Por Diego Portal -.
“Quien no se presenta a declarar o se escapa es porque es culpable”. Algo así, palabras más palabras menos, decía allá por el lejano 2015 un expresidente del país, aludiendo a quienes siendo acusados por la comisión de algún delito pretendían eludir la justicia. Pero como esta vida es un pañuelo y nos encontramos a la vuelta de la esquina, o como dice el refrán popular “nunca digas de esta agua no he de beber paloma”, esas expresiones son las que la gente le enrostra y le pide consecuencia a quien las pronunció.
En los últimos días hemos sido testigos de cómo se puede utilizar impunemente la chicana abogadil para favorecer la evasión de la justicia, la presión social y los medios para generar confusión y desviar la atención ciudadana hacia otros temas.
Lo cierto y evidente es que existe una acusación formal en contra del expresidente Evo Morales por haber cometido el delito de estupro, precisamente en el año 2015, producto de lo cual existiría una hija, reconocida formalmente por el exmandatario, según reza un certificado de nacimiento expedido por la autoridad competente. Si bien la denuncia inicial data de 2020, al tipo penal mencionado se ha sumado el cargo de Trata de Personas, con el cual la Fiscalía Departamental de Tarija ha reabierto la investigación cerrada en 2020.
Más allá de los inagotables argumentos leguleyescos en los cuales se han enfrascado algunos de los 200 abogados que tendrían a su cargo la defensa de Morales, lo cierto es que existe una denuncia y aun partiendo del principio constitucional de la presunción de inocencia debe investigarse hasta donde sea posible y, si las hubiera, establecer las responsabilidades que correspondan.
Lo público y lo privado
Es evidente que todos tenemos derecho a la intimidad y a proteger nuestra vida privada, todos quienes no cumplimos ninguna función pública ni recibimos una remuneración del Estado por nuestro trabajo. Pero quienes desempeñan funciones públicas deben responder ya no solo por lo que corresponde a su responsabilidad laboral específica, sino también por su comportamiento, y con mayor razón los que ocupan los más altos niveles de responsabilidad del país.
“La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también debe parecerlo”, este antiguo proverbio español tiene una clara referencia al comportamiento de quienes nos gobiernan y de su entorno, porque obviamente estuvieron y siempre estarán en el ojo crítico de la ciudadanía, sean estos elegidos o no por el pueblo.
No solo en Bolivia, igual en otros países, la conducta de los gobernantes más allá de sus actividades propias del cargo, en su vida privada, está siempre sujeta al escrutinio público. Solo para citar un caso relativamente reciente, pero con connotaciones de escándalo fue el que vivió el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a raíz de la denuncia de haber sostenido relaciones sexuales con una pasante universitaria en la Casa Blanca. Las consecuencias políticas fueron irreparables para el líder del Partido Demócrata. Más próximo en el tiempo está el caso del expresidente argentino, Alberto Fernández, acusado de violencia contra su esposa mientras desempeñaba la primera magistratura del país.
Fueron casos de gran relevancia social y mediática y, obviamente, con severas repercusiones y consecuencias políticas para ambos personajes.
Imaginemos si en alguno de estos casos la situación hubiese involucrado a menores de edad, y sobre todo a mujeres menores de edad. La situación para los acusados hubiese sido verdaderamente grave. Sin embargo, pese a que no se dio este extremo, los dos tuvieron que responder por sus actos de manera pública.
Mujeres y políticos
Debe llamarnos profundamente la atención cuando se menciona que la acusación contra Morales no se refiere solamente un caso y que se habría tratado de una conducta reiterada en la que se involucró a mujeres menores de edad, lo cual en sí ya constituiría un delito grave, pero lo es mucho más si quien asume esa conducta goza de poder y lo utiliza para lograr objetivos moral y jurídicamente descalificados.
De tratarse de mujeres mayores de edad, cuyo consentimiento obtuvieron, se podría intentar justificar de alguna manera. Sin embargo, no existe argumento válido para aprobar conductas de esta naturaleza.
A numerosos políticos se les ha acusado de ser promiscuos en sus relaciones de pareja, en muchos casos siendo casados; puede ser censurable o criticable, pero en el fondo no constituyen delitos por los que deben ser juzgados. Empero, con seguridad la ciudadanía juzgará este tipo de conductas.
Está instalado en el imaginario popular, lamentablemente, que el hombre con poder debe tener varias mujeres.
En los últimos días, además, hemos sido testigos de cómo se utiliza a las mujeres para pretender desprestigiar al oponente que coyunturalmente desempeña funciones de gobierno. No se repara en exhibir ante los medios (a través de ellos ante la ciudadanía) a mujeres jóvenes, sin pensar en el daño que se les causa a ellas, solo para armar shows mediáticos que no impresionan a nadie, pero que muestran por parte de sus creadores y autores intelectuales un arraigado desprecio por la mujer.
¿Somos todos iguales ante la ley?
