Por La Época -.
Como todos los años los incendios forestales en el país, particularmente en los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y norte de La Paz, se convierten en una gran preocupación para el gobierno nacional, para los gobiernos subnacionales y para la población. De eso no hay duda.
De ahí que en la tarde del viernes pasado el gobierno del presidente Luis Arce haya declarado Emergencia Nacional por los incendios luego de que el departamento del Beni se declarara en “Desastre” y el de Santa Cruz se hallara en la misma dirección debido a las más de tres millones de hectáreas quemadas. El Ejecutivo no solo hizo ese anuncio, sino que informó que está en pleno desarrollo el apoyo oficial de Chile y Brasil con brigadistas y recursos técnicos que se necesitan para enfrentar situaciones de esa magnitud, y que en las siguientes horas también está por arribar un grupo de bomberos desde la ciudad francesa de París.
La quema de millones de hectáreas se ha convertido en un tema de seguridad nacional en los últimos años, pues produce efectos que atacan a miles de pobladores de comunidades que deben ser desplazadas sin la certeza de que volverán a sus lugares de origen; destruye la naturaleza de manera implacable, provoca la muerte de animales y organismos vivos en una dimensión tal que en la mayoría de los casos es irreversible; y determina la pérdida de la producción agrícola con un impacto muy fuerte en los precios.
La otra cara de la medalla es que los incendios forestales además de obedecer a causas involuntarias, que deben ser erradicadas de raíz, como es la práctica del chaqueo “con fines de preparación de la tierra para mejor producción”, se deben igualmente a la acción criminal de grupos que los incitan con objetivos políticos de desestabilización y que, lamentablemente, cuentan con nexos con actores de la justicia que los libera de inmediato tras su aprehensión. Eso sucedió en septiembre de 2019 como parte de las acciones terroristas contra el gobierno de Morales, en un contexto de proximidad de elecciones generales (octubre), y ocurre ahora como parte de las acciones terroristas de desestabilización desplegadas contra el presidente Arce, al que se le quiere pedir, desde la ultraderecha y el nacionalismo conservador de la facción evista, que acorte su mandato constitucional.
La brigada parlamentaria que respalda al Presidente está desde hace meses en la tarea de abrogar la Ley 741, calificada de “incendiaria” por la oposición al momento de su promulgación (2016), cuestión que en 2023 no pudo lograr debido a una extraña maniobra de un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) que pidió su derivación a una comisión legislativa en la que la nueva oposición (evistas, camachistas y mesistas) inviabilizó su tratamiento.
Por tanto, a la par de respaldar al gobierno nacional en la titánica tarea de enfrentar los incendios forestales, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe abrogar la ley incendiaria y aprobar inmediatamente las leyes económicas, porque el país necesita de recursos ahora más que nunca. No hacerlo es irresponsable y afecta no solo al Gobierno, sino a la población en su conjunto.
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