agosto 16, 2022

¿Y el presupuesto para la lucha contra la violencia hacia la mujer?

Por Rodolfo Perales Arce * -.


A inicios del presente año autoridades femeninas del Gobierno, acompañadas con representantes de movimientos sociales de mujeres, declararon este 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres”, con el fin de establecer mayores mecanismos de información que permitan dar a conocer las acciones desarrollada para enfrentar esta problemática.

Tener mayor conocimiento de los delitos que más se cometen en Bolivia y aquellos vinculados a la violencia contra la mujer ayudaría a “pisar tierra” y tomar conciencia de lo serio de este asunto; asimismo, entender la normativa legal que busca garantizar a las mujeres el derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica, y el conocer el financiamiento que los niveles de gobierno realiza para dar cumplimiento.

Según la información publicada por la Fiscalía, hasta el mes de marzo 23 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y si nos remitimos a la gestión pasada se confirmaron 108 feminicidios: 43 en La Paz, 17 en Santa Cruz, 15 en Cochabamba, 10 en Oruro, 10 en Potosí, seis en Chuquisaca, tres en Beni, tres en Tarija y uno en Pando, delitos que fueron realizados por hombres con relación de parentesco con la víctima.

Otro dato alarmante señala que en Bolivia los delitos de violencia familiar alcanzan el 50% del total; seguido de los robos con el 14%; lesiones graves y leves un 11%; y entre hurto, estafa, robo agravado y lesiones vinculadas a accidentes el restante 25%; esto implica que nueve de cada 10 víctimas de violencia familiar o doméstica fueron mujeres.

Con esta problemática el Gobierno, en el año 2013, promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, planteando la implementación de mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención y protección a las mujeres. Esta ley manda a todas las entidades públicas, incluyendo a las gobernaciones y municipios, a llevar a cabo las acciones necesarias y destinar recursos suficientes para este fin.

A la mencionada norma adicionalmente se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), como organismo especializado de la Policía Boliviana; se establece el sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia, y con su reglamentación se definen porcentajes que las entidades deben destinar para financiar todas estas políticas.

Por otra parte, al revisar la normativa que regula el financiamiento de los recursos que reciben las gobernaciones por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), el 10% se destina a seguridad ciudadana, y de ese porcentaje un 15% es para actividades de prevención y para la construcción y mantenimiento de casas de acogida y refugios; a este porcentaje se suma el 10% para la infraestructura y equipamiento de la Felcv.

En el caso de los municipios ocurre algo similar, con la siguiente diferencia: del IDH que reciben, según la población, se destina entre el 5% al 10% para seguridad ciudadana, y de estos porcentajes aquellos con menos de 15 mil habitantes utilizan 15%, y los que cuentan con una población igual o mayor a 15 mil habitantes disponen el 20% del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana para la prevención y construcción de casas de acogida, y 10% para la Felcv.

Evidentemente el nivel central del Estado también destina recursos para este fin, como por ejemplo el Bono Juana Azurduy, los establecimientos de salud como el hospital materno de la Caja Nacional de Salud, o el financiamiento de las fiscalías o juzgado.

Desde la perspectiva del análisis plantado, existe una amplia normativa que define políticas, estructuras de financiamiento e instancias destinadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer, sin embargo, no se ha podido revertir esta situación, probablemente porque son necesarios mayores mecanismos de seguimiento y control en todas las instancias involucradas, aunque igual es importante que la sociedad tome conciencia y asuma su responsabilidad para afrontar este mal. ¿Tú qué opinas?


*       Economista.

Sea el primero en opinar

Deja un comentario