La inédita historia de una segunda vuelta electoral en Bolivia se ha visto matizada, de manera entretenida, por una amplia polémica que debió tener otro escenario y otros actores, pero que de alguna forma tenía que decantarse. Estamos refiriéndonos a los debates electorales que, debido a un tratamiento poco serio y menos imparcial de parte de las autoridades electorales, ha dejado la puerta abierta a que cualquier organización o medio de comunicación convoque a debatir a los candidatos sin que nada ni nadie ponga cuando menos las reglas básicas para el desarrollo de estas actividades de información electoral.
Desde luego que la ausencia de una norma que obligue a los candidatos a participar de los debates, considerando que este debiera ser un elemento fundamental de obligatoriedad para todos a fin de que el ciudadano elector tenga la información suficiente, oportuna y sin intermediarios, para poder emitir un voto consciente e informado. Así como tiene la obligación de votar, debiera también tener el derecho de recibir esa información. Ese sería un equilibrio básico en el juego democrático electoral.
Sin embargo, los candidatos, casi siempre, se han sentido incómodos con participar de estos eventos, y con diferentes argumentos, cuando les fue posible, los evitaron, dejando un vacío difícil de llenar con los mensajes de campaña o con la cobertura de los medios.
Los dueños de la verdad
Históricamente el sistema electoral boliviano ha carecido de una tradición consolidada de debates presidenciales abiertos al público en general. Sin embargo, desde 2010, aproximadamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pretendió entregar esta responsabilidad a organizaciones cuya imparcialidad podría ser puesta en tela de juicio y, por tanto, generar situaciones de desconfianza en los candidatos y en el propio electorado.
Entre estas, una organización que trató de apropiarse de los debates, con el consentimiento del Órgano Electoral, ha sido la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, entidad que representa a quienes tienen el poder económico en el país, pero que, en el mejor de los casos, no representan ni al 1% del electorado.
Esta organización, junto a medios de comunicación afines a su línea ideológica, han monopolizado en estos años dichos eventos, aun cuando no hayan logrado constituirse en referentes serios del “voto informado” que suelen pregonar.
Es obvio que responde a intereses muy claramente definidos y, junto a ellos, sus moderadores han logrado llevar al electorado shows, espectáculos televisivos, en los cuales podía advertirse sin ser demasiado acucioso una clara y evidente manipulación.
¿Qué es un debate electoral?
¿Qué debiéramos entender como un debate electoral?
De manera sencilla podríamos señalar que se trata de un evento en el que los candidatos presentan sus posiciones sobre varios temas de inquietud ciudadana y sus propuestas de gobierno, para luego entre los candidatos debatir sobre esas propuestas, preguntando y contrapreguntando de tal manera que, aunque con seguridad casi nunca se pondrán de acuerdo, brindar al elector contar con los elementos necesarios en diferentes campos antes de decidir su voto.
Un error reiterado se presenta al confundir una entrevista múltiple, en las que participan varios entrevistados, los candidatos, de manera simultánea, por una parte; y por la otra, un par o varios entrevistadores. En este modelo de entrevista colectiva nunca se da paso a un verdadero debate entre los candidatos, sino más bien son los entrevistadores quienes monopolizan el espectáculo cargando conscientemente o no la atención sobre alguno de ellos, siendo muy condescendientes con otros y muy agudos y críticos con otros, seguramente dependiendo de las preferencias personales de los entrevistadores y, quién sabe, siguiendo instrucciones de alguien más.
Mientras realmente no se llegue a un debate de propuestas entre los actores principales y sean los entrevistadores quienes lleven el ritmo, con seguridad que no estaremos hablando de un debate, sino de una entrevista colectiva o de un reallity show político.
¿Cómo y porqué se eligen los medios televisivos para el debate?
Durante la campaña electoral correspondiente a la primera vuelta fueron tres medios los que tuvieron a su cargo producir y difundir los debates. Red Uno y Unitel jugaron como titulares y RTP, desde el banquillo de los suplentes, salvó el último debate ante la negativa de los primeros de realizar el evento por la ausencia de sus estrellas.
Recordemos que Jorge Tuto Quiroga se negó a asistir a ese último debate, lo que ocasionó un desbande de varios otros candidatos supuestamente “importantes” dejando a tres de ellos, a quienes se consideraban entonces marginales, a participar del debate en RTP. No olvidar que uno de ellos resultó el ganador de la primera vuelta.
Vamos a suponer que el criterio que tiene el TSE para dar la exclusividad de este espectáculo a esas dos redes televisivas se sustenta en la audiencia que pudieran tener, algo que hasta donde se conoce no está respaldado por ninguna información válida, menos verificable. Ambos, ni por separado ni juntos, podrían afirmar que tienen la mayor cobertura en todo el territorio nacional. Entonces ¿qué otro criterio podría ser el que llevó a las autoridades electorales por otorgar a ambas empresas esta preferencia?
