julio 3, 2022

Familiares y víctimas de masacre de 2019 en Bolivia piden justicia en nueva manifestación

LA PAZ (Sputnik) — Decenas de familiares y víctimas de la masacre ocurrida en 2019 en Senkata, cerca del municipio boliviano de El Alto, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para pedir que se cumplan compromisos firmados tras los incidentes.

«Estamos realizando esta movilización en busca de justicia, no nos vamos a mover si no tenemos audiencia con el presidente, ya no queremos hablar con ministros, ya nos han mentido, tenemos seis actas firmadas, no nos han cumplido, seguimos perseverando pidiendo justicia pero no nos dan a nosotros la justicia como víctimas», dijo Oscar Saavedra, uno de los heridos en la masacre, a medios locales.

Senkata es el sitio donde ocurrió una de las tres operaciones policiales y militares de represión que provocaron más de una veintena de civiles muertos en los primeros días del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), instalado tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

El 19 de noviembre de 2019, cinco días después de que la represión a una manifestación antigolpe dejara al menos 11 campesinos muertos en Sacaba (Cochabamba, centro), las fuerzas movilizadas por Áñez arremetieron contra vecinos cerca de la planta de almacenamiento de combustibles de Senkata, provocando otros tantos fallecimientos y más de un centenar de heridos.

En febrero de este año, el relator de Naciones Unidas (ONU) para la independencia judicial, Diego García-Sayán, advirtió que la aplicación de la justicia contra los responsables de las masacres políticas de 2019 en Bolivia está pendiente debido principalmente a los pocos avances de la investigación.

Las masacres de 2019 fueron denunciadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), primero en un reporte preliminar y luego en una amplia investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apuntaron a la responsabilidad del Gobierno interino de Áñez.

Por ahora, Áñez está siendo procesada por vía ordinaria por supuestos delitos que le permitieron acceder al poder y no por las masacres y otros actos en función de presidenta, que corresponderían a juicios de responsabilidades.

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