octubre 15, 2021

Consulta Popular de 2018 en Ecuador, un proceso nulo


Por Soledad Buendía Herdoíza * -.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el Informe de Admisibilidad No. 195/21 en el caso Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera contra del Estado ecuatoriano por la inconstitucional e ilegal destitución como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por la violación de derechos como consecuencia de la convocatoria a consulta popular realizada por el expresidente Lenín Moreno en octubre de 2017 y efectuada en febrero de 2018.

La CIDH admitió esta causa y con ello abre la posibilidad de que las autoridades ecuatorianas, entre ellas el propio Moreno, que violentaron la ley y la Constitución, sean juzgadas a nivel internacional.

Los demandantes solicitaron en su momento medidas cautelares ante la CIDH, alertando a esta instancia de la violación de la Constitución para colocar de manera discrecional a las autoridades de control y judiciales del país, al Fiscal, Contralor, Corte Constitucional, Defensor del Pueblo, entre otras.

El fondo de esta acción cuestionaría la legitimidad y legalidad de todo lo actuado por las autoridades de control y judiciales del Ecuador, pues se violentó el principio de legalidad.

El Informe de Admisibilidad menciona los derechos vulnerados: garantías judiciales (Artículo 8); derechos políticos (Artículo 23) y protección judicial (Artículo 25). Además, en referencia al Estado ecuatoriano añade que habría incumplido su obligación de respetar los Derechos Humanos y que adoptó disposiciones de derecho interno para su tutela efectiva (artículos 1.1 y 1.2), todos contenidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Se produjo en Ecuador una ruptura del orden constitucional. Existieron vicios de forma y de fondo en la consulta popular de 2018 y extralimitación de funciones por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que fuera presidido por Julio César Trujillo, en los procesos de evaluación, destitución y posterior designación de las autoridades de control y de la Corte Constitucional, lo que generó vulneración de derechos.

Esta admisión es un llamado de alerta al actual Gobierno, que ha anunciado una consulta popular con el fin de continuar con la desinstitucionalización del Estado. Las instancias internacionales son un espacio válido para buscar justicia y lograr que se restituya el Estado de derecho y las garantías constitucionales en el Ecuador.
Todavía falta camino por recorrer, es cuestión de tiempo para que brille la verdad como un derecho irrenunciable.


* Miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador.

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