marzo 4, 2021

Nuevo decreto supremo en Bolivia transparenta compras estatales

La Paz-. El presidente de Bolivia, Luis Arce, firmó hoy el Decreto Supremo 4453 de Subasta Electrónica y Mercado Virtual, un mecanismo que busca incrementar la competitividad, transparencia y evitar la corrupción en compras públicas del Estado.

Durante un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), Arce destacó que todas las personas y empresas naturales ofertarán sus productos a través de esa plataforma en tiempo real y el ganador de la licitación será anunciado por la misma vía, así como los motivos de su triunfo, considerado un paso histórico en la lucha contra ese delito.

‘A través de este medio, los proveedores propondrán costos y competirán con otros para que el Estado elija la mejor oferta y de esa manera se descarte la idea de que existe un desvío de fondos’, enfatizó.

El mandatario recordó que, además de trabajar en el enfrentamiento a la Covid-19 y la reactivación de la economía, buscan transparentar las acciones del Estado y acabar con la corrupción.

Precisó que en ‘los 11 meses de gobierno de facto, el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) fue cuartado, sin embargo, cuando nosotros ingresamos nos propusimos trabajar contra la corrupción porque ese era el pedido del pueblo’.

Por su parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó sobre la modernización de los procesos de adquisición de bienes estatales con esa subasta, hasta el momento de forma manual, en la cual podrán acceder a ofertas económicas para adjudicarse en procesos de contrataciones del Estado.

Montenegro resaltó también la creación del Mercado Virtual Estatal para impulsar la producción nacional al que las pequeñas y microempresas, productores nacionales y otros similares podrán acceder de forma gratuita para publicitarse dentro y fuera de Bolivia.

Según esa cartera de Estado, la subasta electrónica facilita la participación de proveedores a nivel nacional al eliminar las barreras geográficas y físicas, incentiva la participación de los proponentes en las convocatorias del Estado y simplifica la presentación de propuestas a través de la automatización de procedimientos.

Asimismo, ahorra gastos para la presentaciones, mejora la custodia y preservación de la información de las propuestas en convocatorias e incrementa la transparencia y el control en los procesos de contratación generando mayor confianza en los participantes.

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