Por Wilmer Alavi Argandoña * -.
Estos días estuve revisando la recopilación de prácticas de integración de la acción climática en la gestión de la inversión pública del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se puede evidenciar cómo diferentes países de la Región avanzaron hacia una inversión pública resiliente y descarbonizada.
Todo este movimiento inició en 2015, cuando se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), en el cual se suscribió un acuerdo internacional vinculante para combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura global. En su Artículo 2 estableció el tercer objetivo global de situar los flujos financieros que conduzcan a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Así el financiamiento climático cobró relevancia para canalizar recursos en el mundo como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Lidiar contra el cambio climático implica acciones a gran escala que requieren un trabajo conjunto, que necesita de financiamiento. De acuerdo al BID, los países de América Latina y el Caribe requerirán un gasto climático entre el 2% y el 8% de su PIB, mientras que se estima que los recursos del sector público no vayan a ser suficientes. Prueba de esto es que algunos países de la Región elaboraron estrategias nacionales de finanzas climáticas, verdes y sostenibles, como Chile, Ecuador, Colombia, Perú, entre otros, para obtener financiamiento.
Las estrategias de financiamiento establecen objetivos y ejes estratégicos vinculados a las políticas sectoriales y los instrumentos de planificación del Estado a corto, mediano y largo plazo. El objetivo de las estrategias de finanzas climáticas/verde, finanzas sostenibles o finanzas bajas en carbono, es asegurar las necesidades de financiamiento para una economía resiliente al clima.
Para elaborar una Estrategia Nacional de Financiamiento Climático es importante contar con la participación del Gobierno Central, las entidades territoriales autónomas, el sector financiero, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, las universidades, naciones y pueblos indígenas, para que tenga una visión multisectorial que permita orientar eficientemente el financiamiento climático.
Esta estrategia permitirá priorizar sectores como la soberanía alimentaria, agricultura, ganadería, acuacultura y pesca; sectores productivos y estratégicos; patrimonio hídrico; salud, grupos de atención prioritaria. Asimismo, se podrá priorizar sectores para la mitigación como el manejo de desechos sólidos y líquidos; uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura; procesos industriales; energías renovables, etcétera.
La ejecución de la estrategia requerirá un sólido marco normativo coordinado entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia (BCB), Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Vivienda y Obras Públicas, entre otras carteras de Estado.
Los gobiernos subnacionales deben alinearse a la estrategia utilizando instrumentos de financiamiento climático nacional e internacional, estableciendo alianzas público-privadas para el desarrollo de tecnologías ecológicas y presupuestando recursos para iniciativas climáticas.
El sector financiero público debe aumentar el financiamiento de proyectos, actuar como intermediario entre los mecanismos de financiamiento climático internacional y los mercados de crédito locales. El sector financiero privado debe apoyar proyectos con viabilidad comercial y canalizar la inversión privada a través del mercado de valores. Asimismo, las entidades financieras PYME y las instituciones financieras de desarrollo podrían canalizar recursos y otorgar préstamos pequeños y medianos para desarrollar/adquirir tecnologías financieras para las comunidades vulnerables a los efectos del cambio climático.
Hoy en día se tiene toda una arquitectura de financiamiento internacional climático, que además de canalizar recursos también da asistencia técnica. Por un lado, se tiene a los tres bancos multilaterales de desarrollo: el Banco Mundial (BM), el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Entre los principales cooperantes bilaterales está el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, NDC Partnership y el Programa Euroclima+. A nivel mundial los principales países donantes son Australia, Canadá, la Unión Europea (UE), Francia, Alemania, Japón, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, entre otros.
Por lo anterior, es importante adoptar una política de Estado que permita apalancar el financiamiento público y privado, nacional e internacional, gestionándolo de una forma eficiente y canalizarlo hacia sectores y proyectos prioritarios que promuevan un desarrollo resiliente al clima y sostenible a largo plazo.
Nuestro deber es promover un desarrollo sostenible sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones. Para lograrlo hay que contar con una política de Estado que involucre a diferentes actores, y así se puedan desarrollar y ejecutar políticas y estrategias resilientes con el medio ambiente y sostenibles en términos de financiamiento.
* Analista financiero.
Deja un comentario