Por Aram Aharonian * .
Multitudes de ciudadanos en todo el país se sumaron el miércoles 24 de enero al paro contra las reformas orientadas a desregular la economía argentina y a reducir el tamaño del Estado y sus niveles de intervención impulsadas por el gobierno del ultraderechista presidente argentino Javier Milei.
En apenas 45 días de gobierno, Milei perdió varios puntos de apoyo en la sociedad y se debilitó la convicción de muchos de los que todavía quieren o necesitan creerle. El Gobierno no esperaba esta adhesión a la convocatoria sindical-popular, apeló al amedrentamiento y las amenazas y solo consiguió motivar aún más a los manifestantes.
Tras el paro, que a nivel mundial tuvo una resonancia muy fuerte, cambió el humor político de la sociedad y se replegó el discurso hegemónico que llevó a Milei a la Casa Rosada, demostrando que es imposible realizar cambios estructurales tan regresivos sin fuerte resistencia popular y manteniendo la gobernabilidad.
Sin apoyos, el Gobierno se ve en la necesidad de retroceder en todo el paquetazo económico que pretendió meter en la Ley Ómnibus. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el retiro de las propuestas sobre retenciones, jubilaciones, ganancias, blanqueo y otras, para intentar destrabar la negociación en el Congreso. El proyecto de ley mantiene la delegación de atribuciones legislativas en manos del Presidente, por lo que, de aprobarse la norma, podría tomar esas y otras decisiones por decreto.
“Si le aprueban las facultades delegadas, como están en el proyecto, el Presidente puede cambiar todo el orden socioeconómico sin pasar por el Congreso. Y eso significa que puede imponer fórmulas jubilatorias, retenciones y lo que sea, por decretos delegados”, precisó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la quita del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, provocó inmediatas reacciones desde la oposición. “El anuncio de Caputo: un paso atrás que todavía puede ser una trampa”, tituló Página 12. Hubo un retroceso del Gobierno, pero quedan las facultades delegadas, las privatizaciones y la amenaza sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras graves consecuencias de la Ley Ómnibus que sigue en el Congreso.
¿Complot interno?
Pero buena parte del ajuste todavía no se sintió a pleno, sino que será demoledor recién en febrero y marzo con el brutal aumento del transporte público, de la luz y el gas con facturas multiplicadas por ocho, eventualmente una nueva devaluación y el consecuente traslado a precios. Ese desencuentro entre el modelo utópico de un Milei que recibió el respaldo de las urnas, frente a los modelos de las corporaciones de Federico Sturzenegger y Luis Caputo, produce turbulencias permanentes.
Pero el verborrágico mandatario –que carece de respuesta alguna para los problemas concretos– aparece extrañamente silencioso mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece disputar el protagonismo del Gobierno. Al principio parecía una competencia con la vicepresidenta Victoria Villaruel, quien avaló y retuiteó una nota del Finantial Times que decía que “la Vicepresidenta está lista para cualquier cosa”, sugiriendo que podría reemplazar a Milei.
El Presidente percibió algún tipo de complot y borró a Villaruel de los dos ministerios clave que se le habían prometido: Seguridad y Defensa, y se los dio a Bullrich. La competencia con Villaruel parece ser cosa del pasado y Bullrich apunta a más y más protagonismo, mientras crecen los rumores de que quien toma las decisiones no es Milei, sino su hermana Karina.
Ataque a Petro
No parece responsable de sus palabras y actos, y del peso que tienen como presidente argentino: el Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, luego de que Milei asegurara que el mandatario colombiano “es un comunista asesino que está hundiendo” al país.
“El Gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración, que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima”, señaló la cancillería colombiana.
“Es una provocación made in USA para intentar desprestigiar a Petro, que trata de terminar con la corrupción institucional en su país y es un mal ejemplo para los planes de Washington para el resto del continente”, señaló el analista colombiano Camilo Rengifo.
Amenazas o extorsión
El ultraderechista presidente Javier Milei profundizó en reunión de gabinete las amenazas contra los gobernadores provinciales por los rechazos a distintos puntos de su proyecto de Ley Ómnibus, de achique del Estado y desregulación económica, cuya aprobación es incierta. “Los voy a fundir a todos”, amenazó.
El vicegobernador de la sureña provincia de Río Negro, Pedro Pesatti, afirmó que “si el Presidente amenaza con dejar a las provincias sin los recursos fiscales que le corresponden, las provincias, como las patagónicas, podrían dejar al gobierno nacional sin petróleo, sin gas y sin energía hidroeléctrica”.
“Pero llegar a eso sería poner a la Argentina al borde de la disolución nacional o de una guerra civil y es lo que el Presidente debiera considerar antes de expresarse con semejantes niveles de violencia al utilizar la amenaza como método”, agregó Pesatti.
Milei pidió la renuncia de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura, siendo esta la primera baja de un ministro en su gabinete, acusado de haber filtrado una frase del Presidente contra los gobernadores.
Lo difícil de cualquier negociación es que los legisladores nunca saben si lo que negocian será después vetado por Milei. El temor mayor es si le conceden las facultades extraordinarias que pidió, no está claro si todo lo que se sacó del texto en esas negociaciones no será instalado luego por decreto del Ejecutivo.
En una entrevista con la colombiana Patricia Janiot por CNN en Español, Milei calificó al paro como algo que “nada tiene que ver con reclamos legítimos” y volvió a reflotar la dolarización mientras al tiempo que confesó que no es posible precisar cuándo se va a reactivar la economía. Volvió sobre el tema Malvinas –un “diferendo geográfico”– y confió en avanzar en una “convivencia pacífica”.