Esta pregunta nos la hemos formulado, con seguridad, un sinfín de veces al ver que quienes tienen poder, político o económico, suelen burlar con facilidad el accionar de la justicia. Delincuentes comunes, de cuellos blanco, pasean impunes por las calles, con la soberbia de creerse intocables, mientras que aquel ciudadano que hurtó una gallina para dar de comer a su familia porque no tiene trabajo es aprehendido y exhibido cual si fuese un peligroso delincuente y enviado a la cárcel sin tramite.
Hace años, en la ciudad de Sucre, en una pared cercana al edificio de la Suprema Corte de Justicia, hoy denominado Tribunal Supremo, a alguien se le ocurrió grafitear una leyenda que más o menos decía: “la justicia es como las serpientes, solo muerde a los que tienen los pies descalzos”. La realidad nos muestra que esto es real, pese a todos los intentos de cambiar la administración de justicia en el país.
Por eso es que no podemos afirmar que seamos todos iguales ante la ley. Hay severas diferencias, profundas desigualdades en el trato que reciben los ciudadanos cuando acuden a los tribunales y no cuentan con los recursos económicos suficientes para lograr precisamente eso: justicia.
Quienes tienen poder lo ejercen precisamente para evitar ser juzgados y mucho menos sancionados por los delitos que hubiesen cometido, están por encima de la ley. Este poder se puede manifestar a través del dinero, del poder político expresado en las amenazas de convulsionar el país, de generar violencia y caos, todo con la única finalidad de no responder por los delitos de los que se les acusa, de impedir que se los investigue y menos se los siente frente a un tribunal en la silla de los acusados.
Quien nada tiene, nada teme
Aun cuando la confianza en el Sistema Judicial está muy por debajo de lo que debería, por razones que ya hemos analizado en estas páginas y que huelga ahora reiterarlas, es el único que tenemos pese a que estemos de acuerdo en que hay cambiarlo, reformarlo o revolucionarlo para que cumpla los fines y objetivos establecidos en la Constitución y responda a las expectativas de quienes les han encargado esa labor, los ciudadanos del país.
Todos esperamos que nuestros gobernantes sean un ejemplo de idoneidad y honestidad, porque confiamos en ellos los elegimos y les damos la venia para que administren el país. Esperamos, asimismo, que cuando haya alguna duda hecha pública sobre su proceder aclaren si corresponde y asuman responsabilidades, con mayor razón si se tratase de la comisión de delitos durante su periodo de funciones, así estos no estén relacionados directamente con las tareas que se les han encomendado.
Lo menos que puede hacer un gobernante, un exgobernante o un potencial dignatario es dar la cara, presentarse ante quien legalmente lo convoque y asumir su defensa hasta que la justicia determine si es o no culpable. Esta actitud será ampliamente valorada por la ciudadanía, ya que demostrará la inocencia del acusado, más allá de la presunción constitucional.
No hacerlo, como diría el expresidente citado al iniciar estas líneas, solo mostraría o confirmaría, aun sin acudir a las instancias judiciales, la culpabilidad de quien no acepta someterse a la ley.
Más allá de que su gestión administrativa hubiese sido buena, incluso reconocida por la ciudadanía, la gravedad de los delitos que se le atribuyen a Morales exige que estos sean investigados y de comprobarse que son ciertos se le sancione como dicta la ley, ni más ni menos, todo en el marco de la ley, como debiera ocurrir con cualquier ciudadano común y corriente.
El pretender encubrir estas denuncias y eludir la investigación y el procedimiento judicial bajo el argumento de persecución política no es más que la forma más burda de aceptar culpabilidad.
Y ya no se trata de esperar que la ciudadanía lo condene con su votación en próximos comicios, ese es otro tema; se trata de defender el imperio de la ley, en igualdad de condiciones para todos. Ya no es un asunto político para buscar esa salida, pues estamos hablando de delitos en contra de menores de edad, y eso aquí en Bolivia o en cualquier parte del planeta es despreciable, la Humanidad hace tiempo ha expresado que ese tipo de crímenes deben ser sancionados de manera ejemplar.
Hay que exigir justicia no solo por quienes fueron víctimas en el pasado, sino también por quienes pueden estar expuestos en el futuro a situaciones similares si no se sienta un justo precedente. No podemos admitir que si las personas en las que confiamos para gobernarnos han incurrido en conductas inadecuadas o incluso han cometido delitos, precisamente gracias a la confianza que les otorgamos, queden impunes por un poder que han adquirido engañando a quienes confiaron en ellos.
No se trata de falsas posiciones moralistas, va mucho más allá. Como exigimos frente a los crímenes de las dictaduras Verdad y Justicia, debemos hacerlo en democracia si los gobernantes han traicionado la confianza que les otorgamos. No hacerlo sería convertirnos en cómplices o cuando menos en encubridores de dichos delitos y eso no podríamos perdonarnos nosotros mismos, ni menos nos lo perdonarían la Historia y las futuras generaciones.
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