Arturo Murillo Prijic, nació en Cochabamba el 27 de diciembre de 1963. Fue empresario, pero se dejó tentar por la política, sin saber el destino que le esperaba. Se desempeñó como diputado y senador, pero tomó mayor protagonismo tras la crisis social y estatal de 2019.
Murillo, antes de ser posesionado como ministro de Gobierno, anunció una “cacería de masistas”.
“Inmediatamente me posesionen y me ponga en reunión con la Policía (…) vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, porque es cacería, ese es un animal que está matando gente en nuestro país, no lo vamos a permitir (…). Ahora voy a operar con el Ministerio de Gobierno y esas personas que empiecen a correr, porque los vamos a agarrar», advertía horas previas a su posesión; meses después, se dio a la fuga.
Murillo, junto al régimen de Jeanine Áñez obtuvo el poder por la fuerza y fue conocido por muchos como el “cazador”, por la persecución política que ejerció.
El hombre fuerte de Áñez adquirió un lote de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana, de la empresa Cóndor, pero a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones; se presume que en esa oportunidad se hizo la compra con sobreprecio de $us 2,3 millones.
Según el gobierno de facto, se adquirió ese lote para enfrentar al “terrorismo y al narcotráfico”; sin embargo, fue utilizado para reprimir a la población que reclamaba respeto a la democracia tras la crisis política y social.
“La empresa Bravo Tactical Solutions, a través de la cual empiezan a comprar con sobreprecio, y como intermediarios, las armas para reprimir al pueblo boliviano”, informó el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en mayo de 2021, cuando revelaba cómo funcionó el “Clan mafioso de Áñez”.
En octubre de 2020, tras las elecciones huyó a Estados Unidos (EEUU) para evadir a la justicia; sin embargo, en mayo fue aprehendido y encarcelado.
Está preso en Miami a la espera de su juicio oral acusado de recibir sobornos pagados por una empresa e individuos estadounidenses para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar el dinero.
Murillo, en complicidad con Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, presuntamente participó en el plan de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.
Ahora es el preso N° 02358-506 acusado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó una fianza de $us 250.000 para que Murillo pueda salir de prisión y defenderse en libertad; sin embargo, debía demostrar la legalidad del dinero para pagar su fianza y no logró hacerlo.
El 8 de diciembre, Murillo se declaró no culpable de los delitos de sobornos y lavado de dinero, por lo que se programará una nueva audiencia del juicio con jurados.
“Ha decidido, en consulta con su defensa, declararse no culpable”, informaba en conferencia de prensa el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Para el 18 de enero, se dará lectura a la sentencia de los cuatro implicados quienes ya se declararon culpables de manera voluntaria y sin previa negociación, sindicados por delitos de corrupción, que hacen casi imposible que Murillo pueda justificar inocencia.
“Es contundente, ante cuatro declaraciones de culpabilidad de forma voluntaria es muy difícil sostener (para Murillo), yo entiendo por lo menos, alegando supuestamente inocencia, es muy difícil de sostener”, sostuvo Chávez.
Uno de los abogados del bufete Greenber Traurig, que contrató Bolivia para seguir el caso en Miami, Daniel Pulecio, sostuvo que es posible que Murillo esté preparando su declaratoria de culpable y que junto a la fiscalía estadounidense llegue a un acuerdo para que sea evaluado por la justicia.
“Yo estimaría que es posible que, para el mes de febrero, la Corte empiece a emitir las diferentes sentencias ya con días y años en contra de cada uno de los coacusados”, aseguró cuando fue entrevistado por Bolivia Tv.
Juicio civil en contra de Murillo y sus cómplices
A su vez, el Gobierno boliviano inició un juicio civil ante tribunales de EEUU en contra de Murillo y sus cómplices para recuperar el dinero del sobreprecio por la compra de los gases lacrimógenos. La Justicia estadounidense programó este juicio para octubre de 2022.
“Nuestro juicio civil va a ser al siguiente año, en el mes de octubre, para ello todo este año tenemos que preparar y seguir el calendario procesal que ha establecido el juez del caso (…). Buscamos dos cosas, que devuelvan el dinero del sobreprecio, ahora confeso, y por otro lado que nos reparen el daño que nos han causado”, aseveró Chávez en conferencia de prensa.
Según Chávez, se pretende que los imputados devuelvan el dinero del sobreprecio de $us 2,3 millones, en su integridad, y además paguen por los daños y perjuicios que ocasionó la compra con sobreprecio.
“Que devuelvan el dinero y nos paguen los daños y perjuicios, ese dinero no era para robo, necesitábamos para (enfrentar) la pandemia (…). Eso han hecho con el país, no es cualquier caso, eso debe llegar a la conciencia de la gente, para ver cómo gobierna la derecha, así, robando gobierna la derecha”, reprochó la autoridad.
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