mayo 18, 2022

Comité presenta demanda penal contra exgabinete de Áñez por hechos de 2019

El Comité Impulsor del Juicio contra los Autores del Golpe de 2019 presentó este lunes una nueva demanda penal contra quienes conformaron el gabinete de ministros en el régimen de Jeanine Áñez.

“Presentamos una denuncia denominada ‘Demanda contra el Gabinete de la Muerte’, en este orden hemos posesionado cuatro tipos penales (…) además por conspiración y terrorismo en la vía penal ordinaria”, informó el coordinador de este comité, Aldo Michel.

El jurista explicó que Áñez y sus ministros deben ser investigados por conspiración, terrorismo y otros delitos, por la aprobación del Decreto 4078.

“En primera instancia, la señora Jeanine Áñez y todo su gabinete que procedió a implementar el Decreto 4078 denominado el ‘Decreto de la Muerte’, por el cual pretendió instalar una acción de absoluto respaldo legal para que el Ejército y la Policía haga carne de nuestro pueblo”, acotó.

Además, señaló a Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y otros como operadores políticos que desencadenaron estos hechos. Aseveró que su denuncia presenta pruebas documentales.
El régimen de Jeanine Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, 14 de noviembre de 2019, conocido también como el “Decreto de la Muerte”. Esta norma sirvió como aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) repriman al pueblo que reclamaba respeto a la democracia.

“El personal de las FFAA., que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art.11 y 12 del Cód. Penal. Ley Nº 1760 y el Código de Procedimiento Penal (sic)”, se leía en el Artículo del Decreto.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) en su informe sobre los hechos de 2019 indicó que, desde la publicación del decreto, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido de la norma.

El GIEI indica en su informe que el 28 de noviembre de 2019 se derogó el decreto. Para ese entonces, las masacres de Senkata y Sacaba, considerados por el equipo internacional como “los dos hechos de violencia con mayor número de víctimas mortales como resultado de un operativo conjunto entre FFAA y Policía”, ya habían acontecido el 15 y 19 de noviembre.

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