Por Rafael Villarroel -.
El último aniversario del Comité Cívico Pro Santa Cruz y las declaraciones de su presidente en torno a los logros obtenidos a lo largo de su historia abren espacio para reflexionar sobre la representación que ejercen estos comités corporativos y la necesidad de su democratización a la luz de los tiempos que vivimos hoy.
El presidente cívico, en su salutación de aniversario, hizo referencia a los aportes hechos por el movimiento cívico en favor de las autonomías y la profundización del proceso democrático, atribuyéndose el logro de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, quedó claro que el comité cívico, como la mayoría de los comités que se constituyeron alrededor del país, tiene una estructura corporativa o de “sectores institucionales”, en que estos son los que toman a su cargo el nombramiento de sus representantes, sin que medie una elección directa con la participación de los integrantes de aquellos colectivos. Lo que importa es una práctica democrática restringida.
Ahora bien, es innegable el papel desarrollado no solo por el comité cívico cruceño, sino por el movimiento cívico boliviano; también resulta en un contrasentido advertir que en el transcurso de los casi tres cuartos de siglos de presencia de estos corporativos no se hayan modificado sus estructuras en función a una democracia representativa, y que se sigan eligiendo a sus representantes por medio de designaciones por instituciones afiliadas y no se haga una votación que convoque de manera directa al debate de ideas y la contraposición de posiciones que puedan representar de mejor manera el sentir de la población.
En paralelo, debe tenerse en cuenta que esta práctica de elección a través de corporativos ha producido una crisis de representatividad en otros departamentos, puesto que, como consecuencia de la fórmula de elección, surgen instituciones de objeto análogo que se arrogan la legitimidad para ejercer la representación de la población, generando así una duplicidad que acaba en una anulación fáctica de estos comités.
Hoy vemos que, como reacción a algunas determinaciones de estos comités, comienzan a surgir voces que cuestionan su papel. Asimismo, otros colectivos disidentes acusan que no se encuentran representados por estos corporativos y que tampoco fueron consultados en cuanto a las decisiones adoptadas que los afectan, restringiéndolos en el ejercicio de sus derechos. Ante esto, resulta que la fórmula democrática es la ideal para poder tener un nivel de certeza en relación a la legitimidad de la representación alegada, ya que de mediar una elección con mayor democracia los comités ganarían en legitimidad y representación. Sin embargo, esto implica el sacrificio de una articulación rápida, pero antojadiza, alrededor de algunos intereses mezquinos.
En suma, es necesario que los comités cívicos avancen en sus propios procesos de democratización, en aras de despejar las dudas que se van posicionando alrededor de su legitimación para el ejercicio de la representatividad que pretenden ejercer, y así puedan revitalizarse en cuanto a su representatividad y vigencia.
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