
Según un reporte institucional del Ministerio de Defensa (MINDEF), el Gobierno y representantes del transporte lograron acuerdos «en beneficio de la población».
Indican que tras más de 5 horas de diálogo directo y «responsable», se alcanzó un acuerdo con representantes del sector transporte de los nueve departamentos del país, reunidos en la Casa Grande del Pueblo.
En la reunión participaron autoridades de los Ministerios de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; Economía y Finanzas Públicas; Hidrocarburos, junto a viceministros y autoridades regulatorias, además de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, en representación nacional del sector transporte.
Como resultado del diálogo, se acordaron acciones inmediatas y verificables orientadas a «garantizar la estabilidad, la libre transitabilidad y la continuidad del servicio de transporte en todo el país».
Básicamente, los principales (los publicados) acuerdos alcanzados fueron los siguientes:
– Desde este lunes, el Gobierno convocará a alcaldes y gobernadores para establecer, junto al sector transporte, criterios sobre las tarifas del transporte urbano e interdepartamental.
– En la misma fecha, la ATT iniciará el proceso de diálogo técnico para definir nuevas tarifas del transporte interdepartamental, considerando criterios de nivelación y sostenibilidad.
– El Ministerio de Economía enviará a la Asamblea un proyecto de ley para abrogar la disposición adicional tercera de la Ley 317, eliminando el tratamiento discriminatorio del esquema 70/30.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energía iniciará el proceso de descentralización de la entidad ejecutora de conversión a GNV, y se incorporarán propuestas de conversión a vehículos eléctricos dentro del marco de la Ley Verde.
En el análisis de este discurso salta a la vista que ninguno de estos «acuerdos» ayudan en nada a la principal preocupación popular: la subida indiscriminada de precios en todos los servicios y productos imaginables y la fuerte debilitación del poder adquisitivo, ya de por sí mermado, de la población general.
También se acordó «la conformación inmediata de Comisiones de Trabajo, que deberán instalarse en un plazo máximo de 72 horas, para la reglamentación, ejecución y seguimiento de las disposiciones del Decreto Supremo N° 5503, en las siguientes áreas:
– Financiera y Tributaria: diferimiento de créditos, saneamiento de deudas tributarias y diseño de créditos blandos para reconversión a GNV.
– Aduanas, Insumos y Logística: arancel cero para importación de repuestos, llantas y motores; facilidades aduaneras; venta directa de aceites y lubricantes.
– Operatividad, Seguros y Tarifas: supervisión del abastecimiento de combustible, revisión del SOAT y estudios técnicos para la nivelación de tarifas.
La problemática del transporte pesado será tratada en una comisión especial con el Viceministerio de Transporte.
Asimismo, se estableció una Mesa Permanente de Diálogo y Seguimiento, que se reunirá de manera mensual para evaluar avances y cumplimiento de los acuerdos.»
El sector transportista firmó el acuerdo, por lo tanto, no habría paros ni bloqueos (lo cual es medianamente satisfactorio al quitar inconvenientes de traslado, aunque los precios y la dificultad para adquirir productos básicos se mantiene igual).
Acostumbrados a los ‘tejes y manejes’ de la política boliviana, a la costumbre prebendal y al olvido de las verdaderas demandas populares, la gente ahora se pregunta qué ganarán los choferes, tan poco inclinados a la empatía real con la población de «a pie», que con tan poca resistencia cedieron ante las promesas cantinflescas del gobierno.


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