abril 20, 2021

Ni impunidad ni venganza


Editorial,  La Época-.


La institucionalidad democrática en Bolivia fue interrumpida violentamente el 10 de noviembre de 2019. Por más que los partidos de derecha, en su amplio espectro, y el aparato mediático hegemónico traten de negarlo, el presidente Evo Morales fue derrocado mediante un golpe de Estado que combinó formas típicas (de los 60 y 70) y actuales de desestabilización.

Cerca de un año después, en octubre de 2020, producto de la lucha del pueblo, se recuperó la democracia, dejando atrás las pretensiones de la ultraderecha, afincada en el gobierno, de quedarse hasta marzo de este año.

Una vez que ha retornado la institucionalidad es una obligación del Estado esclarecer los hechos anteriores y posteriores al golpe de Estado. No hacerlo sería incumplimiento de deberes. La sociedad debe saber la verdad histórica para que alteraciones de la institucionalidad de esa naturaleza no vuelvan a repetirse. Las víctimas del golpe y del gobierno de facto no merecen ni olvido ni perdón.

En ese contexto es que se deben entender las actuaciones del Ministerio Público con la apertura de procesos penales. Toda acción tiene actores que la protagonizan y que le deben explicar al país las razones que los empujaron a impulsar esa toma violenta del poder político. La citación y las órdenes de aprehensión de algunos militares y policías forman parte de ese proceso.

La recuperación de la democracia debe conducir a las autoridades del Estado, no solo gobierno, sino principalmente las que forman parte del campo de la Justicia, a no dejar impunes los hechos de noviembre, pero también de los meses siguientes en los que las violaciones de los Derechos Humanos se hicieron regla de parte del gobierno de facto. Tener en la lista de perseguidos y encarcelados a más de mil 500 personas es una evidencia contundente de lo que se vivió en Bolivia esos meses.

Por eso provoca indignación el pronunciamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH), que sale en defensa de los militares y policías procesados, aunque al mismo tiempo no es sorpresivo ya que infelizmente su dirigencia nacional estuvo involucrada en el golpe de Estado junto a la del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Atrás queda esa APDH que tuvo un papel de primer orden en la denuncia de las atrocidades cometidas por las dictaduras de la seguridad nacional en las décadas de los 60 al 80.

Sin embargo, para no actuar de la misma manera que lo hizo el gobierno de facto, en la que se acosaba y perseguía a toda persona sospechosa de ser masista sin tener pruebas ni indicios, la bandera de “ni olvido ni perdón” debe evitar, por todos los medios, la judicialización de la política y, más bien, garantizar el absoluto apego a los Derechos Humanos, lo cual implica dar plenas garantías constitucionales a los procesados y alejar cualquier tentación de involucrar a los que no se debe o que fueron actores marginales.

Los bolivianos y las bolivianas necesitamos dejar atrás ese episodio triste de nuestra historia y mirar adelante. Eso solo se hace restableciendo la justicia, sin venganzas de ninguna naturaleza, pero tampoco tendiendo un manto de impunidad.

 

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