septiembre 16, 2021

De la República segregacionista de 1825 al Estado Plurinacional de 2009

Por Luis Oporto Ordóñez * -.


El 9 de diciembre de 1824 se libró una feroz batalla sin cuartel en los campos de Ayacucho, con el triunfo de las tropas patriotas. El jefe de Estado Mayor español, José de Canterac, rindió sus fuerzas en la Capitulación de Ayacucho, ante el joven militar Antonio José de Sucre, quien alcanzó el mariscalato por esa acción de armas.

Dos jefes militares no aceptaron la rendición, aduciendo que esta no fue suscrita por el Virrey José de La Serna. El primero fue el general ultramontano realista Pedro Antonio Olañeta, quien desconoció la autoridad del general Simón Bolívar, y a la autoridad del Virrey La Serna, erigiendo un efímero Estado independiente en Charcas. El segundo fue el brigadier José Ramón Rodil y Campillo, quien se negó a resignar el fuerte del Callo, hasta su rendición el 22 de enero de 1826.

En esa coyuntura, un grupo de criollos –casta denominada español americana– conformado por doctores de Charcas, cambió de bando de manera intempestiva, sin pudor ni trauma, pasando del campo realista al patriota. Casimiro Olañeta refleja esa brillante estrategia de la clase criolla que le abrió las puertas del control político y económico del rico territorio de la Real Audiencia de Charcas. Casimiro Olañeta, a la sazón secretario privado del general Pedro Antonio de Olañeta, su tío, salió en urgente misión secreta para adquirir armas y municiones para las tropas realistas. En un recodo del camino desvió su ruta y enfiló directamente al cuartel general del Ejército Unido Libertador, que se alistaba para rendir por las armas, si fuera necesario, al último León de Iberia.

Luego de 16 años de lucha intensa contra el régimen colonial español, en el que los ejércitos patriotas se nutrieron con sangre india en su afán independentista, el desenlace fue adverso para los habitantes originarios de Charcas. La República nacida el 6 de agosto de 1825 se caracterizó por ser una extensión del modelo social español. En efecto, la primera Constitución segregó a los habitantes originarios de la Nación, a los que se calificó como “bolivianos”, a diferencia de la casta colonial y los artesanos, que fueron reconocidos como “ciudadanos”. Un sesgo de benevolencia se perfila en la disposición constitucional que otorga 10 años de gracia para que los indígenas alcanzaran la alfabetización, uno de los requisitos sine qua non para lograr la ciudadanía, al que se suma el de tener una propiedad, un oficio rentable, un empleo o poseer renta. Era preciso mantener al indio sujeto a la tierra.

Al indio se le prohibió, en consecuencia, servir a la patria bajo bandera, por lo que estaba vedado de incorporarse al Ejército, privilegio de los hijos de la casta criolla gobernante. Eso explica que los indígenas no participaran en las guerras de defensa de la patria en la primera invasión de Agustín Gamarra (1828), las batallas de Iruya y Montenegro (1838), la Guerra de la Confederación (1836-1839), la Batalla de Ingavi en la segunda invasión de Agustín Gamarra (1841), la Guerra del Pacífico (1879) y la Campaña del Acre (1900). No obstante, el formidable ejército indio del “Temible” Zárate Willka participó en la Guerra Civil de 1899, circunstancialmente, ante la evidente desventaja del ejército liberal de José Manuel Pando, aplastando a las tropas constitucionalistas de Severo Fernández Alonso, integradas por la crema y nata de las familias tradicionales y conservadoras de Chuquisaca.

Un atisbo de justicia constitucional se dio durante el gobierno de Manuel Isidoro Belzu, quien convocó a la Asamblea Constituyente con el encargo de redactar una nueva Constitución, texto que abolió el pongueaje y la esclavitud, al determinar que “todo hombre nace libre en Bolivia: todo hombre recupera su libertad al pisar su territorio. La esclavitud no existe ni puede existir en él” y que gozaba de la ciudadanía: “a la edad de veintiún años [con] la capacidad de ejercer los derechos políticos y civiles”. Sin embargo, mantuvo las restricciones: “para ser Representante”, afirmando que para ello “se requiere: ser boliviano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; tener una propiedad raíz, industria, profesión o empleo, que le produzca una renta anual de quinientos pesos”. La oligarquía redactó una nueva Constitución en 1861, dejando sin efecto la de 1851. En ella consolida la abolición de la esclavitud pero repone la condición restrictiva de ciudanía, para la que se exigía “tener veintiún años de edad. Saber leer y escribir, y tener una propiedad inmueble cualquiera, o una renta anual de doscientos pesos que no provenga de servicios prestados en calidad de doméstico”.

En 1938 se da otro paso clave para el reconocimiento de los derechos fundamentales y la ciudadanía, al disponer que “no se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”, pero mantiene la restricción esencial para ejercer plenamente la ciudadanía al señalar que “para ser ciudadano se requiere: ser boliviano, tener veintiún años de edad, saber leer y escribir; y estar inscrito en el Registro Cívico”, eliminado el impedimento económico. En consecuencia, aquella restricción esencial le impide ser elegido o elegir.

Las jornadas de abril de 1952 eliminarán el impedimento constitucional al declarar el Voto Universal mediante decreto ley 3128, de 21 de julio de 1952, que dispone “el voto a hombres, mujeres, cualquiera sea su grado de instrucción”, derecho de ciudadanía que se ejerció por primera vez en las elecciones de mayo de 1956, a través de DS. de 9 de febrero de 1956, que dispone: “La ciudadanía consiste: en concurrir como elector o elegido a la formación o el ejercicio de los poderes públicos, dentro de las condiciones que establece el prete decreto [3128]”.

Pero no será hasta el 7 de febrero de 2009, con la Constitución Política del Estado Plurinacional, que se reconozca “la ciudadanía a todas las bolivianas y bolivianos a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta” y se reconozcan de manera explícita “los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.

El 18 de octubre de 2020, sobre la base de ese derecho, Bolivia sepultó con el voto popular al régimen de facto que se entronizó por autoproclamación, como resultado del golpe de Estado el 10 de noviembre de 2019.


  • Bibliógrafo, presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.

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