octubre 20, 2021

Fiscalía peruana acusa a Fujimori por esterilizaciones

Alberto Fujimori, expresidente de Perú, será juzgado por aplicar un programa de esterilización a mujeres indígenas en la década de los 90 del siglo pasado, luego que la Fiscalía formalice este miércoles su acusación contra el exmandatario.

El caso refiere a las esterilizaciones forzadas de, por los menos 1.307 mujeres pobres e indígenas durante su gobierno (1990-2000); la mayoría de ellas pertenecía a comunidades empobrecidas y algunas murieron a causa de infecciones derivadas de la operación de ligadura de trompas.

El juicio, instruido por el juez Rafael Martínez, comenzó el lunes tras años de denuncias por parte de asociaciones de derechos humanos.


El proceso se encontró con numerosos obstáculos legales, entre ellos fiscales afines a Fujimori que ya habían archivado causas contra el expresidente en el pasado.

Con el exgobernante como reo ausente, el fiscal Pablo Espinoza culminará la exposición de varios de los dramáticos expedientes, como el de la campesina Florencia Huayllas, quien tras percatarse de que la iban a esterilizar, intentó fugarse de un hospital en la región surandina de Cusco, por lo cual fue amarrada y operada, según denuncia.

El fiscal se refirió también a los casos de las esterilizadas fallecidas tras la operación, como María Mamerita Mestanza y María.

Genoveva Espíndola, por los que el magistrado acusará a Fujimori de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud en las modalidades de muerte y lesiones graves.

Fujimori habría tenido una presunta responsabilidad en la muerte de 5 jóvenes y en la esterilización forzosa de 1.301 más, en un contexto, en el cual, según el fiscal Espinoza, las operaciones se producían en condiciones insalubres y precarias, lo cual provocó infecciones y heridas permanente en las mujeres.

«El estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales», argumentó Espinoza en el juicio. Según él, las supervivientes fueron excluidas y maltratadas por sus propias comunidades por someterse a métodos anticonceptivos.

El expresidente cumple una pena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción, sentencia dictada en 2009, pero que se cuenta desde 2006, cuando fue detenido en Chile a su llegada de Japón, a donde se había fugado seis años antes.

En adición, tiene abierto y pendiente otro juicio como autor mediático de una matanza de civiles similar a las dos por las que en 2009 fue condenado a 25 años de prisión.

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