julio 3, 2022

Exmagistrado pide juicio ordinario para Áñez contra la impunidad

La Paz-. La exsenadora boliviana Jeanine Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria y no como su defensa pretende por un juicio de responsabilidades, afirmó hoy el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Orlando Ceballos.

“A ellos les corresponde un juicio ordinario (…) Un juicio de responsabilidades le permite a Jeanine Áñez y sus colaboradores tener más posibilidades para que esto nunca concluya y se imponga la impunidad”, aseguró el experto.

Ceballos explicó en entrevista a la Red Patria Nueva que los delitos por los que se investiga a Áñez y algunos de sus aliados en el caso Golpe de Estado II fueron cometidos cuando ella era senadora.

Áñez es juzgada en esta causa por la vía ordinaria bajo la imputación de presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

Se investigan en este expediente las supuestas acciones de la exlegisladora cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 primero su titularidad y, posteriormente, la jefatura del Estado en forma anticonstitucional.

Según la Fiscalía, más de 70 pruebas y casi una veintena de declaraciones testificales evidencian que la ahora encarcelada preventivamente en el reclusorio femenino de Miraflores adecuó su conducto a esas tipificaciones penales.

Como coacusados en Golpe de Estado II concurren el exjefe del Estado Mayor Flavio Arce y el excomandante del Ejército Pastor Mendieta.

El general Gonzalo Terceros, extitular de la Fuerza Aérea, y el almirante Palmiro Jarjuri, excomandante de la Armada, se declararon culpables y fueron sentenciados a tres años de cárcel.

Prófugos de la justicia se encuentran el exjefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Evo Morales, Williams Kaliman, y el general Sergio Orellana, quien ocupó esa responsabilidad durante el Ejecutivo de facto.

Junto a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán la exgobernante de facto también es acusada en la causa Golpe de Estado I de conspiración y terrorismo por los crímenes cometidos después que ella firmó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto Supremo 4078.

La normativa conocida popularmente como “de la muerte” exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares por los crímenes cometidos durante la represión a los manifestantes antigolpistas.

Tal uso de la fuerza dejó un saldo de 37 muertos, 800 heridos y más de 500 detenidos, según el informe publicado en diciembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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