Por Adolfo Mena Gonzales -.
En la presente columna plantearemos algunos aspectos que, aunque parecen irrelevantes, nos invitan a volver a la importancia de las palabras y lo que implican.
¿Qué es una agenda? Según la Real Academia Española (RAE) es “la relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona o de una organización en un período”.
Ahora debemos preguntarnos qué es una firma. Según la RAE se define como “rasgo o conjunto de rasgos, realizados siempre de la misma manera, que identifican a una persona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento”.
Aclarado eso, creo que la firma de una agenda queda despejada, y no solo para Andrónico, sino para toda esa “bancada radical”, quienes han sido incluso víctimas, como Patricia Arce. Más allá de ser la conformidad de una serie de tareas a realizarse o abordarse, es bueno ver con cuidado a algunos de ellos y qué es lo que hay “detrás” de lo que firmó el “ala radical”.
“Leyes para implementar un nuevo Padrón Electoral transparente y seguro. Institucionalización del TSE y del sistema de conteo rápido, a partir de las elecciones de 2025, que será aprobada hasta el 31 de agosto de 2024 como máximo”. Lo citado va asociado a que, implícitamente, se acepta que el padrón electoral no es “transparente” ni “seguro”. Esto afirmaría que, en las elecciones de 2019, donde Evo Morales obtuvo 48%, podría haber habido irregularidades cayendo en la categoría de “fraude”, como lo califica la oposición. Lo que desencadenó y planteó una línea dura de “no fue golpe, fue fraude”. Ojo que eso se plantea por no existir un padrón “transparente”.
Otro aspecto fue la propuesta de Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, prevista para su aprobación el 30 de junio de 2024, como máximo. Hecho que impulsará lo referente a un nuevo “pacto fiscal”, algo por lo que desde la época de Evo se peleaba. Esto permitirá a la oposición más reaccionaria tener recursos para desestabilizar, como lo hicieron con en Santa Cruz y en La Paz en 2019. Además, es dar la razón al paro de 36 días que organizó la oligarquía cruceña.
Lo más controvertido y sencillo de entender fue el punto respeto al debido proceso para “presos políticos”. Este punto implica otorgar condición de preso político a Luis Fernando Camacho, a Jeanine Áñez y a Marco Pumari, desconociendo los roles nefastos durante el golpe. Desconocer el racismo y la violencia de 2019 es aceptar que la condición de preso político tendrá como repercusión el incluir en la lista de violadores de los Derechos Humanos por parte de la comunidad internacional, así como lo hacen con Venezuela, Cuba y Nicaragua, olvidando de una forma muy penosa a nuestros muertos y mártires, y más que todo, su memoria.
Por último, decir que esto lo que se hizo fue “quemar” políticamente a un joven que se veía como promesa política. No sé si por voluntad propia o porque alguien quería hacerle pisar el palito de una forma al parecer inocente, para no tener competencia interna en el “ala radical”.
Lo que sí es cierto es que se cumple algo de lo que hablamos tiempo atrás referente a serle útiles a la derecha. Hoy lo confirmamos. Por ser oposición al Gobierno hay quienes son capaces de firmar lo que sus propios verdugos les proponen.
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