Por Rafael Villarroel-.
Las declaraciones del señor Ministro de Economía en torno a la gestión del gobierno “transitorio” de Janine Áñez, abren la puerta para la reflexión sobre el concepto de transición, las tareas a realizarse y las consecuencias de lo ocurrido en los últimos meses.
Los hechos desencadenados en noviembre del año pasado dieron lugar a una apertura de la sucesión presidencial con múltiples y contradictorias interpretaciones del texto constitucional que, como es tendencia en la política boliviana, resultó en la solución pragmática y el “autonombramiento” de la presidenta Áñez en un hemiciclo vacío.
Las “soluciones pragmáticas” tienen un antecedente próximo en la década del 80, donde hubo manipulación de la banda presidencial y sus sucesores. En medio de ello, una figura reconocida por propios y extraños, la del general Guido Vildoso, quien asumió la presidencia del país, en medio de una seria crisis económica y política, e interpretó que su misión era la de convocar a elecciones y activar el sistema democrático en el plazo más breve.
Debe destacarse que ese gobierno, pese a contar con el aval de las Fuerzas Armadas, no intentó lanzar medidas estructurales de manera inconsulta y llevó adelante un interregno que arribó en la presidencia de Hernán Siles Zuazo.
Esa misión, la de Vildoso, era la que urgía nuestro país al gobierno instalado en el poder en las circunstancias ya anotadas; sin embargo, conforme avanzaron los días se volvió evidente el “autocambio” de misión. La presidenta dejó de lado el llamado a elecciones, postergándolo inexplicablemente hasta mayo y asumiendo de manera implícita y consciente del hecho de dejar a Bolivia sin un mandatario legítimo en medio de la pandemia del Covid-19. En paralelo, asumió medidas que excedían su mandato, ensayando de manera inocua la reactivación económica del país, con la emisión de decretos inconsultos y muchas veces contradictorios; disponiendo de recursos para la creación de fondos que hasta la fecha han podido constituirse o comprometiendo deuda pública frente al Banco Central.
Estos excesos son los que hoy se acusan por parte del gobierno entrante y que han traído como consecuencia el aumento desmedido del gasto público, con el consiguiente incremento del déficit del sector fiscal. Sin perder de vista que esto se acentuó por el azote de la pandemia que, de haber contado con un gobierno con las credenciales completas, se podrían haber asumido de mejor forma las medidas para mitigar sus efectos perversos.
En conclusión, queda claro que el gobierno saliente fue incapaz de llevar adelante la misión que fue encomendada por el pueblo boliviano pero, peor aún fue el hecho de que, de manera consciente, cambió el encargo del pueblo para afrontar de manera errática una política económica que se tradujo en una gran perdida de tiempo y recursos en perjuicio del pueblo boliviano en su conjunto.
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