“¿Algo en lo que esté dispuesto a ceder? “, preguntó Janot. “En nada. La libertad no se negocia”, le respondió. “No voy a estar aliado con comunistas, no voy a estar aliado con el Brics, mis modelos son Occidente, Israel y Estados Unidos”. Y volvió a negar la necesaria intermediación del Estado en las relaciones de comercio exterior: “en el debate dije que las personas pueden negociar con quién quiera, yo soy liberal”.
Fin el embelesamiento
El embelesamiento con la figura del anarcoliberal ultraderechista Javier Milei parece haber llegado a su fin, tras los disparates pronunciados en el Foro de Davos y la respuesta contundente de los argentinos a sus planes de enajenamiento del país con el paro general y las marchas del miércoles último, donde se sumaron más de millón y medio de personas.
La primera etapa de su presidencia duró 45 días, donde quiso imponer el Decreto de Necesidad y Urgencia y la llamada Ley Ómnibus, que se evaporó cuando en el Congreso se revelaron los datos reales del apoyo que el Presidente puede esperar para los contenidos mínimos de su megapropuesta legislativa, ampulosamente llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”.
Los apoyos parlamentarios para la ley nunca estuvieron; y seguramente no estarán. El proyecto necesitó centenares de cambios, recortes y revisiones, pero aún hoy naufraga sin destino. El dictamen del Gobierno sumó 55 firmas estampadas en un papel en blanco, sin mostrar el texto final. Pero el 61% de esos firmantes abrieron el paraguas y manifestaron no avalar la propuesta y dejaron sus “disidencias” por escrito.
La patria no se vende
El paro del miércoles 24 de enero fue la expresión de los que salieron a defender sus derechos, ante el discurso ultraderechista que intenta convertir en mercancía hasta los sentimientos y lleva un desprecio implícito a todo lo que suene a patria. Los argentinos marcharon con la consigna de “la patria no se vende”, que también es “yo no me vendo”, dejando en claro que no todo es mercancía, que es el mensaje de Milei.
No fue un fracaso solo para el Presidente, sino también para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de su “protocolo de seguridad”, que impide que la multitud camine por las calles y de sus intentonas de provocar a los manifestantes.
Y para peor, Naciones Unidas le advirtió a Patricia Bullrich que su protocolo antimarchas y el capítulo de Seguridad de la Ley Ómnibus son incompatibles con los estándares internacionales.
El paro-marcha del miércoles 24 fue la respuesta popular a las políticas que en solo 45 días han empobrecido a las mayorías, coartado libertades fundamentales, convirtiendo en prohibitivos derechos como la vivienda o la salud, disparado la corrupción, favorecido a un puñado de magnates y llevado al país al borde del abismo financiero y social
Dichas políticas fueron materializadas principalmente en las 10 medidas del ministro Luis Caputo, un megadecreto presidencial y el envío de la Ley Ómnibus al Congreso, que impactaron rápidamente en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, con un 120% de devaluación, y la liberación de los precios de alimentos, servicios y combustibles.
El catedrático y economista Horacio Rovelli apunta que los nombres del Círculo Rojo son los mismos, son los que se organizan principalmente en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), cuyos vicepresidentes son, entre otros, Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Alfredo Coto (Supermercados COTO).
Son los de la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Daniel Funes de Rioja (representante de la dictadura cívico-militar en la OIT), cuyo estudio jurídico redactó el capítulo sobre legislación del trabajo del DNU; los de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), cuyo presidente es Carlos Ormachea (nombrado por Techint, Vista y Pampa Energía).
Y también los de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana (Amcham), cuyo presidente es Facundo Gómez Minujín, CEO de JP Morgan en Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay (banca entre cuyos inversores está el fondo BlackRock, principal tenedor de deuda privada en nuestro país).
Asimismo, Caputo lanzó un mensaje-amenaza a los gobernadores provinciales en el marco del debate por la Ley Ómnibus: dijo que están delineando “todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.
Mientras, la Justicia del Trabajo declaró inválidos seis artículos del DNU de Milei. Se trata de los que impedían el ejercicio del derecho de huelga y de asamblea. También eliminaban la ultraactividad de los convenios.
El paro se sintió fuerte en la industria y dejó planteado entre los dirigentes sindicales el debate sobre cómo seguir, pero también en la Casa de Gobierno. La masiva movilización convocada por las centrales obreras irritaron de sobremanera al Presidente, cuya primera reacción fue intentar minimizar la contundencia de la medida.
La segunda, advertir que no negociará el feroz programa de ajuste. Y la tercera, una muestra concreta de que está dispuesto a endurecer su intransigencia: horas después de la protesta sindical echó al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, ente clave para el mundo gremial porque regula las obras sociales y prepagas Enrique Rodríguez Chiantore, reemplazándolo por Gabriel Oriolo, exgerente de una empresa de medicina privada.
Federico Sturzenegger, asesor en desregulación económica, empieza a ganar un lugar cada vez más preponderante en el gabinete, avalado por un aprecio particular del Presidente, y mientras el hoy todopoderoso Ministro de Economía ya camina a pagar los costos políticos del ajuste. El ex goldenboy del JP Morgan, ya le avisó a Milei que se quedará pocos meses en el cargo, por “cuestiones familiares”.
- Periodista y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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