Por Wilmer Alavi (Analista Financiero).
Al culminar una gestión es inherente cuestionarnos sobre la eficacia de la misma, los logros que obtuvimos, objetivos cumplidos parcialmente, tareas pendientes, etcétera. Este análisis no es exclusivo sobre los individuos, también se extiende a la generación de valor público de las gobernaciones, municipios y demás instituciones públicas.
Como ciudadanos asumimos la responsabilidad de participar activamente en las decisiones que impactan nuestras regiones, desde la formulación de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las Juntas de Vecinos y Distritos, hasta niveles municipales y departamentales. Además, es imperativo involucrarnos en las rendiciones públicas de cuentas no solo como un deber cívico, sino también como un mecanismo para fortalecer la transparencia en la gestión financiera.
La principal medida de evaluación en el sector público suele ser la ejecución presupuestaria. Es decir, cuánto se gastó en lo que se programó que se gastaría. Pero limitarnos a evaluar el desempeño de nuestras gobernaciones y municipios únicamente mediante la ejecución de dicho presupuesto puede ser limitante. Por ello es crucial que la participación ciudadana trascienda más allá de los números, hasta llegar al impacto real de las acciones emprendidas por quienes elegimos como representantes y autoridades.
La gestión pública puede compararse con la conducción de un automóvil. Inicia con el encendido del motor (planificación), continúa con la puesta en marcha (ejecución) y, finalmente, se llega al destino previsto (resultados esperados). Una vez alcanzado el destino se realizará una evaluación exhaustiva del viaje, como: el estado del automóvil, ¿fue eficiente el uso de los recursos (mantenimiento)?, ¿se implementaron cambios en el camino (aceites, combustible)?, ¿hubo obstáculos (problemas inesperados en el camino)?
La evaluación de los resultados en las gobernaciones y municipios tiene que considerar aspectos más amplios como la eficiencia en el uso de los recursos, la gestión pública por resultados y la consecución de metas y objetivos. No se trata de únicamente gastar o invertir según lo planificado, sino de analizar cómo esos recursos contribuyen al logro de los objetivos organizativos o gubernamentales de manera holística.
Como ciudadanos, nuestro deber es exigir a los gobernadores y alcaldes más que ejecutar el presupuesto, alinear los recursos financieros con las necesidades de la población a corto y largo plazo para contribuir efectivamente a la realización de un estado de bienestar.
Asistir a las rendiciones públicas de cuentas es una oportunidad de formar parte activa del proceso democrático y ser testigos de las decisiones que afectan nuestro cotidiano vivir. Es un espacio donde la comunidad puede expresar sus inquietudes, hacer preguntas y recibir respuestas de quienes tienen el deber de administrar nuestros recursos.
El desafío radica en dejar de ser espectadores pasivos de la gestión pública y convertirnos en gestores de cambio; ser parte de la toma de decisiones en pro de un desarrollo sostenible y la maximización del valor público generado.
Involucrarnos e ir más allá del presupuesto nos permitirá centrarnos en resultados, posibilitando que las gobernaciones y alcaldías puedan mejorar la gestión de los recursos públicos y alcanzar los objetivos de desarrollo esperados.
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