Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
La violencia política en la era digital se ha intensificado mediante el uso de discursos de odio, particularmente hacia mujeres y disidencias sexuales que incursionan en el ámbito público. Analizaremos cómo la tecnología, lejos de democratizar la participación política, ha profundizado desigualdades estructurales a través de plataformas que permiten la reproducción masiva de violencia simbólica y discursiva.
En el siglo XXI la digitalización de la política ha generado nuevas dinámicas de participación, pero también ha abierto cauces inéditos para la reproducción de la violencia. Las redes sociales y medios digitales, aunque prometen pluralismo y acceso democrático, se han convertido en escenarios de reproducción de discursos de odio, especialmente hacia quienes desafían el orden patriarcal y colonial de la política tradicional: mujeres, personas trans, activistas afrodescendientes e indígenas. La violencia política digital no es solo un fenómeno tecnológico, sino profundamente ideológico y estructural.
La violencia política de género se manifiesta como toda acción que, basada en el género, tenga por objeto menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres o personas con identidades disidentes. En el entorno digital esta violencia se expresa en formas como la difamación, la incitación al odio, el acoso, la exposición de datos personales (doxing), los discursos misóginos y racistas y la deslegitimación de liderazgos femeninos y feministas.
Como afirma la socióloga argentina Rita Segato la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni patológico, sino un dispositivo de poder que busca reinstaurar jerarquías de dominación en momentos en que estas se ven amenazadas. En la política digital esta dominación se expresa en la necesidad de expulsar simbólicamente a las mujeres del espacio público.
En este orden de ideas, la colombiana María Emma Wills ha señalado que las narrativas políticas están históricamente codificadas en masculino y que los cuerpos de las mujeres que irrumpen en el espacio político son percibidos como anomalías. En este contexto el discurso de odio digital actúa como un mecanismo de corrección, una forma de vigilancia social y castigo simbólico.
Las redes sociales funcionan como ágoras contemporáneas, pero también como dispositivos de control. Aunque en teoría permiten la horizontalidad en la comunicación política, en la práctica suelen replicar las lógicas patriarcales del poder. El anonimato, el algoritmo y la viralidad se convierten en herramientas que facilitan el linchamiento digital de lideresas, periodistas, defensoras de Derechos Humanos y candidatas políticas.
La feminista mexicana Lucía Melgar ha denunciado cómo las plataformas digitales no solo permiten, sino que muchas veces incentivan los discursos de odio mediante algoritmos que premian la polarización y la controversia. En sus palabras, “la violencia en línea no es simplemente interpersonal, sino sistémica; está anclada en un modelo económico que se beneficia del escándalo y el hostigamiento”.
A su vez, Alondra Santiago sugiere que las mujeres han resignificado lo digital como un espacio de lucha y de articulación colectiva. Sin embargo, esta reapropiación convive con un contexto de creciente hostilidad y vigilancia digital, donde las denuncias feministas son inmediatamente descalificadas o atacadas.
La violencia digital no solo afecta la integridad psicológica de quienes la reciben, también tiene efectos materiales y políticos. Muchas mujeres optan por la autocensura, la retirada de espacios públicos o la renuncia a candidaturas. El costo de la participación política se vuelve desproporcionadamente alto, reforzando las brechas de representación.
Además, el discurso de odio, al circular masivamente, produce una normalización de la violencia que erosiona los fundamentos mismos de la democracia. El racismo y el sexismo no son errores del sistema, sino condiciones de su funcionamiento. Por tanto, las respuestas no pueden limitarse a la moderación de contenidos o a medidas punitivas, sino que deben partir de un replanteamiento estructural del modo en que se conciben la política, la ciudadanía y los derechos.
La construcción de una política digital feminista implica no solo la protección de lideresas frente al acoso, sino también una transformación del modo en que se concibe el espacio digital. Requiere el diseño de plataformas con enfoque de Derechos Humanos, la regulación ética de los algoritmos, la educación digital crítica y el fortalecimiento de redes de sororidad y acompañamiento.
* Exasambleísta ecuatoriana.
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