Podemos también suponer algunas otras razones. Red Uno y Unitel pertenecen a grupos económicos no solo fuertemente vinculados al poder empresarial cruceño, es decir son parte de un poder fáctico real y que evidentemente juega un papel importante en la política nacional. Ambos también están relacionados con intereses financieros importantes, como el Banco Económico y el Banco Ganadero, y sus principales accionistas, Kuljis y Monasterio, tuvieron una activa participación en la política nacional en períodos neoliberales en expresiones política precisamente de la derecha. ¿Será esta una de las razones, sino la más importante, del por qué estas redes gozan de ese privilegio?
Entonces, inocentemente, podríamos preguntarnos por qué razón no se hacen estos programas desde el canal estatal. Este tiene la mayor cobertura del territorio nacional, fácilmente verificable e incluso llega a audiencias fuera del territorio nacional, particularmente a comunidades bolivianas en el extranjero.
Al tratarse de un canal estatal con seguridad sus costos de producción serían menores y con relación a la audiencia no habría mucho que preocuparse, porque con en un programa de esta naturaleza la atención mayoritaria se volcaría a este canal.
La señal que levante el canal estatal de estos debates podría ponerse a disposición de manera libre, es decir, sin sellos del canal, para que cualquier otro medio nacional, local o internacional, pueda bajarla y retransmitirla, sin ningún costo ni pago a la estación televisiva generadora de la señal.
Obviamente, no debe ser negocio para quienes toman esas decisiones. Otra explicación no se encuentra.
Pluralidad e imparcialidad
El pedido de uno de los candidatos a la vicepresidencia en sentido de que el debate programado para este domingo debiera tener pluralidad e imparcialidad es justo y oportuno. Los dos medios elegidos por las autoridades electorales se han identificado claramente con uno de los candidatos, de modo que han perdido cualquier posibilidad de ser considerados imparciales. Ellos tomaron partido por un candidato y si bien están en su derecho, porque dicho candidato representa mejor que el otro sus intereses particulares, debieran tener la decencia y la ética de no acaparar, con complicidad de ciertas autoridades electorales, la exclusividad del show.
También es legítimo que se pida pluralidad. Los moderadores de estos eventos, y si se pudiera igual los periodistas que elaboran las preguntas, debieran representar a diversos medios y a diferentes sectores de la sociedad, del electorado, y así transmitir las preocupaciones de esos sectores sobre los temas de interés que no son necesariamente los de los grupos empresariales que han copado mediáticamente la información electoral.
Otro tema que podría parecer poco importante, pero que marca una tendencia política, es el lugar donde se llevan a cabo los debates. Hasta ahora ha sido, y al parecer seguirá siendo, Santa Cruz la base de operaciones de estos eventos. ¿Por qué no La Paz, Cochabamba, Sucre, Cobija o Tarija? ¿Será que Santa Cruz representa, al igual que los canales, ya una posición ideológica, política y económica vinculada estrechamente con los intereses de su candidato?
La desigualdad informativa
Uno de los candidatos, en una entrevista en la Red Unitel, puso en apuros a la presentadora entrevistadora al reclamar por qué no había equilibrio en la cobertura informativa de las dos candidaturas, pues mientras a una se le daba una amplia cobertura favorable, se sostenía un ataque sistemático en contra de la otra. Y en un tema puntual, referido a los tuits de uno de los candidatos, en los cuales destilaba un racismo extremo, publicaciones verificadas por empresa y organizaciones serias y confiables, aunque el autor y su acompañante hubiesen tratado de mostrar como falsas, la mayor parte de los medios que conforman la corporación empresarial mediática no solo trató, sino que los ignoró e invisibilizó en lugar de buscar establecer la verdad acerca de esas publicaciones racistas y delincuenciales.
Todos estos medios se han puesto al servicio de la guerra sucia a favor de uno de los candidatos, mostrando un total desequilibrio en la información y una total falta de ética y respeto por el ciudadano.
Todo parece indicar que no hay forma, por lo menos por ahora, de que alguien le ponga el cascabel al gato. El candidato de la más rancia derecha, el favorito de los poderes económicos que destruyen la patria, de los agro negociantes, de los banqueros, aquellos que quiebran impunemente bancos y que incrementan sus utilidades a costa del sacrificio del pueblo, de los cooperativistas mineros que depredan y contaminan nuestro territorio, también se ha apropiado de los mensajes de los denominados “grandes medios”, y todo ello con la mirada permisiva de quienes debieran precisamente cortar este tipo de situaciones para garantizar unas elecciones libres y transparentes. No resulta temerario pensar que detrás de todo este escenario se está armando una trama de ilegalidad que posibilite un triunfo fraudulento de su candidato.
Que los debates son necesarios, claro que sí, pero no así. Mientras no se cuente con reglas claras, justas e iguales para todos y mientras los árbitros aparezcan jugando solapadamente a favor de uno de los candidatos lo mejor será evitar este tipo de shows en los cuales como en todos los espectáculos televisivos todo está hecho para persuadir al público de actuar de una determinada manera, en este caso para pretender dirigir el voto ciudadano hacia un determinado candidato.
Entre tanto será mejor que, como antes, los candidatos dejen las luces de los estudios televisivos, de los spots pagados y vuelvan a las calles, a los pueblos, a las comunidades, a hablar con la gente, cara a cara, a explicarles sus planes de gobierno y a conocer sus necesidades.
- por Diego Portal
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