Por La Época -.
Este domingo se celebran las terceras elecciones judiciales en Bolivia y no hay señales de que vayan a superar en resultados de calidad a las dos anteriores, a pesar del carácter parcial que tienen –pues solo en cuatro departamentos serán para la totalidad de las instancias del Órgano Judicial– debido a una sentencia constitucional.
En los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí se procederá a la elecciones de las cuatros instancias del Órgano Judicial: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, mientras en los otros cinco departamentos será de manera parcial.
Si uno se remite a los hechos y no a las declaraciones para lavarse la cara, no debe hacerse mucho esfuerzo para concluir que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) es la mayor, quizá única, responsable de semejante catástrofe. En las elecciones de 2011 y de 2017, a la que hay que sumar ahora el de este 15 de diciembre, se puede identificar que el “pecado original” es la desastrosa preselección de candidatos.
En las dos primeras, no obstante los más de dos tercios con los que contaba el MAS-IPSP, el cuoteo entre los asambleístas impidió que la ciudadanía puede elegir mediante su voto a magistrados y vocales de trayectoria meritocrática. Y en esta tercera elección no solo que se repitió el hecho, sino que las propias elecciones judiciales se retrasaron más de un año debido al boicot de la oposición política, al que ahora hay que sumar a la facción de Evo Morales. Y decimos el mayor pues al Órgano Ejecutivo solo le compete garantizar los recursos económicos para que el Órgano Electoral organice la competencia.
La ALP tenía, por mandato de la CPE, que elegir a los magistrados y vocales del Órgano Judicial en el cuarto trimestre de 2023, los que asumirían sus funciones en el primer día hábil de 2024. Pero eso no ocurrió en la medida que se priorizó la guerra híbrida contra el Gobierno y contra el propio Estado Plurinacional.
Es decir, el bloqueo para impedir que las elecciones judiciales se hagan en su momento es solo una parte del bloqueo económico y político contra los otros órganos de poder y, por tanto, con la manifiesta intención de golpear el Proceso de Cambio.
Por tanto, no es que ha fracasado la elección de los magistrados y vocales mediante voto popular, sino el mecanismo de preselección de los candidatos. Esa es la constante en 2011, 2017 y 2024. Quienes deben rendir cuentas a la población son los senadores y diputados por no hacer bien su trabajo o, digámoslo de otra manera, por haberlo hecho bastante bien al priorizar sus intereses personales en las dos elecciones pasadas y por su abierto afán conspirativo en esta última.
Lo curioso es que el Órgano Ejecutivo no haga nada para evitar cargar con el desastre y con esa actitud valida la narrativa opositora de que es el Gobierno el que nunca quiso elecciones judiciales. Las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo o son administrativas o son muy débiles políticamente.
Concluida la elección parcial de magistrados y vocales, habrá que ver cómo se resuelve la interrogante de cuándo se completa el Órgano Judicial con miembros electos y cómo se combina con las elecciones generales de 2025.
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