Por Walter Marañón Quiñones * .
El acceso al financiamiento es un componente fundamental para el desarrollo económico, especialmente en países en vías de desarrollo, ya que permite impulsar la inversión, fomentar la innovación, modernizar sectores productivos y mejorar la infraestructura, contribuyendo así al crecimiento sostenible y a la mejora del nivel de vida de la población.
El concepto de credit constraints (restricciones crediticias) hace referencia a las limitaciones que enfrentan consumidores y empresas para acceder a financiamiento en los mercados financieros. Estas restricciones pueden deberse a factores como la asimetría de información entre prestamistas y prestatarios, altos costos de transacción, así como a políticas internas o regulaciones que dificultan la emisión de créditos, entre otros.
Desde una perspectiva macroeconómica, estas limitaciones reducen la capacidad de inversión, desaceleran el crecimiento económico y aumentan la vulnerabilidad frente a crisis, debido a que el financiamiento externo no solo resulta esencial para ejecutar proyectos de largo plazo, sino también para gestionar las dificultades económicas, estabilizar los mercados internos y suavizar los ciclos económicos.
En este contexto, Bolivia enfrenta una situación crítica de credit constraints, inducida por la negativa del poder Legislativo a aprobar la contratación de créditos. Esta postura ha generado un clima de incertidumbre que frena la ejecución de proyectos de desarrollo y debilita la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y, como consecuencia, se compromete el acceso a recursos para financiar iniciativas estratégicas en infraestructura, transformación productiva y modernización de la economía.
La disminución de la liquidez resultante limita la capacidad del Estado para responder a desafíos económicos inmediatos, reflejándose esto en una menor ejecución de políticas públicas, una afectación de las reservas internacionales y una presión creciente sobre las finanzas públicas, lo que impacta negativamente al dinamismo económico del país en general.
Es imprescindible reconocer que cualquier plan orientado a estabilizar la economía requiere de una base sólida de financiamiento. El bloqueo legislativo a los créditos, lejos de constituir una medida de control fiscal efectiva, contradice sus propios discursos políticos orientados a la recuperación económica y termina perjudicando directamente a la población, que ya comienza a experimentar los efectos de esta reducción de recursos.
Revertir esta situación exige voluntad política, diálogo constructivo y un enfoque centrado en el bienestar de la población. Es urgente alcanzar consensos que permitan la aprobación de los créditos necesarios bajo principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal, debido a que solo a través de una acción coordinada y estratégica se podrá reactivar la economía boliviana, garantizando un desarrollo sostenible para todas y todos.
* Economista.
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