septiembre 16, 2021

Asesinatos, amenazas y agresiones: los riesgos que enfrentan los ambientalistas en América Latina mientras la ONU alerta por el cambio climático

En América Latina, defender la tierra, el agua, los bosques, el aire y las especies equivale a arriesgarse a recibir golpes, allanamientos, amenazas y desalojos. A sufrir difamaciones, hostigamientos, intimidaciones y secuestros. A enfrentar campañas de desprestigio, acosos judiciales y desplazamientos forzados. Y, en el caso más extremo, a ser víctimas de asesinato.

Así lo demuestran múltiples informes internacionales y rigurosas investigaciones periodísticas que confirman que América Latina es la región del mundo más peligrosa para los ambientalistas que resisten proyectos mineros, de infraestructura, inmobiliarios y turísticos; que denuncian el uso del glifosato, la destrucción de ecosistemas, el tráfico de plantas y animales y la peligrosa e indiscriminada explotación de los recursos naturales.

En algunos casos, el acoso proviene de las empresas afectadas por las denuncias y las protestas, y por grupos criminales que controlan territorios en la región. Pero en otros, por parte del Estado que estigmatiza las luchas en lugar de resolver los cada vez más evidentes efectos de los ataques a la naturaleza.

Por ejemplo, por sus reclamos contra la construcción del megaproyecto conocido como Tren Maya, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descalificó a los ambientalistas por «neoliberales» y «conservadores». Por sus acusaciones ante la depredación del Amazonas, el brasileño Jair Bolsonaro los definió, directamente, como «un cáncer» que hay que matar.

El peligro que corren líderes, organizaciones y comunidades retoma una urgente actualidad ante el reciente informe de Naciones Unidas sobre el profundo y negativo impacto del cambio climático.

«Es un código rojo para la humanidad. El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra y muchos de los cambios se están volviendo irreversibles», advirtió el lunes el secretario general de la ONU, António Guterres.

Los ambientalistas lo saben desde hace mucho, lo ven en sus territorios. Por eso, pese a todo, siguen luchando.

Alarma

Hace cinco años, Michel Forst, relator especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advirtió sobre la creciente violencia padecida por los ambientalistas. «Estoy extremadamente abrumado por el número de asesinatos y ataques, y por la falta de respuesta de los Estados ante esta situación», denunció.

Desde entonces, la situación no ha mejorado.

En marzo pasado, 45 periodistas, fotógrafos, videógrafos y desarrolladores de 12 países latinoamericanos presentaron Tierra de Resistentes, una exhaustiva investigación, con base de datos incluida, sobre la violencia que acosa a los defensores ambientales en la región. Lograron documentar por los menos 2.460 hechos victimizantes ocurridos en los últimos 12 años.

Brasil encabeza la lista, con 915. Luego le siguen Honduras (685), Colombia (296), México (245), Guatemala (143), Ecuador (59), Perú (36), Argentina (29), Bolivia (21), Panamá (18), Venezuela (9) y Chile (4).

La mitad de las agresiones, además, se dio en contra de alguna minoría étnica, lo que comprueba la vulnerabilidad que enfrentan los territorios indígenas y afrodescendientes.

Este trabajo también descubrió que, aunque los patrones de violencia cambian entre los países y en el tiempo, hay posibles correlaciones. Por ejemplo: un alto número de asesinatos donde se sospecha la influencia del narcotráfico; amenazas atribuidas al sector forestal y hostigamientos judiciales donde hay proyectos de infraestructura. En otras zonas con presencia de agroindustria o minería se han presentado todo tipo de violencias.

Otra reporte fundamental es el que cada año presenta la organización no gubernamental Global Witness. En el más reciente, titulado «Defender el mañana: la crisis climática y amenazas contra defensores de la tierra y el medio ambiente», advirtió que Colombia es el país más letal para quienes luchan por la protección de los recursos naturales, ya que en 2019 mataron a 64 ambientalistas.

En segundo lugar quedó Filipinas, con 43 homicidios, pero el resto de la lista está conformada por países latinoamericanos: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8).

Las cifras convierten al 2019 en el año con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, ya que suman un récord de 212, y las tendencias de 2020, en plena pandemia, fueron a la alza. Además, se estima que las cifras reales de crímenes son todavía mayores, ya que no todos los casos se documentan.

Rostros

En marzo de 2016, la respetada activista Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en Honduras, después de años de tratar de impedir la construcción de una central hidroeléctrica para proteger el territorio ancestral de Intibucá. El crimen, que es uno de los más emblemáticos de América Latina y que tuvo gran repercusión internacional, derivó en un juicio en el que ya fue condenado uno de los coautores materiales.

Es apenas una excepcional pizca de justicia, ya que prácticamente la totalidad de los homicidios contra sus compañeros de lucha en toda la región permanecen impunes.

A principios de diciembre de 2020, Javier Francisco Parra fue acribillado en el departamento colombiano del Meta. Era uno de los coordinadores regionales de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena). Llevaba más de dos décadas denunciando la depredación de los recursos naturales. En julio de este año, conmocionó el crimen de Facundo Vela, quien investigaba y denunciaba la depredación del Amazonas.


En México, tan solo en lo que va de 2021 han sido asesinados por los menos ocho ambientalistas, entre ellos Jaime Jiménez Ruiz, quien impugnaba proyectos hidroeléctricos en Río Verde, Oaxaca; Luis Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia, líderes de la tribu yaqui en Sonora que se oponían a la construcción de un acueducto; y David Díaz Valdez, un reconocido líder social de Colima que durante años impugnó megaproyectos que afectaban a la región. Su familia culpó al gobernador José Ignacio Peralta.

Hace dos años, Dilma Ferreira Silva, coordinadora del Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB) en la región Tucuruí del estado de Pará, en Brasil, fue asesinada en su casa junto con su esposo, Claudionor Costa da Silva, y su amigo Hilton Lópes. También en 2019, impactaron las ejecuciones consecutivas de cinco miembros de la tribu Guajajara que formaban parte de los Guardianes del Bosque, un grupo que lucha contra la tala ilegal en el Amazonas. Entre las víctimas se encontraba uno de sus líderes, Zezico Guajajara.

Son apenas algunas de las miles de personas que deberían haber sido apoyadas de manera masiva y reconocidas por el urgente trabajo que realizaban para frenar el incesante deterioro ambiental que afecta no solo a sus territorios, sino a toda la humanidad. Pero, en lugar de eso, las mataron y dejaron a sus compañeros un legado que también los sigue poniendo en peligro.

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