mayo 16, 2022

Descaro imperial sobre los derechos humanos en Bolivia


Por La Época-.


El informe de Derechos Humanos emitido por el Departamento de Estado hace unos días no tiene ninguna sorpresa estructural. En términos generales y con un estilo bastante rudimentario en su formulación, el documento global gira de manera recurrente en su critica radical a los gobiernos que se oponen a la declinante hegemonía estadounidense, sean estos progresistas, de izquierda e incluso de derecha que no comulgan con los mandatos imperiales.

En el caso específico de Bolivia, el Departamento de Estado omite, como era previsible, mencionar que en noviembre de 2019 se registró una ruptura del orden constitucional y un golpe de Estado contra el Proceso de Cambio y el presidente Evo Morales. Y, como consecuencia de esa caracterización, el informe sostiene, en abierto desconocimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes, que la ex presidenta de facto debería ser procesada mediante juicio político (de responsabilidades y ante la Asamblea Legislativa Plurinacional) y no penal (ordinario) como ocurre en la actualidad. El Departamento de Estado, que fue el primero en reconocer a la presidenta de facto tras el golpe de Estado del 10 de noviembre, también sostiene que el plazo de detención preventiva ya se ha vencido.

Frente a esa cadena de argumentos falaces (de los que nacen luego las llamadas fake news), nunca será suficiente sostener lo siguiente: la actual legislación en materia de detención preventiva establece que cualquier persona encausada por la comisión de un delito, que en un año no haya sido acusada, debe defenderse en libertad. Este no es el caso de Añez, quien fue detenida el 13 de marzo de 2021 con claras señales de obstaculizar la justicia y acusada por el Ministerio Público en febrero pasado por los delitos de violación de la CPE y por dictar resoluciones contrarias a la Constitución. En segundo lugar, Añez esta siendo procesada por la justicia ordinaria por los delitos cometidos antes de que asumiera ilegal e inconstitucionalmente la presidencia del país. En otra competencia están los delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, como son las masacres de Sacaba y Senkata,

¿Ese informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia es un error de interpretación de parte del Departamento de Estado? No, no lo es. Estados Unidos fue parte del bloque internacional que activó una estrategia de carácter continental contra la democracia en Bolivia y que se tradujo en el golpe de Estado. Y toda la violación de derechos humanos durante un año contó con la complicidad del gobierno estadounidense del que también debe rendir cuentas a los bolivianos y las bolivianas. Lo que busca ahora el Departamento de Estado es encubrir las huellas que dejó por su apoyo a la ruptura constitucional.

Pero no solo eso, EEUU busca afectar la imagen del presidente Luis Arce mediante la construcción de matrices de opinión que generan sensibilidad en sectores políticamente atrasados y que refuerzan la narrativa opositora. Una de ellas es de la violación de derechos humanos. Tremendo descaro imperial.

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