sexuales contra niños y niñas. Frente a este tipo de crímenes respecto de los cuales muchos consideran que solo pueden compensarse adecuadamente con la muerte del autor, propuestas vinculadas más a una reacción emocional, a un deseo de venganza reñido con los principios fundamentales de la rehabilitación social y el derecho a la vida.

Es entonces que el enfoque de derechos y la reflexión desde este ámbito son fundamentales al igual que el respeto a los Derechos Humanos. La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo Artículo 66 que “se reconoce y garantizará a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”, el Código Integral Penal, en concordancia al texto constitucional plantea que “el derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad”.

El sistema penal ecuatoriano tiene que convertirse en un instrumento jurídico que permita la paz social, donde las injusticias no sean toleradas y se combatan los delitos. En este marco se limita la actuación del aparato punitivo del Estado, donde los objetivos principales de la sanción cumplan una función preventiva, protectora y resocializadora frente a la ineficacia de la pena de muerte para disuadir el crimen.


  • Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador

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