junio 20, 2021

Puerto Rico: la creación del ELA no alteró la condición colonial

Por Julio A. Muriente Pérez-.


Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el gobierno de Estados Unidos diseñó una fórmula política para Puerto Rico, dirigida a dar la impresión ante la comunidad internacional de que aquí había cesado el colonialismo, que se había creado una relación de asociación entre iguales, entre Estados Unidos y nuestro país. De esa forma se impuso el Estado Libre Asociado (ELA) y la Asamblea General sacó a Puerto Rico de la lista de colonias existentes aún.

La real naturaleza colonial del ELA está plasmada en la Ley 600 del Congreso estadounidense, aprobada en 1950, como guía para la aprobación de la constitución y el establecimiento del nuevo-viejo modelo colonial.

En el Artículo 1 se afirma que “…se aprueba esta Ley, con el carácter de un convenio…”. Pero luego, en el Artículo 2 se hace claro dónde está el poder real: “…la Asamblea Legislativa de Puerto Rico queda autorizada…”. Finalmente, el Artículo 3 de la Ley 600 establece inequívocamente de qué se trató la creación del ELA, como un ejercicio de la soberanía del Congreso estadounidense: “Al ser adoptada la constitución por el pueblo de Puerto Rico, el Presidente de los Estados Unidos queda autorizado para enviar tal constitución al Congreso de los Estados Unidos, si él llega a la conclusión de que tal constitución está de acuerdo con las disposiciones aplicables de esta Ley y de la Constitución de los Estados Unidos. Al ser aprobada por el Congreso, la constitución entrará en vigor de acuerdo con sus términos”.

Esa prerrogativa fue ejercida por el Congreso, eliminando la Sección 20 del Artículo II de la Carta de Derechos, donde se consignaban importantes derechos humanos, económicos y sociales; también con la modificación incluida respecto a la educación en escuelas privadas, y al añadir la Sección 3 del Artículo VII, que indica que ningún cambio a la Constitución puede alterar la forma republicana de gobierno, ni abolir la Carta de Derechos y “tendrá que ser compatible con la Resolución del Congreso aprobando la constitución, con las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales y con la Ley 600 de 1950”.

Por cierto, no se trató de un error ortográfico el hecho de que cuando en la Ley 600 se hace referencia a la Constitución de Estados Unidos, la misma se escribe con C mayúscula, mientras que al referirse a la constitución de los que sería el ELA, la misma aparece con c minúscula. Todavía más. En su Preámbulo, la constitución del ELA expresa su lealtad, no a ella misma como ejercicio soberano del pueblo puertorriqueño, sino a la Constitución y la ciudadanía de Estados Unidos:

“…Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la inspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas; la lealtad a los postulados de la Constitución Federal; la convivencia en Puerto Rico de dos grandes culturas del hemisferio Americano.”

Puerto Rico sería a partir de entonces una colonia con ropajes republicanos, con una Constitución, tres ramas de gobierno, elecciones periódicas y las características administrativas de cualquier república. Solo habría un gran ausente: poder político. En ese sentido, todo se mantenía igual a 1898. Como para que no quedara duda, se estableció la Ley de relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos, que contiene los artículos no derogados de la Ley Jones de 1917, tras la creación de la constitución del ELA. La mona aunque se vista de seda…
No es mera coincidencia que la fecha seleccionada para inaugurar la nueva fórmula política fuera el 25 de julio de 1952, justo cuando se cumplían 54 años de la invasión militar de 1898. La intención era clara, manipular la memoria histórica, de manera que se viera como que la relación Estados Unidos-Puerto Rico había surgido de la concordia, los mutuos acuerdos y la bendición de la comunidad internacional, y que no era el fruto de una vulgar y descarnada ocupación y toma del país como botín de guerra.

Tan interesado estaba el gobierno de Estados Unidos de que se legitimara internacionalmente al ELA como un sistema político no colonial, que al año siguiente recurrió a la ONU con ese propósito. El 27 de noviembre de 1953 la Asamblea General aprobó la Resolución 748 (VIII), en la que se establecía que Puerto Rico había ejercido efectivamente su derecho a la libre determinación, que había surgido una nueva condición constitucional y se había establecido por mutuo acuerdo “una relación de asociación” entre Estados Unidos y Puerto Rico en el marco de una relación “autonómica”, que nuestro país había dejado de ser colonia y que, por consiguiente, Estados Unidos “no tendría ninguna obligación” sobre lo establecido en el Artículo 73 de la Carta de la ONU en materia de descolonización.

A pesar de los múltiples chantajes, “persuasiones” y presiones de todo tipo, y aun cuando dicha resolución se aprobó, el resultado de la votación fue harto elocuente: 26 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenidos. La suma de los votos en contra y los abstenidos (34) es superior a los votos favorables (26). (Gran parte de los 192 países que hoy constituyen la ONU todavía eran colonias.) Estados Unidos impuso su voluntad pero no logró engañar a la comunidad internacional.

Una adición necesaria

Justo antes de completarse la redacción de estas líneas se conoció la iniciativa tomada por dos congresistas puertorriqueñas –Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez– [1], quienes radicaron un proyecto de ley en favor de la autodeterminación de Puerto Rico, proponiendo la Asamblea de Status como mecanismo deliberativo nacional, lo que se ha considerado por muchos años en el país. Dicho proyecto de ley, aunque se inicia en el Congreso estadounidense, reconoce el carácter colonial de la relación existente desde 1898 y, sobre todo, afirma el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación. No hay expectativas de que el mismo pueda aprobarse, pero sin duda sienta las bases para que la discusión del caso colonial de Puerto Rico se dé no como un asunto interno de Estados Unidos –como siempre han querido anexionistas y colonialistas–, sino como un problema internacional entre dos naciones. No como un problema legal, sino como un anacrónico problema político no resuelto aún.

Esto ocurre en el mismo Congreso que ha impuesto su voluntad sobre Puerto Rico por más de un siglo, que ha admitido que mintió a la comunidad internacional en 1953 en la ONU y que, no obstante, se resiste a reconocer el derecho inalienable de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia.
De esta forma se renueva otro frente de lucha contra el colonialismo y por nuestra autodeterminación, en el seno mismo del Congreso de Estados Unidos.


* Catedrático Universidad de Puerto Rico y dirigente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) de Puerto Rico.


1 Las leyes electorales de Estados Unidos permiten que los puertorriqueños y puertorriqueñas residentes en ese país participen en los procesos electorales. Más de cinco millones de boricuas radican allá, como resultado de sucesivas olas migratorias, resultantes de las continuas crisis económicas que ha enfrentado Puerto Rico, hasta el presente. Esas dos congresistas representan electores del estado de Nueva York, ciudad donde históricamente ha habido la mayor concentración de población puertorriqueña en Estados Unidos.

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