octubre 20, 2021

Un nuevo rumbo para las empresas públicas

Por Danny Ronald Roca Jiménez -.


La temática de que la economía boliviana tenga o no empresas públicas se encuentra en debate tanto a nivel académico como político, y esto se debe a que nuestro país durante décadas implementó diferentes modelos de acumulación intentando conformar un aparato productivo, sea este liderado por el sector privado o público.

Por las características económicas con las que cuenta América Latina en relación al mundo, es considerada como proveedora de materias primas, situación que restringe los procesos de industrialización y de progreso técnico, razón por la que Celso Furtado sugirió que para superar estas restricciones se necesitara de una estrategia de crecimiento coordinada por el Estado.

Esta estrategia de crecimiento coordinada por el Estado implica la generación de un Plan de Desarrollo; mayor inversión pública; lograr una amplia interacción del sector estatal con el privado; pero también el accionar y potenciamiento de las empresas públicas, entre otros. Este último tiene el objeto de diversificar y fortalecer el aparato productivo.

A mediados del siglo XX podemos identificar que el “Plan Bohan” tuvo como objetivo la diversificación económica, la Reforma Agraria y la colonización de las tierras bajas, esto en el marco del Modelo de Sustitución de Importaciones (MSI), con el cual se pretendió sustituir las importaciones de bienes de primera necesidad, pero igual bienes de capital, con los que se alcanzaría un aparato productivo fortalecido.

Posterior al MSI se implantó el modelo neoliberal (1985), el cual procura engrosar el aparato productivo recurriendo a políticas de privatización y/o capitalización. Respecto a la primera, se comenzó con empresas pequeñas y medianas, para posteriormente capitalizar (privatizar) cinco grandes empresas: YPFB, ENDE, ENTEL, ENFE y LAB.

Con el cambio de gobierno en 2006, se implementan medidas estructurales que devienen del cambio de modelo económico, de un neoliberal a un económico social comunitario productivo, mismo que inició el impulso económico con la nacionalización de los sectores de Hidrocarburos, Minería, Telecomunicaciones y Eléctrico. Asimismo, el Estado creó varias empresas públicas, entre las cuales tenemos a Boliviana de Aviación (BOA), Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa), Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, Empresa de Cementos de Bolivia (Ecebol), Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA), Agencia Boliviana Espacial, Quipus, Mi Teleférico. Con estas acciones, nuestro país busca mecanismos para poder diversificar e interrelacionar sus sectores productivos, intentando alcanzar un crecimiento económico significativo a través de la conformación de un aparato productivo robusto.

Si bien estas políticas actuales de conformación y fortalecimiento de las empresas públicas robustecen la economía por el lado de la oferta, es importante catapultar la demanda agregada. Es trascendental para esto identificar variables que vigoricen el consumo, y ahí tenemos los bonos, que impulsan el consumo privado; la inversión pública que hará posible el incremento del stock de capital del país; y la seguridad jurídica a los inversionistas privados, entre otros.

A objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido el presupuesto público se constituye en uno de los instrumentos más importantes de la política fiscal. La correcta asignación de recursos permite fortalecer la demanda interna y generar una estructura productiva más diversificada, impulsando de esta manera el desarrollo integral de la economía boliviana.

El Gobierno, a la cabeza del presidente Luis Arce, definió reencaminar el rumbo de las empresas públicas que fueron afectadas tanto por la pandemia del coronavirus como por las medidas erradas asumidas por el gobierno de facto. El nuevo rol que jugarán estas será trascendental en el avance hacia la industrialización y comercialización de los recursos estratégicos del país, contribuyendo a fortalecer nuestro aparato productivo.

Durante la gestión 2021 se contará con un Presupuesto General del Estado (PGE) con un importe total agregado de Bs295 mil millones y un consolidado de Bs228 mil millones, mismos que asegurarán una tasa de crecimiento del PIB de 4,8%. La inversión pública de 4.011 millones de dólares y las diferentes medidas económicas que dinamizarán el mercado interno y la inversión privada contribuyen a este comportamiento, como bien mencionó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Entre los principales retos de las empresas públicas para la gestión 2021 se tiene la sustitución de combustibles importados, como el diésel, y la exploración de nuevos reservorios, mismos que estarán a cargo de YPFB. Asimismo, en temas de energía se tiene la generación, transmisión y distribución con destino a la exportación a cargo de ENDE; la industrialización de recursos evaporíticos por YLB; la implementación de la planta siderúrgica del Mutún en el sector minero, entre otros.


* Economista y docente de la UMSA.

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