Por Marcelo Ticona -.
Muchos analistas y políticos argumentan que la corrupción en ámbitos privados no daña a los ciudadanos, que simplemente es un daño entre partes y que por tanto debe arreglarse a nivel de juzgados. Sin embargo, lo ocurrido con Banco Fassil nos demuestra lo contrario.
Recordemos que, desde plataformas políticas, a través de las redes sociales, se pretendió tomar como una verdad que el dueño del mencionado banco es un exvicepresidente del Estado. También se rumoreaba que los principales accionistas eran empresarios venezolanos que captaban dólares de los ciudadanos bolivianos para llevarlos a su país, que su sufre un bloqueo financiero. Sin embargo, cuando se intervino la entidad financiera por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se pudo establecer claramente que los principales accionistas eran empresarios cruceños, ligados a consorcios empresariales, que lograron establecer toda una red de créditos direccionados y vinculados a sus intereses.
La asonada de 2019 que se dio en el país, misma encabezada y financiada por algunos grupos empresariales cruceños, una vez tomado el poder constató que la designación de autoridades que se dio resultó en allegados o incluso empleados de estos empresarios. Pero si su actuar hubiera sido transparente no se tendrían objeciones a su trabajo. Las irregularidades administrativas y financieras fueron públicamente conocidas. Recordemos que los casos más emblemáticos eran las irregularidades en la compra de respiradores y de gases lacrimógenos.
Dentro de esas irregularidades administrativas está la siguiente: Que las autoridades competentes del sistema financiero del gobierno de Áñez recepcionaron la solicitud del Banco Fassil al emitir un informe sin observaciones respecto a la situación patrimonial, para que de esta forma las autoridades de ese régimen autorizaran la capitalización a través de un crédito de Bs106 millones, olvidando aplicar los procedimientos técnico financiero. Y lo peor fue que las autoridades de ese entonces no recordaron que una de sus principales acusaciones era que el Estado generaba mucho crédito interno, pero cuando se trataba de los amigos ese criterio quedó en el olvido.
Podría decirse, o especular, que ese cambio de actitud fue para apoyar a los empresarios “amigos” que apuntalaron la asonada de 2019, pero extraña que los analistas económicos de siempre se queden callados ante semejantes irregularidades. Para estos analistas ya no se estaban utilizando las joyas de la abuelita para financiar empresas deficitarias privadas, sorpresivamente el Estado ya no estaba raspando la olla, parecía que para estos agoreros de la crisis la salvación llegó con el gobierno de Áñez.
Tampoco estos analistas dijeron, ni dicen, nada respecto a la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Vociferan indicando que es mucho riesgo que nuestros aportes sean invertidos en títulos valores del Estado, pero guardan un silencio cómplice cuando las AFP invirtieron mil millones de dólares. Para estos analistas, con esas inversiones no corren riesgo nuestros aportes, y mucho menos nuestra jubilación, prueba clara que sus análisis van cargados de ideología política conveniente a sus intereses personales y/o de grupo.
La ciudadanía está consiente que aquellos analistas y políticos que sueñan con la llegada de la crisis económica emiten opiniones y juicios de valor donde priman los intereses políticos y no como debería ser, una opinión con un análisis técnico financiero.
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