abril 23, 2021

Gestión de los sistemas de vida, una oportunidad para lograr el desarrollo en armonía con la Madre Tierra

Por Jasivia Gonzales-.


La planificación del territorio es componente fundamental del desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra. Para ello, en los últimos 10 años, en Bolivia, se promulgaron un conjunto de normas concatenadas: la Ley 071, que reconoce los derechos de la Madre Tierra; la Ley 300 o Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, que a su vez incorpora la normativa de lucha contra el cambio climático y expone el paradigma civilizatorio de nuestro Estado Plurinacional basado en la complementariedad de derechos; y la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que establece las herramientas para lograr una planificación integral con enfoque de Sistemas de Vida.

Los Sistemas de Vida se entienden como una unidad dinámica y abierta, donde el ser humano en sociedad transforma y moldea su entorno permanentemente, y ahora busca el equilibrio entre sus acciones e impacto, para no exceder la capacidad de respuesta y recuperación de la Madre Tierra. Están compuestos por: a) La unidad sociocultural (refiriéndose a una comunidad, región o país, con su características ambientales, históricas y culturales); b) El entorno natural, denominado también zonas de vida (término ecológico que describe un determinado lugar con una geografía, flora, fauna, clima y demás componentes y factores propios y naturales, Ley 300); y c) La interacción de sus componentes interna y externa (relaciones naturales y antrópicas de constante intercambio de energía y materia).

Antes de la Ley 777 (SPIE), la planificación del territorio estuvo basada en dos instrumentos, el Plan de Desarrollo (PDM, para municipios), de carácter más administrativo, con una vigencia de cinco años; y el Plan de Ordenamiento Territorial (PMOT, para municipios) de carácter técnico científico, con una vigencia de 10 años.
Ambos instrumentos fueron la base técnica del “desarrollo sostenible”, donde la planificación se entendía como “un proceso de interacción entre el Estado y la Sociedad, que se desarrolla dentro de un espacio geográfico determinado y está orientado a articular las políticas de Estado con las prioridades gubernamentales para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible” (Plan General de Desarrollo Económico y Social, Pgdes, 1994-1998), y donde la planificación del desarrollo iba de arriba hacia abajo, con una agenda marcada por compromisos externos, que no reconoció nunca la diversidad territorial, ni sus procesos socioculturales de pueblos y naciones indígena originario campesinos que compone Bolivia.

A partir de la promulgación de la Ley 777 (2016), se genera un solo instrumento de planificación territorial, el Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI), que unifica el PDM con el PMOT. Esta no fue una simple sumatoria, ya que este nuevo instrumento propone organizar el territorio con enfoque de sistemas de vida, incorporando además la gestión de riesgos y cambio climático y cuyo objetivo es la erradicación de la extrema pobreza, el fortalecimiento de los sistemas productivos sustentables y la protección y conservación de las funciones ambientales (Lineamientos Metodológicos Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien, MPD, 2016).

En este marco, la planificación de las actividades productivas de un territorio para ser sustentables, deben ser entendidas bajo la integralidad, dinámica y codependencia de sus componentes (suelo, vegetación, fauna, fuentes de agua, formas de manejo), puesto que en su equilibrio se generan y/o mantienen las funciones ambientales. En este sentido, es muy importante entender las diversas formas de manejo por parte de sus pobladores y elegir o diseñar participativamente las mejores buenas prácticas de manejo del entorno, sin duda este análisis abre las puertas a la innovación y posible recuperación de prácticas ancestrales.

Esta comprensión a su vez debe trabajarse con respeto de las diversidades socioculturales de la población boliviana, con equidad en la participación, oportunidades para todos y todas, sin discriminación en razón de la pertenencia cultural, ni de clase, ni de instrucción, ni de género. Además, este trabajo necesita articular el conocimiento científico con las otras formas de conocimientos locales, dando lugar a procesos intercientíficos, como única estrategia para acelerar nuestro conocimiento compartido del entorno.

Este conjunto normativo y operativo con el que ahora contamos (Ley 071, Ley 300 y Ley 777), tiene una aplicación efectiva dado que los gobiernos subnacionales generaron sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDIs), cuya vigencia está por concluirse (2016-2021). De hecho, en varios municipios, junto con la planificación de los procesos productivos, se definieron planes de reforestación, declararon áreas de estricto cuidado para propiciar su recuperación ecológica, incorporaron acciones de cuidado y monitoreo de los recursos hídricos; incluyeron varias líneas de acción en capacitación, se conformaron plataformas territoriales para mejorar la comunicación entre los actores locales y autoridades, incorporaron comités de género y de atención a personas con discapacidades, y muchos otros avances para lograr un desarrollo local más sostenible.

Este nuevo modelo de planificación territorial nos brinda mayores oportunidades para lograr un desarrollo integral, donde podemos fortalecer nuestra gobernanza a distintos niveles, con soberanía y equilibrio entre lo social, cultural, ambiental y económico, bajo un contexto de país megabiodiverso y pluricultural.


* Bióloga, con doctorado en Ciencias Naturales, mención Botánica, Zoología y Geografía.

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