Por Osmara Morales Paredes *-.
Después de una larga experiencia, durante 26 años en los que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se hicieron cargo de las jubilaciones en nuestro país, el inicio de operaciones de la Gestora Pública completa un proceso que permite la recuperación de la soberanía del Estado boliviano en la Seguridad Social de Largo Plazo, a cargo de una empresa nacional que representa y administra el Sistema Integral de Pensiones por mandato del pueblo.
Para entrar en contexto, es importante recordar cómo llegan las AFP al país. Fue en el año 1997, como parte de un modelo económico neoliberal, cuyo objeto era desplazar en todo ámbito económico la participación del Estado, implementando políticas destinadas a la privatización de nuestros recursos naturales, servicios estratégicos y también de la Seguridad Social de Largo Plazo.
Para completar esta intención, en el periodo neoliberal se dio curso a un proceso de licitación para la administración de los aportes previstos para nuestra jubilación, cuyo desarrollo concluyó en la adjudicación a dos grandes empresas transnacionales, mismas que conformaron sociedades anónimas para operar en el territorio nacional, denominadas AFP.
Estas dos empresas se comprometieron con el Estado para brindar servicios de administración de las pensiones, con la responsabilidad de lograr la captación del mayor número de trabajadores, prestando servicios en forma competitiva de manera concurrente entre ambas. Sin embargo, sin que el servicio se viera mejorado u ofreciera ventajosas condiciones para los trabajadores aportantes y jubilados, estas empresas privadas se limitaron a llevar una administración de las pensiones.
Por 26 años los bolivianos dejamos y consentimos administrar los recursos de las pensiones a estas dos empresas. Les permitimos trabajar en nuestro país y llevarse unos buenos ingresos por la prestación de servicios remunerados con hasta cuatro comisiones, que fueron descontadas al asegurado aportante, a los jubilados y también de los fondos de pensiones. Lo que implicaba aplicar una comisión a cada uno de los procesos que estaban a su cargo por concepto de recaudación y pago de prestaciones de vejez, por realizar inversiones con los recursos que administraban y por el manejo del pago de pensiones por riesgos. Las AFP nos cobraban por todo, sin invertir en el país.
A casi un mes del inicio de actividades de la Gestora Pública como administradora del Sistema Integral de Pensiones, es imprescindible recordar que este cambio representa una esperanza objetiva para los trabajadores y la independencia del pueblo en la toma decisiones, considerando que recoge las demandas populares demostrándose así el logro de la soberanía en cuanto a la Seguridad Social de Largo Plazo.
No se puede negar que con el inicio de actividades de la Gestora Pública a partir del pasado 15 de mayo de la presente gestión, comienza una nueva etapa en la administración de la Seguridad Social de Largo Plazo en el país, bajo la dirección de una empresa nacional con autonomía de gestión y un marco normativo expreso basado en la solidaridad y el resguardo de los fondos que dispone, compuesto con los aportes de los trabajadores y sus rendimientos que en el futuro garantizarán una jubilación para el trabajador.
Más allá de las críticas, comentarios y opiniones la Gestora Pública tiene depositada en ella la confianza de los asegurados al Sistema Integral de Pensiones, y con seguridad trabajará junto a los bolivianos para su beneficio, en razón a que el acceso a la jubilación es un derecho proclamado en la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por el pueblo.
- Auditora.
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