septiembre 22, 2021

Regular las redes sociales o mirar al costado


Por Oscar Silva Flores *-.


Cuando Twitter decidió suspender la cuenta de Donald Trump saltó la alarma a nivel mundial y surgió la pregunta de si una empresa privada, por muy grande que sea, puede atribuirse el derecho de definir qué debe publicarse o no. Parecía que recién nos dimos cuenta del monstruo transnacional, pese a que, desde mucho antes, centenares o miles de personas fueron censuradas de la misma manera por el único hecho de pensar, opinar y publicar ideas contrarias a los valores que sostiene esta plataforma social, los mismos que promueve el capitalismo. Esa red, meses atrás, dio espacio a miles de cuentas desde distintos países, falsas en su mayoría, dedicadas a apoyar en Bolivia lo que se observó al expresidente estadounidense, es decir, atentar contra el orden democrático establecido y alentar acciones de violencia. Nunca Twitter cuestionó los mensajes de odio de Murillo o sus secuaces, ni la desinformación generada en torno a las masacres de Senkata o Sacaba.
En algún momento habíamos imaginado que ciertos espacios eran propios de los Estados, entre ellos la cautela de los derechos fundamentales de las personas. Estuvimos equivocados. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948) o la Convención América sobre Derechos Humanos (1969) establecen, entre otros, el derecho a pensar y expresarse libremente como fundamentales y otorga a los Estados la facultad de limitar este derecho bajo determinadas circunstancias, referidas especialmente al respeto de la dignidad y la buena reputación de las personas, así como la seguridad de los Estados, la salud y la moral pública.

Sucede que los Estados, casi todos, han descuidado esta estratégica función, dejando en casi total libertad de acción a las empresas de comunicación. Hay que recordar que los usuarios de estas plataformas de comunicación (redes sociales) aceptamos a tiempo de acceder a sus servicios sus condiciones, bajo un contrato de adhesión que, en la mayoría de los casos, ni siquiera leemos y por tanto desconocemos, en cuanto a restricciones en sus contenidos y también sobre la libre disposición de la información personal del usuario. Un acuerdo de partes tiene fuerza de ley, por tanto es legal, aunque pueda considerarse un abuso de parte del operador.

Nuestra legislación no contempla ningún tipo de regulación sobre estos contratos de adhesión, cuya aceptación es la condición previa para acceder a los servicios de dichas plataformas. Al entender que se trata de un acuerdo voluntario de partes, ningún juez podría establecer la existencia de alguna acción que vulnere los derechos de las personas. La Comunidad Europea limita aspectos relacionados con temas de discriminación racial, religiosa o de género. El carácter transnacional de estas plataformas impide en los hechos que Bolivia u otros Estados latinoamericanos tengan posibilidad alguna de acción frente a esta situación, aunque ello pueda significar la pérdida de parte de su soberanía.

¿Qué queda entonces? ¿Mirar al costado mientras el problema no nos toque directamente o exigir al Estado, a sus respectivos órganos, que cuando menos se abra el debate sobre este tema? Los legisladores, las entidades reguladoras del sector, los académicos y los técnicos en la materia, son quienes debieran tomar la iniciativa. El problema existe y las posibles soluciones no pueden ni deben ser ignoradas. No solo es una competencia estatal, es una obligación del Estado y la sociedad.

* Periodista y abogado.

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