Por La Época-.
Tras una valoración de un bien común superior: preservar la democracia y la recuperación de la economía, el gobierno del presidente Luis Arce, ha tomado la decisión de abrogar la ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del terrorismo, más conocida como la 1368, lo que debería de forma inmediata el paro de actividades que la derecha activó hace una semana en todo el país, aunque la protesta solo es tal en la ciudad de Santa Cruz.
El bloqueo y la violencia de los grupos de derecha, que provocó dos muertos -en Potosí y Santa Cruz- no pudo expandirse con la misma fuerza hasta otros departamentos y nunca llegó a La Paz, donde las incipientes actividades de la derecha no recibieron el apoyo de la población y en al menos dos oportunidades fueron neutralizadas por la movilización de militantes de izquierda. Y no llegar a La Paz ya es una serie desventaja para cualquier proyecto político, más aún si es desestabilizador.
La decisión de quitar esa norma legal en vigencia fue tomada por el Órgano Ejecutivo tras un diálogo que el Ministerio de Economía sostuvo con la dirigencia de los trabajadores gremiales en la ciudad de Cochabamba, en la que se reafirmó que la 1368 no afectaba a los sectores laborales y productivos de todo el país, pero que era aún más importante arrebatarle a la derecha cualquier pretexto para seguir avanzando en sus planes de desestabilización. El respaldo de la COB y el Pacto de Unidad también fue determinante para tomar la medida, con lo que se observa a un presidente que escucha las voces de la gente.
Si la derecha continúa con sus acciones violentas en Santa Cruz y los focos de protesta en otras ciudades crecen, querrá decir que nunca tuvo un interés real de carácter reivindicativo sino que el propósito de fondo, desde un principio, fue la interrupción de la continuidad democrática y el derrocamiento del gobierno legítimo del presidente Arce, quien fue elegido el 18 de octubre de 2020 por más del 55% de la población, en unas elecciones realizadas bajo amenaza permanente de la dictadura de Jeaninne Añez a los dirigentes de los movimientos sociales y del MAS.
Se hizo bien en aprobar la abrogación de la ley 1368. La arremetida de la ultraderecha se asentó en la construcción de un sentido común: que la norma afectada a todos, es decir a los más pobres, lo cual representa un llamado de atención al gobierno popular debido a la imposibilidad que todavía tiene de revertir la influencia predominante de los medios de comunicación opositores y la activa participación de la derecha en las redes sociales. La batalla de ideas es de primer orden pues la derecha combina todas las formas de desestabilización, entre ellas las de operaciones psicológicas.
La derecha está al desnudo. Su naturaleza violenta y antidemocrática la conduce a no aceptar un gobierno popular que no se somete a los mandatos de los organismos financieros internacionales, a las imposiciones de los Estados Unidos y de los países del capitalismo central, que se asienta en la participación de los movimientos sociales y que redistribuye la riqueza nacional para beneficio de todos y todas, principalmente de los mas pobres.
La derecha perdió. El gobierno hizo una hábil jugada. La política es como el ajedrez.
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