septiembre 24, 2021

Importante, necesario, pero insuficiente


Por Óscar Silva Flores *-.


Más de un millar de personas fueron perseguidas, encarceladas, procesadas, despojadas de sus derechos y garantías fundamentales, torturadas, exhibidas en público como vulgares delincuentes, allanados sus domicilios, despedidas de sus trabajos, exiliadas, amedrentados sus familiares, en fin, todo aquello que la imaginación y acción enfermiza de quienes condujeron el periodo golpista y sus secuaces, junto a sus sumisos e incondicionales serviles operadores policiales, fiscales y judiciales, pudieran permitirles.

Los supuestos delitos por los que se desarrollaron todas las acciones descritas iban desde protestar en redes sociales, expresar su oposición al régimen golpista o haber sido funcionario público en los últimos años, dirigente social, representante legislativo o, simplemente, no ser del agrado de alguno de los cabecillas del golpe. Se armaron los procesos más inverosímiles y se los publicitó ampliamente con la complicidad vergonzosa de la mayor parte de los medios de comunicación.

El Decreto Presidencial 4461, de “Amnistía e Indulto”, aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el pasado 12 de febrero, repone derechos y garantías vulnerados por el golpismo entre noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, de ciudadanos que ilegal e injustamente seguían siendo víctimas de un sistema policial y judicial corrupto, pese a que el país había recuperado el Estado de Derecho. Importante medida, desde luego, necesaria, por supuesto. No era tolerable ni para las víctimas ni para la opinión nacional e internacional que en casi 90 días de Gobierno no se hubiese tomado una acción de esta naturaleza.

Sin embargo, insuficiente, porque no toma en cuenta un aspecto fundamental de cualquier acción en favor de las víctimas, que es la reparación del daño ocasionado. Y en este negro periodo de 12 meses de dictadura los daños materiales, morales, económicos y psicológicos causados a las víctimas han sido muchos. Se ha dañado patrimonio privado, incendiando casas y destruido propiedades, secuestrando equipos y documentos personales; se ha atentado contra el derecho al trabajo de todo ciudadano, despidiéndolos indebidamente de sus fuentes laborales e impidiéndoles contar con el sustento mínimo para sus familias, mucho más en tiempo de crisis sanitaria; se ha privado de libertad sin importar que se trate de mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños o personas de la tercera edad; se ha afectado física y psicológicamente a través de torturas y procesos amañados e inventados controlados desde el Ministerio de Gobierno; se han disgregado familias; se ha puesto en riesgo la salud de las víctimas en las cárceles y se ha obligado a salir del país a varias de ellas, poniendo en riesgo su supervivencia fuera de la patria, o se ha forzado al asilo a otras durante casi todo el periodo dictatorial, en países amigos o en sus legaciones diplomáticas.

No solo eso, también se ha difamado, calumniado y acusado falsamente a varias personas, sin prueba alguna, mancillando sus nombres y ocasionando un daño moral y de reputación casi irreparable, con el apoyo de aquellos medios de comunicación mercenarios que se colocaron a lado del golpismo antidemocrático y que, sin mayor criterio periodístico y una total ausencia de ética, se convirtieron en meros reproductores y transcriptores de las declaraciones y conferencias de prensa de los cabecillas del golpe, publicando nombres, difundiendo imágenes de las víctimas sin ningún reparo, enmanillados, custodiados por policías y paramilitares encapuchados y fuertemente armados, cual si se tratase de peligrosos criminales. Todos conocemos, autoridades, medios de comunicación y, desde luego, víctimas, quiénes fueron los responsables de que aquello sucediera, pero, a excepción de unos pocos, los demás, los más importantes, no tienen causas abiertas, menos imputaciones, en numerosos casos ya se fugaron del país, y en otros se encuentran cínicamente solicitando el voto ciudadano, jugando a ser demócratas, cuando fueron ellos quienes pisotearon esa misma democracia en la que hoy pretenden cobijarse.

Junto a la amnistía debe asumirse el compromiso del Estado de sancionar a los responsables de esa innumerable cantidad de delitos cometidos por la dictadura, porque fue desde y a nombre del Estado que lo hicieron, no fueron acciones delincuenciales a título personal y, si bien es cierto que los delitos son estrictamente personales, la obligación de su persecución y sanción es estatal.

El resarcimiento de los daños es una obligación estatal. Se ha planteado ya la creación de una Comisión de la Verdad. Es el momento oportuno para hacerlo, no solo para determinar responsabilidades y sentar un precedente para que en Bolivia nunca más vuelvan a presentarse aventuras golpistas como la de noviembre del 2019, sino también, en justicia y en cuanto corresponda, se proceda al resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas de la dictadura. No es venganza, pero mientras no haya sanción a los culpables y justo resarcimiento no se podrá hablar de justicia.


* Periodista y abogado.

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