Por Gustavo Gómez (Economista)-.
En los últimos días diferentes opiniones han hecho referencia directa al dólar, al tiempo que la coyuntura es aprovechada para emitir variados comentarios y críticas con relación a la subvención y los servidores públicos, entre otros, generando tendencias que en muchos casos distan de la objetividad de las cifras.
De acuerdo a las entidades autorizadas, la provisión de dólares en el sistema financiero se está normalizando ya que el saldo en la moneda extranjera en diciembre de 2022 fue de 352 millones y, al mismo período de 2023, ya alcanzó los 347 millones, lo que evidencia una tendencia a la normalización. No obstante, lo cierto es que en abril de 2023 llegó a 129 millones, su nivel más bajo en los últimos años. Por otra parte, el sistema financiero atiende con normalidad el flujo mensual de transferencias al exterior, que promedia los 800 millones de esa moneda.
Un indicador, no menor, se refiere a los reclamos que la población efectúa contra las entidades financieras, en este caso por las transacciones en moneda estadounidense, instancia a la cual tienen el derecho de acudir los consumidores financieros como mecanismo oficial de reclamo. Estos muestran que, entre marzo y abril de la anterior gestión, se produjo un incremento notable, pero que a la fecha se redujeron significativamente, perdiendo su importancia en el total de los reclamos.
Los datos presentados revelan la tendencia a retornar a los niveles de normalidad en las transacciones con la divisa extranjera. Hoy no hay colas en la entidad de intermediación del sistema financiero y menos se las ve en la puerta del ente emisor, donde en un momento “casi toda” la población necesitaba dólares, en ciertos casos con necesidad porque algunas personas trabajan habitualmente con la divisa norteamericana. Por tanto surge la interrogante, ¿la especulación estará provocando que no se normalicen del todo las transacciones en dólares?
El supuesto “corralito”, mencionado en alusión a la experiencia de un país vecino, carece de total fundamento ya que no existe ninguna normativa que instruya la conversión de la moneda extrajera en moneda nacional, por lo que sería importante conocer la fuente de aquella afirmación: ¿o es que solamente es vox populi o el eco de algunos comentaristas que con las libertades que ofrecen ciertos medios de comunicación, incluidas las redes sociales, emiten criterios coyunturales que en muchos casos se relacionan con una actividad política?
Por otra parte, todos sabemos que tanto la gasolina como el diésel están subvencionados y es por eso que los servicios de autotransporte, así como algunos bienes, tienen un precio “accesible” a la población, lo que se ve reflejado en el precio del servicio público de autotransporte por el cual tenemos que pagar mucho menos al que pagan en otros países en los que, debido al libre mercado, representan al doble o el triple de los aplicados en Bolivia –donde sí favorecen a los sectores más vulnerables–.
En tal sentido, es imprescindible que antes de sugerir eliminar las subvenciones a los hidrocarburos nos preguntemos: ¿cuánto afectará esta medida a la población y en particular a los sectores vulnerables? Es posible que no se hayan hecho esta reflexión y solamente sigan las recetas del libre mercado, sin dimensionar los efectos adversos que podría tener para la mayoría de los ciudadanos.
Finalmente, el hecho de decir que existen 600 mil empleados públicos que son “zánganos” tampoco corresponde a la realidad, debido a que la cantidad de servidores públicos que trabajan en la administración del Estado no supera los 20 mil, es decir, representan el 3% del total y solamente el 2% del Presupuesto General del Estado (PGE), quienes reciben su salario en moneda nacional y sin ningún tipo de relación con el dólar. La mayoría de los servidores públicos son maestros, médicos, policías, militares y otros, por lo que cabe preguntarse: ¿qué ítems eliminamos? ¿No necesitamos más maestros, médicos o policías? La tendencia es inversa a la que reclaman algunos comentaristas en tanto hay más demanda de ítems para estos sectores cada año debido a la legitima necesidad de la población para la educación, salud y seguridad, entre otras.
Podemos ir reflexionando aún más, pero por ahora esperemos que con estos aspectos no solo veamos el árbol de nuestro frente, sino todo el bosque.
En el artículo creo que se olvida de los servidores públicos que trabajan en los diferentes ministerios de donde se nota que existen supernumerarios (demasiados ítems) en momentos en que la tecnología es importante aplicar, no sería mejor fortalecer con esos ítems al sector salud y educación pero no en la planta administrativa sino en médicos, enfermeras, maestros