Por La Época-.
La decisión del Cabildo de Santa Cruz de dar al Gobierno 21 días de plazo para que se comprometa a realizar el Censo en 2023 no es una casualidad. Lo que hace la ultraderecha cruceña es una apelación a la memoria colectiva de los que en 2019 formaron parte de un golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales y que interrumpió la continuidad del Proceso de Cambio y el orden democrático.
El apelar a este recurso simbólico y político implica tocar los tambores de guerra para librar una batalla por un empadronamiento nacional de población y vivienda en el tiempo elegido por la dirigencia política de ese departamento. Pero, es algo más. Los puntos aprobados por la concentración del viernes pasado en realidad están orientados a promover y desencadenar una movilización antidemocrática para derrocar antes de noviembre al presidente Luis Arce, quien el 8 de ese mes cumplirá dos años como jefe del Estado Plurinacional tras la recuperación de la democracia en octubre de 2020.
Con total desprecio por la opinión y la posición del resto de los departamentos, incluido varios municipios del propio departamento oriental, la ultraderecha cruceña coloca como pretexto la propuesta de que el Censo se debe hacer en 2023 y que los resultados se deben conocer en el plazo de 120 días, cuando el Gobierno ha demostrado, con criterios técnicos, que no hay posibilidades de iniciar dicho proceso antes de 2024 y que los resultados demandarán 360 días. Y el desprecio está en que ocho de las nueve gobernaciones, nueve de las 10 universidades públicas y la mayoría de las alcaldías del país han aceptado que el empadronamiento se lleve a cabo hasta antes del segundo semestre de 2024.
La amenaza de paro indefinido, luego de cumplirse esos 21 días de plazo, es un atentado contra la democracia y en ese plan están la mayor parte del bloque político-social que lideró la interrupción democrática de 2019. No solo son el gobernador Camacho y el dirigente cívico Calvo, sino que entusiastas se han sumado los militantes de Comunidad Ciudadana (CC) a la cabeza del excandidato presidencial Gustavo Pedraza, un político de mediocre incidencia en esa ciudad. Ni qué decir de la mayor parte de los medios de comunicación hegemónicos y de la jerarquía católica.
No debería caber duda que esta movilización contra la democracia cuente con el respaldo de la embajada de Estados Unidos, cuyos funcionarios desde los tiempos de Golberg (expulsado en 2008) han convertido a Santa Cruz en su punto central de actuación.
Lo que resta saber es qué papel van a cumplir los empresarios de ese departamento, en un momento en que el Gobierno los ha convocado a construir una agenda común para seguir por el camino de la reactivación de la economía y para enfrentar en mejores condiciones los efectos de la recesión de la economía mundial capitalista. Lo más probable es que, como siempre, una parte mayoritaria juegue a la estrategia del doble riel: financiar la conspiración contra el Gobierno, por un lado; y tratar de obtener beneficios, por otro.
Sin embargo, la pregunta de fondo es: ¿Hay en el país condiciones y correlación de fuerzas sociales similares a 2019? La respuesta está por saberse.
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