noviembre 27, 2021

Advierten en Bolivia que cívicos de Santa Cruz buscan confrontación

La Paz-. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el Comité Cívico de ese departamento de Bolivia buscan posicionar su agenda política utilizando a un grupo de indígenas, según análisis publicado hoy en Ahora el Pueblo.

De acuerdo con el analista Hugo Siles, esta agenda política es de confrontación por tierras y responde a un propósito de conflicto con el gobierno de Luis Arce, por lo cual apoyan a la columna de manifestantes indígenas que se dirige hacia la capital cruceña sin un pliego de demandas.

En opinión de Siles, Camacho y el Comité Cívico utilizan a estas personas para defender a grandes terratenientes y empresarios que titularon sus predios ‘de manera rápida’ durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

Agregó que se sirven simbólicamente de los indígenas en una marcha que es parte de un esquema interesado contrapuesto ‘a cualquier forma racional de solución, negociación y de cumplimiento de demandas legítimas’.

El analista explicó que el solo hecho de que el jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, la bancada de Creemos y otros políticos de oposición expresen su apoyo a la marcha indígena y asuman un rol de interlocutores deslegitima esa movilización.

Señaló que este respaldo contrasta con la realidad ya que históricamente los pueblos originarios de las tierras bajas y altas del país han sido marginados por ellos.

Por otra parte, en julio pasado el ministro de Desarrollo Rural de Bolivia, Remmy Gonzales, afirmó que el gobierno de facto de Áñez favoreció con titulación de tierras a decenas de empresarios, principalmente del departamento de Santa Cruz.

El funcionario precisó que en casi un año desde noviembre de 2019, se otorgaron títulos con irregularidades sobre más de un millón de hectáreas, y unas 700 mil de estas quedaron en manos de 46 empresarios santacruceños.

También el pasado 14 de abril el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Eulogio Núñez, informó que paralizaron el proceso de titulación violatoria de 255 mil hectáreas de tierras que pretendían favorecer a grandes terratenientes en la gestión de Áñez.

Según declaró el titular de Desarrollo Rural, el Ejecutivo llevó el caso ante el Tribunal Agroambiental.

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