Como han señalado diversos autores el ejercicio de la democracia no se reduce a las prácticas electorales. No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres. Con la consolidación de la democracia se ha registrado una expansión espectacular del fenómeno electoral, que hoy tiene amplias manifestaciones en gran parte de las naciones. Podemos apreciar claramente un proceso en el que lo electoral ha ocupado una parte importante del espacio de lo político, dando lugar a que en muchos países los comicios sean, para la mayoría de los ciudadanos, la forma privilegiada de relacionarse con la política.
La función de los procesos electorales, como fuente de legitimidad de los gobiernos que son producto de ellos, ha crecido en los ámbitos nacional e internacional. En los años recientes se ha manifestado el reconocimiento mundial a las transformaciones políticas de algunas naciones en las que los procesos electorales han jugado un papel relevante. En contraparte, se muestra el rechazo a los cambios políticos logrados por medios no institucionales como los golpes de Estado, en los que la violencia ocupa un lugar central.
En tanto que las elecciones son la forma legal por antonomasia para dirimir y disputar lo político en las modernas sociedades de masas, el fenómeno electoral adquiere una relevancia y una complejidad crecientes que han captado la atención de políticos e intelectuales que reconocen la necesidad de especializarse para enfrentar con eficacia la práctica o el análisis electorales. Esta complejidad ha implicado que en ocasiones los procesos y los sistemas electorales sean percibidos como relativamente distantes por el ciudadano común. Aun cuando la información y el conocimiento de lo electoral, no solo por parte de los especialistas, sino también de los ciudadanos, es una condición indispensable para la consolidación democrática.
La democracia en Bolivia
Tras la noche negra de las dictaduras militares y la movilización del pueblo, en octubre de 1982 se retomó el funcionamiento democrático bajo el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP). Desde entonces en 10 ocasiones el pueblo ha acudido a las urnas a depositar su voto para elegir a sus gobernantes. Más allá de los resultados de todas y cada una de esas contiendas electorales y del significado que tuvieron en la política, la economía y la sociedad, con excepción del golpe de noviembre de 2019 el sistema democrático transcurrió en el tiempo, sin mayores novedades, dentro de la normalidad formal, es decir, llevando adelante elecciones nacionales periódicas obligatorias para elegir presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados.
Por primera vez en la historia republicana el país había logrado consolidar un sistema que por un período de cuatro décadas se había sostenido, mostrando en la realización de las elecciones la prueba de que Bolivia vivía en democracia. Pese a que se pueda cuestionar que esta formalidad sea considerada como la misma democracia, es evidente que tanto para el ciudadano, cuanto para las instituciones nacionales, los partidos políticos y la comunidad internacional, el voto ciudadano es sinónimo de democracia.
El proceso electoral 2025
En cumplimiento del mandato constitucional, el período de funciones del Presidente, Vicepresidente, senadores y diputados es de cinco años. El actual período de gobierno se inició en noviembre de 2020 y este año, el mismo mes de noviembre, deberán asumir funciones los nuevos mandatarios, junto a senadores y diputados.
Para ello, el 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mediante Resolución 202/2025, convocó a elecciones generales para el domingo 17 de agosto de 2025, con la previsión de una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato obtuviese el triunfo en la primera vuelta y pueda producirse el cambio de mando el 8 de noviembre de este mismo año.
El calendario electoral está en marcha. Con muchos contratiempos y muchos inconvenientes, producto de incongruencias normativas, particularmente en la relación entre los órganos Electoral y Judicial, donde se han producido de parte de este último varias acciones que vulneran el mandato constitucional de la independencia y autonomía de cada uno de los órganos del Estado.
Se arrastra desde las elecciones judiciales realizadas el pasado año negativos antecedentes sobre la intromisión del Órgano Judicial, particularmente del Tribunal Constitucional, en temas estrictamente electorales, desconociendo principios fundamentales del sistema electoral como el de la preclusión.
Esta actitud de incertidumbre, debilidad y subordinación de facto de un órgano a otro ha generado, asimismo, una serie de nuevos problemas, nunca antes vistos, como las impugnaciones de parte de ciudadanos a la personería de agrupaciones políticas y la consiguiente intromisión reiterada del Órgano Judicial en temas electorales, así como el mercado ilegal de siglas de partidos que ha dado a lugar no solo a la desinstitucionalización del sistema político y, a partir de estos hechos, la generación de movilizaciones, protestas, amenazas de desestabilización y otros hechos violentos.
Si no habilitan a Evo no habrán elecciones
Los dirigentes de las federaciones del Trópico de Cochabamba habían advertido que no habrían elecciones para el 17 de agosto si es que Evo Morales no participa como candidato.
