agosto 10, 2022

La nacionalización y el Proceso de Cambio


Por La Época -.


En los últimos días, a propósito de lo que Bolivia deberá pagar por el “retraso injustificado” en la nacionalización del sistema de pensiones al BBVA, unos 105 millones de dólares, los políticos de la oposición, entre ellos el expresidente Carlos Mesa, han salido a descalificar la política de nacionalizaciones que el Proceso de Cambio y el gobierno del presidente Evo Morales llevaron adelante.

Así, los medios de comunicación hegemónicos se han encargado de hacer una recopilación, mal hecha y sacada de contexto histórico, para sostener que Bolivia ha enfrentado varios procesos legales que le han costado más de 714 millones de dólares a favor de más de 12 empresas extranjeras.

Esta oposición político y mediática presenta como novedad algo que salió a luz al momento en que el Estado, con nuevos titulares al frente, tomó la decisión de cumplir con la “Agenda de Octubre”, elaborada por las clases subalternas en medio de la resistencia a la intención del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y su vicepresidente Mesa de exportar gas boliviano a los Estados Unidos en condiciones absolutamente leoninas para el país. Es más, esta Guerra del Gas se tradujo no solo en el mandato de la nacionalización de los hidrocarburos, sino en que el Estado recuperara el control de los recursos naturales, abrogara el neoliberalismo y convocara a una Asamblea Nacional Constituyente.

El 22 de enero de 2006, en un giro histórico, se iniciaba el Proceso de Cambio. El 1 de mayo de ese mismo año, sin tiempo que perder, se daba impulso a la tercera nacionalización del petróleo de nuestra historia. Medidas similares se tomarían en materia de telecomunicaciones y otras. Por eso, siendo objetivos, no podrá rebatirse el hecho de que la “Agenda de Octubre” fue cumplida, en esencia, en la primera gestión del presidente indígena. Es verdad, también habrá que reconocer, desde una mirada retrospectiva, que no se han tomaron medidas similares en materia minera, y otros sectores, para afectar los intereses de la burguesía hegemónica.

Desde un principio estaba claro que la recuperación de los recursos naturales y de las empresas que el neoliberalismo había enajenado durante 20 años se tenía que hacer o por la vía de la expropiación o la de la indemnización. La primera era bastante difícil de seguir, dado el contexto nacional e internacional. Entonces había que hacerlo por la segunda vía y los números cerraban. A pesar de lo que iba a implicar en recursos, Bolivia iba a salir más beneficiada. Obviamente las empresas extranjeras no aceptaron lo que Bolivia les ofreció y optaron por el arbitraje internacional a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial (BM).

La nacionalización ha implicado indemnización, pero en términos generales representa el 24% de lo que inicialmente demandaban estas empresas extranjeras. A cambio de eso, miles de millones de dólares han ingresado al Estado.

Con un modelo económico exitoso, Morales en 14 años, y ahora Arce (quien fue el ministro de Economía del primero), han logrado que el país recupere excedentes que en el neoliberalismo se iban al exterior y que ahora se distribuyen en beneficio de la población y le dan al Estado la posibilidad de llevar adelante una buena política de inversión en todos los campos.

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