Diego Portal -. “Los bolivianos están acostumbrados a llegar al borde del precipicio, pero jamás caen al fondo”, me comentaba a propósito de la situación de tensión e incertidumbre que se vivía hace unos días un diplomático amigo que ya representa a su país por más de una década y que, desde luego, ha logrado conocer de cerca la realidad política y social de nuestro país. Y aunque nos neguemos a aceptarlo, esta visión evidencia una realidad histórica que hemos estado viviendo en las últimas cinco décadas –cuando menos– y que, pese a lo que se ha avanzado en materia de democracia y recuperación de derechos ciudadanos, lamentablemente aún perdura.
Los agoreros y los voceros de la violencia hace unos días preveían un ambiente apocalíptico, con un país ensangrentado, enfrentándose violentamente entre hermanos y hermanas, con ciudades cercadas sin alimentos, con caminos bloqueados y con demandas que cuestionaban la racionalidad y las normas. Amenazaban con “incendiar Bolivia”, más allá de los incendios provocados que están destruyendo la riqueza forestal y el medio ambiente.
Bloquear: arma efectiva
Se ha instalado en el imaginario popular que la única forma de conseguir algo, no solo cuando se trata de demandas hacia el Estado sino para resolver todo tipo de problemas sociales, políticos, económicos y hasta domésticos, es el bloqueo. Es decir, cortar las rutas de acceso a un determinado lugar, sea en el campo o en las ciudades.
Lo que no se dice, o no se quiere decir, es que los bloqueos, donde sea que se lleven a cabo, no afectan directamente a las autoridades a quienes se demanda atención, sino principalmente al ciudadano que tiene poco o nada que ver con los temas que originan la medida de presión y que debe asumir las consecuencias de esas acciones, generalmente unilaterales y antidemocráticas desde el punto de vista que se lo vea.
Por ejemplo, los pobladores de una determinada comunidad ubicada en las cercanías de la carretera internacional que une a Bolivia con el Perú están exigiendo del titular de su municipio la ejecución de una obra comprometida durante la campaña electoral, pero como el alcalde no responde a dichos requerimientos los comunarios (sus dirigentes, para ser más precisos) han decidido salir a bloquear la carretera internacional. El alcalde demandado está en La Paz desde hace varios días, hasta donde se trasladó para evitar las protestas, mientras que decenas de camiones y buses con cientos de pasajeros están inmovilizados en la ruta sin tener arte ni parte en el problema. Es decir, se paraliza el ingreso y salida de mercaderías, se afecta al turismo y se empieza a producir desabastecimiento de alimentos en las ciudades. Todo ello porque el alcalde de un municipio cercano a la carretera incumplió con su trabajo y para crear confianza en sus bases los dirigentes los conducen a la extrema medida. Las consecuencias son obvias y los responsables igual.
Algo más reciente, y con actores más conocidos, se produjo hace unos días en el límite de los departamentos de La Paz y el Beni, cuando a propósito de las disposiciones gubernamentales destinadas a frenar la quema de bosques se determinó derogar algunas disposiciones que favorecían a esa práctica perversa y establecer sanciones (multas) más duras contra los infractores. Aun cuando estas medidas no van a solucionar el problema de fondo, son útiles para generar consciencia en la población. Pero, un grupo de “interculturales” (una clasificación que nunca terminé de comprender) expresaron su oposición a estas medidas de prevención, salieron a bloquear la carretera y a agredir a quienes intentaron romper el bloqueo. O sea, bloquean porque desean continuar quemando bosques y se oponen a cualquier control al respecto. Obviamente esas demandas no deben ser atendidas, pero ¿qué hace el Estado en defensa de los afectados? ¿Utilizar la fuerza de manera legítima? ¿Perseguir penalmente a los responsables de estas acciones? Imponer la ley puede tener un alto costo político que nadie quiere asumirlo: se trata pues de organizaciones sociales, así su origen no sea muy claro –como es el caso de los interculturales–, pero que están empoderadas y consideran que pueden imponerse al resto de los ciudadanos e incluso al Estado.
Otro ejemplo reciente es el que tiene que ver con la federación de campesinos de La Paz (la Tupac Katari), que se halla dividida y cuyo dirigente principal fue acusado de pedir cuotas de poder en el Gobierno a cambio de no realizar acciones de presión. Intentan, primero, “recuperar” su sede sindical en la sede de gobierno y al no lograrlo se repliegan al Altiplano y deciden tender un bloqueo extremo en la ruta al Lago ocasionando daños ya conocidos por todos. Pero su demanda, totalmente fuera de lugar, no solo apunta a la recuperación de su sede, sino que plantean la renuncia del Presidente y del Vicepresidente y la inmediata convocatoria a elecciones. Pedidos que no corresponden en absoluto a una demanda sectorial ni a una justa reivindicación social, pero que sirven de pretexto para desestabilizar al Gobierno, aunque el mayor perjudicado no sea precisamente este, sino el conjunto del pueblo.
