Por La Época -.
Llegamos al fin de una semana llena de sucesos aparentemente orientados a socavar el normal desenvolvimiento del calendario electoral, cuya fecha clave son las Elecciones Generales del domingo 17 de agosto, donde, entre otros cargos, la ciudadanía elegirá al próximo presidente y vicepresidente que timoneará el país entre 2025 y 2030.
Aquel calendario, elaborado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue consensuado y socializado con los candidatos, dirigentes, partidos, movimientos y alianzas políticas en la “Cumbre por la Democracia” del pasado lunes 17 de febrero, convocada por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Originalmente comprende más de 60 actividades entre empadronamiento, inscripción de candidatos, selección de jurados de mesas, etcétera.
Entre las actividades que captaban la mayor atención de la población estaba la inscripción de los binomios entre los días 14 y 19 de mayo. Como es sabido, como efecto de ese proceso se han presentado una serie de asuntos que han llevado a la inhabilitación de algunos partidos, candidatos, entre otros, siendo el más emblemático el del expresidente Evo Morales, quien además de contar con del TCP que le son adversos en la materia, tampoco logró ser inscrito al no contar con sigla que lo respaldara, pese a lo cual insiste en su postulación “por las buenas o por las malas”, como ha dicho más de una vez.
La escalada violentista del evismo es palpable, y refugiada en el falso eslogan de la “crisis económica” impulsan movilizaciones cuyo fin no es otro que la renuncia del presidente Arce, lo que en otras palabras significa: una violación a la Constitución y la consolidación de un golpe de Estado. ¿Qué pasaría de cumplirse ese objetivo? Es todo un misterio.
Pero, resulta aún más asombroso y hasta cierto punto inaceptable que un diputado como Héctor Arce –cuyo salario es pagado por la población–, y luego sus partidarios, se tomen la atribución de llamar a puntos de prensa para proferir sendas amenazas contra autoridades de la Policía y del OEP, amedrentándolos al darles a conocer que saben quiénes son sus familiares, dónde viven y que algo pudiera ocurrirles en caso que Morales no vaya en la papeleta.
Entonces nos preguntamos, ¿ese solo hecho no es suficiente para desaforar al parlamentario y someterlo a la justicia para que enfrente cargos por amenazas públicas a autoridades y sus familias? ¿Cuál es el límite de impunidad que pueden gozar políticos como Héctor Arce?
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a la cabeza del ahora posible candidato Andrónico Rodríguez, dedicó no poco tiempo de su labor a boicotear la gestión del Ejecutivo, llegando a establecer un acuerdo firmado –que recorrió los medios de comunicación– entre extrema derecha y el evismo y androniquismo. Con posterioridad el Órgano Judicial, por medio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), no pocas veces actuó arbitrariamente y hoy rebasa sus funciones para intentar pasarle por arriba al OEP en lo concerniente a las Elecciones Generales. Y, ahora, vemos parlamentarios llamando a concretar golpes de Estado, interrumpir las elecciones y amenazar a todo el que se le cruce por delante. Mientras la ciudadanía mira absorta el oscuro escenario político y cómo el sistema democrático corre el riesgo real de ser sepultado.
¿En algún momento los actores mencionados se harán responsables ante la población por su actuar desvergonzado e irresponsable? ¿Están conscientes de su contribución al deterioro de la institucionalidad?
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