junio 20, 2021

La crueldad es el sistema, no el virus

Por Tania Aruzamén Zambrana *-.


La pandemia provocada por el Covid-19 ha cobrado ya en el mundo más de tres millones de muertes, y junto a este dato nos ha recordado la crudeza de un sistema capitalista que cada día es menos humano y más injusto.

La pandemia comenzó el año 2019, en medio de una rencilla diplomática entre la administración Trump y el Gobierno chino, a este se le culpa por la propagación de un virus desconocido que provocaría una neumonía severa a quienes no pudiera combatirlo a tiempo. Los países expectaron durante meses el inicio de lo que significaría una crisis mundial, estados de alarma generalizados y nuevas medidas autoritarias, además del abandono de la responsabilidad pública en algo fundamental: la salud de la humanidad.

Una de las medidas más controversiales y luego naturalizadas fue el toque de queda, que se aplicó en la mayoría de países del mundo, además de un seguimiento so pretexto de investigación epidemiológica a los habitantes de países con mayor cifra de contagio, como el caso de China, que inició con un perfilado epidemiológico a sus habitantes, ejemplo seguido por gobiernos como el de Reino Unido y Alemania, medida duramente criticada por su componente autoritario y de limitación de libertades.

En el caso de Bolivia, escenario compartido con otros países latinoamericanos, a esta pandemia se suma la débil presencia del Estado en espacios determinantes como la salud pública, la que fue puesta a prueba en la pandemia y demostró estar muy lejos de ser una garantía para la ciudadanía, una garantía de bienestar que más bien se constituye en una ausencia propia de una gran amenaza.

Bolivia cuenta actualmente con más de 165 mil infectados desde que se conoció que el virus habría entrado en nuestro territorio; asimismo, son más de 14 mil los fallecidos producto de la afección y sus complicaciones. En este sentido nos preguntamos: ¿El Estado tiene clara la magnitud del problema que debe encarar? La respuesta es clara y se demuestra con números: No.

En todo el territorio nacional contamos solo con 24 hospitales para la atención del Covid-19, es decir, un hospital por cada 300 mil personas. El escenario es aún más desesperanzador cuando hablamos de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en tanto se cuenta con solo 290 camas, esto significa 145 camas para 5,6 millones de habitantes.

Si bien el Gobierno creó el Seguro Universal de Salud (SUS) como un plan integral para mejorar la atención de los bolivianos, este no tuvo correspondencia con la capacidad e infraestructura con la que cuenta el Estado, en este sentido hemos vendido la cura antes de tener la fórmula o los ingredientes de la misma.

La cura es el privilegio

En centros de atención para Covid-19 se deben hacer filas desde las cinco de la madrugada para acceder a la atención gratuita. Primero debes estar registrado en el SUS, sin esto no hay atención alguna, pues, según el protocolo burocrático en el sistema de salud, para ser atendido como paciente covid debes presentar una prueba positiva, la que cuenta con otra fila de espera de más de cinco horas para acceder a un espacio y la toma de muestra. En estos dos pasos ya contabilizamos al menos dos días, esto para un paciente con Coronavirus es crucial, pues los dos días significan el agravamiento de la enfermedad y la amenaza.

Con todo, después de dos días y de una prueba positiva se debe volver a buscar un espacio para la atención primaria del Covid-19 en un centro de salud. Después de estar desde las cinco de la madrugada en espera de la atención, el médico inicia el tratamiento con los medicamentos disponibles en farmacia, mientras que los que no estén disponibles deben ser adquiridos por el propio paciente.

A los tres días y con un cuadro agravado producto de una “peregrinación” en centros de salud, el paciente vuelve a acudir al centro de salud para informar de su agravamiento y esperar ayuda pronta debido a la complicación del cuadro; el protocolo es el mismo para todos: “Solo se puede atender una vez y no se dan más medicamentos”, así, con el cuadro complicado y la atención negada, la única posibilidad que queda a la persona enferma es buscar atención privada, privada y muchas veces privilegiada.

Las clases medias acuden a centros privados de salud, que son muy pocos y los más costosos. La primera orden en este caso son exámenes RX y tomografías, las que tienen un costo aproximado de 150 dólares; asimismo, un tratamiento inicial tiene un costo aproximado de otros 100 dólares. Las clases populares acuden a medicina tradicional y, sin mucha seguridad, deciden seguir y esperar que el virus pase solo, no por ignorancia o negacionismo, sino porque el sistema no les permite acudir a mecanismos seguros para combatir el virus, ya que el costo y el acceso son imposibles para este sector. ¿Qué hace entonces una madre sola, trabajadora, cuando es diagnosticada con Covid-19 y el cuadro se le complica? ¿El Estado le garantiza la salud? ¿Cuenta con algún mecanismo para enfrentar no solo la enfermedad, sino todo lo que trae consigo (pérdida de trabajo, crisis familiar, estigma, discriminación)?

Colonialismo y burocracia, nuestra eterna enfermedad

La falta de acceso, la discriminación y la burocracia para acceder a derechos básicos son síntomas de una enfermedad de la que Bolivia no se puede recuperar: el colonialismo.

Al igual que en la Colonia: existen ciudadanos de primera, para quienes están diseñadas las políticas públicas y quienes acceden a ellas asegurando sus derechos; hoy es la clase media la que puede comprar salud y asegurarse el bienestar gracias a la ausencia del Estado en políticas fundamentales de acceso a una vida digna. Las clases populares, indígenas y trabajadores, son ciudadanos de segunda, quienes no acceden a los derechos básicos y no pueden reclamar estos derechos, para quienes el sistema de salud es el mínimo y las camas UTI insuficientes, esto es sin duda un lastre del pensamiento y de las instituciones racistas que nacieron desde la desigualdad y que se perpetúan a lo largo del tiempo.

El acceso es el rostro de la desigualdad, la carencia y la inseguridad propia de un Estado débil, de un sistema en que impera el interés privado, donde el rol del Estado es menospreciado pero ha demostrado ser fundamental para asegurar a los ciudadanos una vida digna o mínimamente una vida que no esté plagada de amenazas. Queda mirar el rol de Estado y de los ciudadanos como parte fundamental del mismo, como sujetos de derechos, que entiendan que la burocratización es una herencia de desigualdad y que edificar nuevas instituciones y políticas para y desde las clases populares es el camino y el fin. Cuando nuestro país cuente con un sistema de salud sólido, eficiente, equipado y transparente, la salud estará garantizada para el pueblo y dejará de ser un privilegio.

 

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