En tal contexto, cualquier amenaza con bloqueo de caminos provoca un clima de preocupación e incertidumbre en la población en general, porque todos (unos más, otros menos) nos vemos perjudicados. Ni las acciones judiciales de protección han logrado hasta ahora poner límite a este tipo de actividades que nada tienen que ver con el derecho a la protesta y que constituyen, por donde se lo vea, acciones delictivas que ocasionan un severo daño al país y atentan contra las libertades, derechos y garantías fundamentales de todos los bolivianos y todas las bolivianas. ¿Qué hacer entonces?
Demandas fuera de lugar
La lógica de la oposición, nos referimos a la tradicional de derecha y a la nueva oposición supuestamente “radical”, se sustenta en plantear demandas imposibles de atender no por falta de voluntad, sino porque se ubican al margen del sistema democrático, del marco legal y solo buscan desestabilizar la convivencia pacífica entre la población.
El ejemplo más próximo es el de la llamada Marcha Para Salvar a la Patria, que a lo largo de una semana atemorizó a la población paceña no solo con el desarrollo de la misma marcha, sino con las advertencias de lo que podía suceder después, principalmente con la amenaza de bloqueo general de caminos ya no únicamente en el departamento de La Paz, sino en todo el país. Los puntos de su demanda recorrían los aspectos más variados, desde temas económicos hasta el reconocimiento de un congreso y una dirección partidaria, asuntos que en su momento debían ser atendidos por instancias diferentes y no precisamente por el Ejecutivo.
Finalmente, el pliego de demandas era lo menos importante, lo que contaba era dar muestras de fuerza, de capacidad de movilización, de respaldo ciudadano. Llegar a la sede de gobierno con un millón de personas. No lograron mostrar lo que deseaban, por eso bajó la intensidad de sus demandas, por eso se cayó el bloqueo nacional: porque no era posible para ellos un nuevo desaire. Consideraban que habían alcanzado una victoria, por muy pírrica que fuese, pero ir más allá –al bloqueo– podía significarles el final de sus pretensiones. Estaban poniendo en riesgo ya no su propia supervivencia política, sino de paso la del proyecto popular revolucionario que los encumbró en el poder hace 18 años.
Existe una salida
El Gobierno ha sido claro al proponer el diálogo con todos los actores de la vida nacional como el único camino de solución a la situación en que se encuentra el país. Esa voluntad de diálogo se ha materializado con varios sectores productivos y sociales y ha empezado a dar sus frutos. Hay resultados en temas concretos y se está avanzando en aspectos considerados cruciales, porque hay voluntad de diálogo, porque se buscan consensos y al entablar acuerdos se los va poniendo en práctica.
Sin embargo, hay quienes rechazan el diálogo, porque no les interesa encontrar soluciones a los problemas, no les interesa el país, ni menos la gente, a la que solamente instrumentalizan para el logro de sus objetivos personales y políticos sectarios. Son esos sectores los que no reparan en cruzar ríos de sangre, en sacrificar sus principios y en subordinar las aspiraciones de los bolivianos a intereses subalternos.
La solución no es bloquear ocasionando daños irreparables a la ciudadanía; la solución tampoco es incendiar la Amazonía, la Chiquitanía ni los llanos buscando satisfacer intereses mezquinos, grandes y pequeños, de quienes se creen los dueños de esta patria. La solución no es impedir la aprobación de leyes que aporten en la solución de los problemas más urgentes; ni menos bloquear la elección de autoridades o bloquear la gestión de Gobierno con argucias de toda naturaleza.
La solución debe plantearse desde otra perspectiva: en pasar de la protesta a la propuesta, en base a la unidad de todos los bolivianos por encima de los intereses particulares. Solo así se podrá vislumbrar al final del túnel.
Aún hay quienes apuestan a la solución por el desastre: acortar el mandato, gobierno interino, adelanto de elecciones, habilitación irregular de candidatos y, quién sabe, hasta un golpe de Estado como alternativa para lograr sus objetivos. Principios, lealtades y los enemigos principales ya quedaron atrás. Ahora solo interesa recuperar el poder “cueste lo que cueste”, sin importar qué se pisa en el camino.
Pero el pueblo es sabio y sabrá establecer las diferencias que correspondan frente a los prematuros candidatos y los falsos profetas “salvadores de la patria”.
Este callejón en el que ahora transita el país, porque a él lo han llevado quienes abanderan posiciones antidemocráticas, tiene una salida.
Esta salida, como el presidente Luis Arce lo ha manifestado en más de una oportunidad en los últimos días, se basa única y exclusivamente en la unidad del pueblo, en el respeto a los valores democráticos y en acuerdos que apunten a la solución de los problemas más urgentes en todos los aspectos.
Quienes se sumen a esa voluntad de diálogo y traduzcan sus acciones en una verdadera defensa del proceso democrático, el respeto a la institucionalidad y a la Constitución serán quienes luego tengan la autoridad de pedir el voto y la confianza del pueblo.
Los otros, lo que vayan en contra ruta, deben saber que el pueblo sabrá juzgarlos y sancionarlos cuando se sometan a su escrutinio. Pero no solo eso, deben saber que, al encontrarnos en un Estado de Derecho, serán sancionados como corresponde en el marco de las normas vigentes, sin que puedan acudir al fácil argumento de victimizarse como “perseguidos políticos”. Tendrán que asumir las consecuencias y hacerse responsables por sus actos. Bolivia no puede pasar por alto a quienes pretenden dividirla y destruirla.
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