septiembre 20, 2021

Víctimas y familiares de las masacres en Bolivia exigen que la CIDH permanezca en el país

Tras la aprobación de la ley de Amnistía, la oposición pidió que se retire del país la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que investiga las vulneraciones de derechos previos y posteriores al derrocamiento de Evo Morales. Pero las víctimas piden que concluya su investigación.

La ley de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos fue aprobada el 12 de febrero pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada en su mayoría por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Poco pudo hacer la oposición, más que anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Otros grupos opositores, como el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) pidieron que se retire del país la misión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), porque con la nueva ley su trabajo ya no tendría razón de ser.

Familiares de las víctimas consultados por Sputnik exigieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH continúe su labor en Bolivia hasta concluir su investigación y presentar su informe final, lo cual estiman ocurrirá en junio de 2021.

«Tenemos compañeros detenidos injustamente, tal vez porque los policías no tenían a quien acusar y han agarrado a quien han visto. Estamos de acuerdo con esa ley [de Amnistía], porque también beneficia a nuestros hermanos», dijo a Sputnik la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, Marisol Rodríguez.

Senkata es un barrio de la ciudad de El Alto, departamento de La Paz. Allí, el 19 de noviembre de 2019 los vecinos que rechazaban el golpe fueron reprimidos por la Policía y el Ejército, al amparo del decreto 4078, que brindaba impunidad a los uniformados por sus acciones en ese contexto. En esa fecha fueron asesinados 10 alteños.

Días atrás, desde el Gobierno de Luis Arce indicaron que serán liberadas 3.180 personas, de las cuales aproximadamente 1.000 habían sido procesadas por el Gobierno de facto que rigió Bolivia durante 2019 y 2020. Sobre ellas pesan todo tipo de acusaciones exageradas, como «sedición», hasta la integración de una supuesta «banda armada» por haber lanzado piedras a la policía, que según sus testimonios respondía con balas.

Más del 90% de los acusados tienen medidas sustitutivas, como la prisión domiciliaria, o no se le permite salir del país. Dos de los beneficiados por esta ley son el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

«Los presos políticos son compañeros que, al igual que nosotros, fueron vulnerados en sus derechos. Durante todo este tiempo hemos pedido justicia para ellos, porque han recibido maltrato dentro de las cárceles, han sido torturados. Inclusive han vejado a mujeres embarazadas, menores de edad, personas con discapacidad», dijo Rodríguez. Y comentó que el GIEI ya tiene conocimiento de estos hechos.

Relató que en las últimas semanas, «24 compañeros han salido en libertad, porque no se les han podido comprobar las acusaciones. Decían que eran una asociación de delincuentes que manejaban armas».

La reacción de la oposición

Centa Rek es senadora del departamento de Santa Cruz por Creemos, el partido creado por el empresario Luis Fernando Camacho una vez consumado el golpe de 2019. El expresidente del Comité Pro Santa Cruz intentó disputar el lugar que actualmente ocupa Arce. Salió tercero, con el 14% de votos. Para las próximas elecciones subnacionales del 7 de marzo, Camacho se candidatea como gobernador. Según las últimas encuestas, el cruceño se impondrá en las urnas.

Rek anunció a la prensa que su bancada estaba en la elaboración «de un recurso legal en contra de la ley (de Amnistía). Será presentado ante el TCP una vez que se promulgue la norma. Esta ley vulnera la Constitución Política del Estado, porque está eximiendo de culpa a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos violentos que se registraron el pasado año». La senadora se refería a militantes del MAS, campesinos y obreros que resistieron en las calles el ascenso de Gobierno de facto.

A este pedido se sumó Comunidad Ciudadana, el partido del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien fue el gran derrotado de las elecciones del 18 de octubre de 2020, porque según las encuestas iba a imponerse ante Arce. Pero en el mundo real obtuvo el 28% de votos, frente al enmudecedor 55,1% del actual presidente.

Manuel Morales, representante del CONADE, fue un paso más allá de los legisladores opositores. «Vamos a solicitar que el grupo de la CIDH abandone Bolivia, porque con esta ley no tendría ya ninguna función esa investigación que prometió ser imparcial, pero que además tiene que establecer las responsabilidades y vulneraciones a los derechos humanos de estos actores que se han movilizado y han cometido ilícitos», aseguró.

Para Morales, la ley de Amnistía declaró la inocencia de los perseguidos políticos de Áñez, «como si el Gobierno y la ALP fueran jueces. Entonces, prácticamente echan por tierra esta investigación imparcial», encarada por la CIDH desde noviembre del año pasado, cuando asumió la presidencia Luis Arce.

