septiembre 18, 2021

La seguridad social en América Latina y el Caribe


Por Soledad Buendía Herdoíza * -.


La crisis sanitaria que enfrenta la Región nos lleva a realizar varias reflexiones, la pandemia ha afectado con mayor violencia a los sectores históricamente excluidos y marginados. Es decir, trabajadores informales; mujeres; poblaciones afrodescendientes; indígenas; inmigrantes; campesinos; personas con discapacidades, sin hogar, privadas de libertad, entre otros. Este virus encontró a nuestros países, en su mayoría, con sistemas de salud débiles, sin infraestructura adecuada y con grandes limitaciones, como consecuencia de políticas que redujeron el tamaño del Estado justamente afectando las áreas sociales.

El mercado ha venido presionando por la privatización de bienes sociales como la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad social, una manifestación más de la mercantilización de la vida colectiva. En los últimos tiempos, lamentablemente, hemos visto cómo en muchos de nuestros países existe una arremetida ideológica feroz para privatizar los sistemas de seguridad social que se mantenían públicos, entendiendo lo público como bien común de las sociedades. La pandemia del Covid-19 demostró la necesidad de contar con sistemas eficientes de seguridad social, sobre todo la respuesta sanitaria de la red de los sistemas públicos de seguridad social.
En los países donde la seguridad social ha sido privatizada, los niveles de protección a los grupos más vulnerables desaparecen y las inequidades aumentan; el número de muertos por Covid-19 es una triste demostración de ello.

La seguridad social es un instrumento de política destinado a prevenir condiciones de necesidad de ciudadanos y ciudadanas expuestas y económicamente indefensas, por ser totalmente dependientes del trabajo diario. Por tanto, está reservado para la clase de trabajadores y trabajadoras que se benefician de determinados servicios, con el fin específico de reparar las consecuencias adversas derivadas de algunos hechos negativos en el mercado laboral.
América Latina y el Caribe tienen el mayor déficit de acceso a la protección social, donde un 40% de la población se encuentra desprotegida y sin prestaciones de desempleo, debido a la modalidad de empleos atípicos y a la alta informalidad laboral.

Durante la pandemia se ahondaron las desigualdades, invisibilizando la violencia estructural que enfrentan los sectores más vulnerables por su condición de género, clase y etnia.

Hoy más que nunca requerimos proteger nuestras sociedades, los bienes comunes, los valores de solidaridad y de los afectos. Como lo dijo Rosa Luxemburg: “No debemos olvidar, empero, que no se hace la historia sin grandeza de espíritu, sin una elevada moral, sin gestos nobles”.


* Asambleísta por la Provincia de Pichincha de la Asamblea Nacional del Ecuador.

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