Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
El 17 de octubre de 1953 marca un día crucial en la historia de México, país donde la lucha por la igualdad de género ha sido una constante. En esta fecha las mujeres mexicanas obtuvieron el reconocimiento de su derecho al voto, y por extensión la plena igualdad de derechos con los hombres, ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este logro no fue fortuito ni instantáneo, sino que fue el resultado de décadas de lucha encabezada por mujeres activistas y feministas que exigieron su lugar en el espacio político y social, un derecho que les había sido negado durante siglos.
El camino hacia el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México fue largo y arduo. Desde el siglo XIX las ideas de libertad e igualdad se expandieron tras los movimientos de independencia en América Latina, pero los derechos civiles y políticos seguían restringidos para las mujeres. Durante el porfiriato (1876-1911) surgieron las primeras voces femeninas que demandaban igualdad de derechos, inspiradas en las luchas por el sufragio femenino que se desarrollaban en Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, la Revolución mexicana (1910-1920) representó un momento de transformación tanto en la participación de las mujeres en la guerra como en su exigencia de derechos políticos y sociales.
La Constitución de 1917, aunque progresista en muchos aspectos, no incluyó la participación política de las mujeres. Este vacío legal reflejaba las estructuras profundamente patriarcales que subyugaban a las mujeres, manteniéndolas fuera del espacio público y relegándolas al ámbito doméstico. La lucha por el sufragio se intensificó durante la primera mitad del siglo XX con movimientos como el Partido Liberal Constitucionalista y la Liga de Mujeres Revolucionarias, quienes argumentaban que la democracia mexicana no podía ser plena si la mitad de la población quedaba excluida del proceso electoral.
El esfuerzo culminó en la Reforma Constitucional del 17 de octubre de 1953, que modificó el Artículo 34 de la Constitución Mexicana, reconociendo a las mujeres como ciudadanas con plenos derechos. Esta reforma permitió que las mujeres votaran por primera vez en elecciones federales en 1955. La igualdad ante la ley, garantizada por este cambio, abrió el camino para una mayor inclusión femenina en los espacios políticos y sociales, aunque los desafíos hacia una equidad real estaban lejos de terminar.
La participación de mujeres como Amalia Castillo Ledón, Elvia Carrillo Puerto y otras figuras pioneras del feminismo mexicano fue crucial para este avance. La presión ejercida por estos colectivos mostró cómo el género fue históricamente una categoría de exclusión, limitando las oportunidades de las mujeres para ejercer sus derechos y contribuir en la vida política del país. Además, la reforma de 1953 se inscribió en un contexto global de reconocimiento de los derechos de las mujeres tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que proclamaba la igualdad entre todos los seres humanos sin distinción de sexo.
Desde una perspectiva de género es importante analizar los efectos inmediatos y las limitaciones estructurales de la reforma de 1953. Si bien la igualdad formal fue reconocida, las barreras culturales, económicas y políticas persistieron, manteniendo a muchas mujeres fuera del poder político real. Las estructuras patriarcales de la sociedad mexicana seguían operando como obstáculos para que las mujeres accedieran a cargos de elección popular y posiciones de liderazgo.
Por ejemplo, la baja representación política de las mujeres continuó siendo una realidad durante décadas. A pesar de los avances formales las mujeres se enfrentaron a una discriminación sistemática en los partidos políticos, que las marginaban de las listas electorales o las relegaban a posiciones secundarias. Esta dinámica resalta la diferencia entre la igualdad jurídica y la igualdad sustantiva, ya que el acceso de las mujeres al poder político seguía condicionado por normas y expectativas de género que privilegiaban a los hombres.
Además, en la práctica, las mujeres de sectores rurales e indígenas, particularmente las mujeres indígenas y pobres, continuaron enfrentando enormes obstáculos para ejercer plenamente sus derechos políticos. Este análisis interseccional revela que el reconocimiento del sufragio femenino no se distribuyó equitativamente en todas las clases sociales y grupos étnicos, reflejando una desigualdad estructural persistente en el país.
El reconocimiento del voto femenino en 1953 sentó las bases para la progresiva inclusión de las mujeres en el sistema político mexicano, pero fue solo el primer paso. Décadas más tarde México ha avanzado en la paridad de género, especialmente con las reformas de paridad en 2014 y 2019, que establecieron la obligación de que los partidos políticos asignen el 50% de sus candidaturas a mujeres. Estos avances son resultado de la presión constante de los movimientos feministas y de género en el país, que han demandado no solo el derecho a votar, sino el derecho a ser representadas y a ejercer el poder.
No obstante, siguen existiendo retos importantes. La violencia política de género es un fenómeno creciente en México, con mujeres que al aspirar a cargos de poder enfrentan amenazas, intimidaciones y agresiones por parte de actores políticos y criminales. Además, las mujeres aún están subrepresentadas en puestos ejecutivos, como gobernadoras o presidentas municipales, y en las esferas más altas del poder económico.
Sin duda el tener hoy en México una presidenta mujer es un logro que debe ser entendido como el inicio de una lucha más amplia por la igualdad sustantiva y la erradicación de las barreras estructurales que aún hoy enfrentan las mujeres en la política, la economía y la sociedad. La lucha por los derechos de las mujeres sigue siendo un proceso en evolución hacia la verdadera equidad y justicia de género.
* Exasambleísta ecuatoriana.
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