octubre 23, 2021

Venezuela rechaza informe de la OEA sobre Derechos Humanos

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este jueves a través de un comunicado público un informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre presuntas violaciones de derechos humanos en el país suramericano.

En el comunicado de la Cancillería se expresa el categórico rechazo a lo que calificó como «infame informe» presentado el miércoles por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el objetivo de «cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional» sobre la base de «difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela».

De acuerdo a la diplomacia venezolana, Luis Almagro «no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas».

La Cancillería abunda que «el referido informe, elaborado sin ningún tipo de constatación sobre el terreno y a partir de fuentes secundarias» no alcanza para configurar las «evidencias de los supuestos hechos enunciados». En ese sentido denunció que «pretende interferir de manera tendenciosa, extorsiva e inaceptable, en el funcionamiento independiente de la Corte Penal Internacional».

Más adelante, el comunicado dice que «olvidan Luis Almagro y sus secuaces que los miembros de la Fiscalía de la CPI no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a ese cuerpo, tal como lo establece el artículo 42 del Estatuto de Roma», con lo cual según la Cancillería venezolana el documento publicado se encuentra «carente de toda base jurídica».

De acuerdo a Caracas, el referido informe «constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades», así como «confirma ante la comunidad internacional la infeliz y recurrente práctica del desgastado secretario general de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitutiva de la OEA».

El Gobierno de Caracas «recuerda que la OEA y su Secretaría, no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros».

En el caso específico de Venezuela, se trata de un «Estado que al denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y tras cumplirse los lapsos previstos, no es miembro de esa Organización, ni volverá a pertenecer jamás a ella».

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