La Paz-. El Ministerio de Gobierno de Bolivia requirió hoy de la Fiscalía la imputación de dos exoficiales implicados en el golpe de Estado de noviembre de 2019 por presunto contrabando de municiones antimotines importadas ilegalmente desde Argentina.
“Solicito a sus autoridades la imputación contra Gral. Vladimir Yuri Calderón Mariscal (Excomandante de la Policía Boliviana), el Gral. Jorge Gonzalo Terceros Lara (Excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana) en la comisión del delito de tráfico ilícito de armas”, expresa la petición.
Añade el escrito al que tuvo acceso la prensa que esa acción ilícita está contemplada en el “artículo 141 quarter del código penal boliviano (Sic)”.
El documento incluye la petición de que se informe al respecto al juez de control de garantías del caso con el objetivo de que los acusados ejerzan su derecho a la defensa.
También se solicita su detención preventiva con el argumento de que existen suficientes elementos de convicción sobre la autoría y participación en los hechos de Calderón y Terceros, además de “encontrarse latentes los riesgos procesales de fuga y obstaculización”.
Los indicios de este caso surgieron a partir de una nota firmada por Terceros en noviembre de 2019 y encontrada en la Cancillería, en la cual agradece el envío al entonces embajador de Argentina ante La Paz, Normando Álvarez.
Una denuncia pública sobre el tema realizó en julio de 2021 el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien mostró entonces a los periodistas parte de los medios represivos enviados por los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, y Lenin Moreno, de Ecuador, tras el derrocamiento del exmandatario Evo Morales.
Según del Castillo, el arsenal hallado en los depósitos de la Policía boliviana ingresó al país altiplánico procedente de Argentina el 13 de noviembre de 2019, e incluía cerca de 27 mil cartuchos de perdigones de goma, 28 gases aerosol MK-4, 9 MK-94; 55 granadas CN, 53 de gas H y 19 de gas CS.
El ministro calificó no irregular y no autorizada la entrada de este material bélico por no contar con ningún tipo de registro formal ni haber seguido los procedimientos establecidos en las leyes vigentes.
Diferenció esa carga de otra recibida en la misma fecha, la cual fue autorizada con una nota previa en la Cancillería de Bolivia y que se destinó a la seguridad de la embajada de la nación rioplatense en La Paz en medio de la conmoción social generada por el golpe de Estado.
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