«Que la CIDH no se vaya»

Para la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata, quien está detrás de este pedido es el expresidente Mesa. «Le decimos al señor Carlos Mesa que no le tenemos miedo y vamos a defender a toda costa que el GIEI de la CIDH no se vaya, porque es una manera de identificar a quienes dispararon, hirieron y asesinaron».

En las masacres de Senkata y Sacaba —en Cochabamba, el 15 de noviembre de 2019— «han sido vulnerados los derechos y eso no puede quedar en la impunidad. Quienes perdieron la vida son seres humanos. Hasta el día de hoy vivimos en la injusticia», dijo Rodríguez.

Y agregó: «La justicia debería llegar a cada una de las personas, ya seamos jailones [de clase alta], blancones, morenos, pobres, indígenas. La justicia debería llegar para todos, porque todos somos iguales».

Para David Inca, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) de El Alto, el pedido de que se retire la CIDH «es un acto de encubrimiento a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en octubre y noviembre de 2019».

Y comentó que «ellos no tienen ninguna autoridad para ordenar o pedir que la CIDH se vaya de Bolivia. Se ha firmado un protocolo de trabajo entre el Estado boliviano y la CIDH en noviembre de 2020. A capricho de un grupo de personas, ya sean de Comunidad Ciudadana o del CONADE, no puede pues romperse este pacto».

Inca contó que en el último fin de semana los expertos del GIEI recorrieron Senkata para entrevistar a familiares de las víctimas y heridos. Regresarán a mediados de marzo, para tomar testimonios en la iglesia barrial. Por pedido de la oposición, la comisión de la CIDH investiga hechos de violencia política cometidos en todo el país entre septiembre y diciembre de 2019. En ese lapso fueron asesinadas al menos 37 personas, la mayoría en las masacres de Senkata y Sacaba.

El representante de la APDH indicó que el informe final saldría en junio próximo, y que sus recomendaciones son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo al compromiso asumido por el Estado Plurinacional. Inca, lo mismo que los familiares de las víctimas y heridos, espera que el documento solicite la realización de un juicio por responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) y su gabinete, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

Los golpistas quieren legitimarse

Dentro de dos semanas, en Bolivia se celebrarán las elecciones subnacionales, de las cuales saldrán nuevas autoridades departamentales y municipales. Entre las y los candidatos, hay varias figuras destacadas por su participación en el golpe de Estado y el subsiguiente Gobierno de facto.

La expresidenta Áñez se postula para la gobernación de Beni (este) por la agrupación Ahora. Va segunda en las encuestas, con el 21,7% de apoyo.

Camacho, en Santa Cruz (este), tiene amplias posibilidades de ser el próximo gobernador, según la última encuesta de Ciesmori, que le otorga un 53,3% de intención de voto.

También en la ciudad de La Paz ganaría la alcaldía Iván Arias, exministro de Obras Públicas durante la experiencia golpista de Áñez, por la agrupación Somos Pueblo.

Para Inca, el MAS falló al no hacer valer su mayoría parlamentaria para evitar estas postulaciones. «Aquí deberían haber actuado los diputados y senadores. Deberían haber presentado denuncias formales, pero no lo han hecho, habiendo un informe de la CIDH donde claramente demuestra que ha habido graves vulneraciones a los derechos humanos, juicios extrajudiciales, torturas, garantía de impunidad con el decreto 4078», dijo a Sputnik.

Heridas que no sanan

A 15 meses de la masacre de Senkata, muchos de los heridos no pueden recuperar sus vidas habituales y posiblemente nunca lo logren. El esposo de Rodríguez, Álvaro Valencia, recibió un tiro en su brazo. Según los médicos, ya no podrá volver a moverlo, lo cual compromete seriamente su oficio de mecánico.

«Es lamentable todo lo que pasó. Muchos vecinos están en la misma situación. Tenemos compañeros que han perdido cuatro centímetros de hueso, compañeros heridos en la cabeza que quedaron muy afectados psicológicamente y ya no podrán volver a sus vidas», dijo la presidenta de la asociación.

Rodríguez recordó la anterior masacre que sufrió el pueblo alteño, en octubre de 2003, durante la Guerra del Gas. No quiere que a ella y a sus vecinos les ocurra lo mismo que a las familias de las 67 víctimas y heridos.
«La gente ya se ha olvidado de los fallecidos y heridos de 2003. Tenemos miedo de que lo mismo va a pasar con nosotros, que quedemos en el olvido y ya no nos quieran escuchar. Esa es nuestra pena», contó.

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