mayo 19, 2022

Minería y Derechos de la Madre Tierra: ¿cómo encarar la batalla?

Por Cynthia Silva Maturana *-.


En la última década las actividades mineras se han expandido en toda la región de la Cuenca Amazónica, en razón del incremento de los precios internacionales, particularmente del oro, y la falta o debilidad en las normativas nacionales que respondan a las dinámicas socioeconómicas relacionadas con esta actividad, en todos los países de la Región. Esta situación ha sido agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19, que ha afectado profundamente los ingresos de miles de familias, que ven en la minería aurífera, a través de la organización de cooperativas, la posibilidad de recuperar su situación, llevando en el caso de Bolivia a una proliferación de operaciones mineras auríferas que actúan en la total ilegalidad.

Esta situación genera graves impactos ambientales, en la economía local, en la salud de las comunidades y poblaciones relacionadas con la actividad o indirectamente relacionadas con las zonas de operación, dando paso a una vulneración de los derechos ambientales, sociales y económicos de importantes poblaciones.

Uno de los impactos de las actividades mineras ilegales se refiere a la afectación de las áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi en Bolivia, que es una de las 80 áreas protegidas de la Cuenca Amazónica, con presencia de minería ilegal, de acuerdo a un estudio realizado en 2012 por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), abarcando información producida por equipos nacionales para Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela [1].

La minería que no se ejecuta con estándares de protección ambiental y respeto a los derechos causa impactos que no se circunscriben únicamente a las zonas de operación minera, sino que afectan grandes regiones de la cuenca. Un ejemplo es el efecto de la contaminación por mercurio, que afecta a especies como los peces, que son la base de la alimentación de comunidades indígenas y campesinas y forman parte de la oferta alimenticia para numerosas operaciones turísticas. El mercurio tiene un efecto grave en la salud humana, afectando el desarrollo y funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso central, ocasionando daños en el largo plazo.

También se ha identificado la presencia de trabajo infantil en los campamentos mineros ilegales, aspecto que está penado por ley en todos los países de la Cuenca Amazónica, pero que sigue siendo una realidad. Aunque no se cuentan con estudios actualizados en los países, excepto Colombia, que ha desarrollado un censo minero en su país, ya en 2005 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertaba que en Bolivia, Ecuador y Perú el número de niños, niñas y adolescentes involucrados en la actividad minera era de 65 mil [2].

Por otro lado, no se puede desconocer que la minería, particularmente las cooperativas mineras, son una parte fundamental no solo de la historia de Bolivia, sino del desarrollo de las economías locales y la economía nacional. En Bolivia la producción de oro a 2020 se concentra en el Departamento de La Paz, con el 71,9% de la producción nacional, por encima de Beni, que concentra el 18,9%. Ese mismo año las cooperativas mineras produjeron 21,8 T de las 23,2 T producidas en el país, que representa el 94% del total de la producción nacional [3].

Para el tercer trimestre de 2021, de las 30,8 TMF (toneladas métricas finas) de producción de oro fueron exportadas 30 TMF, equivalente a mil 742 millones de dólares. Este volumen es en 92% producido por las cooperativas y apenas un 8% por minería privada [4].

Aunque existe todavía un vacío normativo y una serie de procesos no regulados ni controlados que llevan a que la producción de oro no aporte adecuadamente al presupuesto nacional, sin duda ofrece la oportunidad de empleo y desarrollo en una actividad económica rentable para miles de familias en nuestro país. Y en torno a las operaciones mineras se desarrolla una economía local, de comercio y de producción, siendo tales operaciones altamente demandantes de una diversidad de insumos y servicios, pudiendo decirse que las actividades mineras son dinamizadoras de la economía local.

Por ejemplo, según cifras de la Gobernación de La Paz, el año 2010 había registradas 459 cooperativas mineras auríferas en el Departamento de La Paz. Una década después, en 2020, el número de cooperativas registradas se incrementó a mil 300, donde se estima que trabajan unas 100 mil personas, aproximadamente [4].

Enfrentarse contra la fuente de ingresos de más de 100 mil familias solo puede llevar a provocar conflictos, situaciones de violencia, que no permitirían el camino del diálogo; pero tampoco se puede cerrar los ojos a la pérdida de los ecosistemas naturales y la afectación permanente de los derechos de diversas comunidades.

Encarar esta situación se hace urgente, aunque no debiera pasar por la satanización de las familias mineras ni de las operaciones cooperativistas, sino por una aproximación en la que todos los actores económicos, así como las entidades estatales con responsabilidad, establezcan un mecanismo de diálogo y construcción de soluciones para el mediano y largo plazo, en un marco de lucha conjunta contra las actividades ilegales y de promoción de una minería de bajo impacto.

También puede contribuir la articulación de esfuerzos entre todos los países de la Cuenca Amazónica, compartiendo las experiencias en la formalización de la minería ilegal, los procesos de transformación tecnológica, el desarrollo de normativa comparable y otros, que pueden promover la construcción de soluciones conjuntas, particularmente para las actividades mineras que se realizan en las fronteras.

Es sin duda el momento de encarar la recuperación de la ruta hacia el Vivir Bien en las regiones mineras, y en todas las regiones afectadas directa o indirectamente por esta actividad, en un marco de responsabilidad de los actores económicos y las autoridades del Estado.


  • Bióloga, militante del Proceso de Cambio, miembro del Comando Madre Tierra y exviceministra de Medio Ambiente.

1       Heck, C. y C. Ipenza (Eds.). La realidad de la minería ilegal en los países amazónicos. SPDA, Lima, 2012.

2       OIT. Qué hacer para liberar a los niños del trabajo infantil minero. Marco conceptual. Lima, 2005.

3       https://www.noticiasfides.com/opinion/alfredo-j-zaconeta-t/el-oro-en-       bolivia-bonanza-que-no-brilla#:~:text=En%20Bolivia%2C%20la%20producci%C3%B3n%20de,total%20de%20la%20producci%C3%B3n%20                nacional

4       Ministerio de Minería y Metalurgia. Situación de la minería y boletín estadístico al tercer trimestre 2021. Cepal, La Paz, 2021.

 

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