“Cuidado que intente especialmente el Órgano Electoral de querer buscar algún mecanismo sucio para tratar de inhabilitar. No vamos a permitir, estamos siendo muy claros: no se va a llevar las elecciones sin el candidato del pueblo (…) No busquen ni un mecanismo sucio, sabemos perfectamente que ustedes operan con el Gobierno y, recalco una vez más, no va a haber elecciones sin nuestro candidato único que es nuestro hermano Evo Morales Ayma”, manifestó el dirigente Vicente Choque.
Estas declaraciones son apenas una muestra de muchas otras, en el mismo sentido, de distintos dirigentes no solo del trópico cochabambino, sino de otros sectores del país y durante esta última semana se han traducido en acciones violentas en la ciudad de La Paz, principalmente en inmediaciones de las oficinas del TSE, en la zona de Sopocachi, y en otras acciones como vigilias y cortes de carreteras en otras regiones del país.
Y si no hay elecciones, ¿qué?
¿Cuáles son los riesgos más evidentes para que las elecciones nacionales del 17 de agosto pudieran no realizarse? Al parecer son básicamente dos.
Por una parte, un clima conspirativo, de desestabilización y de incremento de la violencia a partir del accionar de los adherentes a un candidato que no logró inscribir su postulación en el plazo establecido por el Órgano Electoral debido a la carencia de una sigla, es decir, de un partido que lo acoja en su seno y lo proponga como candidato.
Por otra parte, la incertidumbre generada por la aceptación de una serie de recursos y demandas presentadas en contra de cuando menos un 80% de las agrupaciones políticas inicialmente avaladas por el TSE y, luego, tras resoluciones judiciales, suspendidas de la carrera electoral. Es decir, la abierta intromisión del Órgano Judicial en cuestiones estrictamente electorales.
Por un lado, la posibilidad real de un clima de violencia que se incrementa paulatinamente, que impida una campaña electoral amplia y garantizada, en igualdad de condiciones para todos los candidatos y partidos, puede llevar a la imposibilidad de que las elecciones se lleven a cabo en la fecha prevista. Asimismo, no parece tan descabellado que los jueces constitucionales en cualquier momento, ya sea a través de medidas cautelares o de resoluciones expresas, dejen en suspenso la realización de las elecciones o suspendan o inhabiliten, en cualquier estado del cronograma electoral, a uno o varios candidatos o partidos, dejando en vilo los comicios.
Por supuesto que estamos hablando de posibilidades; pero posibilidades reales sobre la base de los que está sucediendo en las últimas semanas.
Si la situación se presentara así, ¿qué sucedería?
¿Se postergarían las elecciones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes, tres meses, un año?
¿Y, entretanto, una vez cumplido el período constitucional de las actuales autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo qué debieran hacer estos? ¿Irse a sus casas? ¿Dejar un vacío de gobierno? ¿Es posible esto? Pareciera que no, como tampoco lo es el pensar en ninguna sucesión “constitucional” al estilo del golpe de 2019, ya que todos los posibles sucesores constitucionales cumplen su período en la misma fecha.
Se podría pensar en una ley especial de prórroga del mandato o de las autoridades del Ejecutivo. Pero, ¿eso solucionaría de alguna manera la crisis generada a partir de la suspensión de las elecciones? Seguramente hay muchas dudas al respecto, pero es una posibilidad. O tal vez dejando solo a los legisladores se pensaría en abrir la sucesión constitucional, convocando al presidente del Senado o, finalmente, al de diputados, para un gobierno de transición hacia unas nuevas elecciones. ¿Cualquiera de estas formas, con las mismas debilidades en el trabajo Legislativo y con todos los problemas dentro del Órgano Judicial, podría gestionar adecuadamente la administración del Estado? Parece algo difícil, sobre todo si tomamos en cuenta que un gobierno constituido, elegido con el 55% de la votación, no lo ha logrado.
Queda la salida por el desastre. Es decir, que ante la imposibilidad de un acuerdo entre civiles surja un “salvador de la patria” que a título de defensa de la soberanía y la integridad de la patria pretenda constituir un gobierno militar o cívico-militar, cierre el Legislativo, cese a las autoridades judiciales y convoque a nuevas elecciones nacionales bajo condiciones muy distintas.
Esto ya sucedió antes, y no solo en Bolivia. Aunque no debiera sorprendernos esa posibilidad, no debiera darse de ninguna manera, pues no solo sería romper con un sistema democrático que aunque imperfecto es lo mejor que tiene el pueblo.
Aunque los recientes hechos de violencia y de desestabilización parecen apuntar a una salida muy parecida a esta última.
El mensaje pareciera decir: “si no voy a ser yo quien gobierne, que el país y la democracia se vayan por al despeñadero” (para decirlo en palabras suaves que probablemente no sean las que utilizarían quienes se consideran los llamados por las divinidades para gobernar Bolivia). Aunque también es muy cierto que en gran parte de lo que podría ocurrir habrá una responsabilidad compartida de la dirigencia política y social y la Historia y el pueblo boliviano lo juzgarán y castigarán cuándo y cómo corresponda.
* Por Diego Portal
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