Por La Época -.
Los pretextos para llevar adelante un acoso contra los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina siempre van a existir. Ahora le toca el turno al presidente colombiano, Gustavo Petro, quien está enfrentando un golpe de Estado en proceso por una presunta transgresión en los gastos de la campaña electoral de 2022.
“Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos”, dijo el 9 de octubre en la noche el primer jefe de Estado progresista que ha tenido ese país sudamericano.
Lo llamativo es que la punta de lanza del plan golpista es la Corte Nacional Electoral (CNE), cuyos vocales sostienen que “presuntamente” en la campaña electoral se habría superado los topes de gasto permitidos por ley. Es ahí donde aparece la primera gran irregularidad de esta ofensiva conservadora, pues si esto fuera cierto el CNE es un órgano administrativo que no tiene las atribuciones para investigar a un jefe de Estado y que, si de investigación se trata, esta corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Pero sería un error ver esta ofensiva contra el gobierno progresista como un hecho aislado. En lo que va de su gestión Petro ha enfrentado otros intentos de desestabilización de parte de una derecha que hasta ahora no se resigna al hecho de haber perdido las elecciones después de cerca de 200 años y, muy por el contrario, está dispuesta a no permitir que las fuerzas populares vuelvan a alzarse victoriosas en los próximos comicios de 2026.
Es desde esa perspectiva que hay que apreciar el papel del CNE, controlado por la derecha. Petro, quien no puede ir a la reelección debido a una reforma aprobada en la administración de Juan Manuel Santos, ha lanzado dos iniciativas políticas que no son del agrado de las clases dominantes: organizar el Poder Constituyente y convertir el Pacto Histórico en un partido en el que confluyan otros grupos progresistas y de izquierda.
La presencia del progresismo en el Gobierno es algo que molesta no solo a la derecha, acostumbrada a administrar ese país como una suerte de hacienda, sino a los Estados Unidos. Colombia tiene un lugar geográfico envidiable ya que conecta con Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, lo que conduce a jugar un papel geopolítico de gran valor. De ahí que todos los presidentes estadounidenses, demócratas o republicanos, hayan subordinado a los poderes reales y fácticos de esta nación sudamericana, al punto tal que la política exterior de Bogotá expresó con obediencia la política de seguridad de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe.
Por tanto, hay que estar atentos de lo que vaya a pasar con el gobierno de Gustavo Petro. Hay en los Estados Unidos tres intereses claramente complementarios: recuperar para la derecha el poder político formal colombiano, contar con un territorio desde donde agredir a la Revolución bolivariana de Venezuela y poner freno a los gobiernos progresistas en la Región.
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